A vueltas con la Administración Local

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En España, lo público está bajo lupa. La crisis ha colocado la gestión de estos recursos de todos en el punto de mira. El contexto económico protagonizado por los duros recortes que los ciudadanos han vivido en primera persona ha coincidido con un momento institucional en el que los casos de corrupción han marcado récord en nuestra historia reciente. Este cóctel ha llevado a máximos la desafección ciudadana por la política y, sobre todo, ha situado en el foco a unas administraciones a las que se les exige que manejen los dineros de manera seria y eficiente.

En este nuevo contexto a quien se mira con lupa es a la Administración Local. Como en otros países de nuestro entorno, en España hace años que existe un debate sobre el mapa institucional, sobre la prestación de los servicios públicos y sobre la necesidad de acometer reformas que garanticen la autonomía de los municipios, pero, al mismo tiempo, la sostenibilidad financiera y la calidad de los servicios públicos. En el post de hoy vamos a analizar si España necesita los 8.117 municipios que tiene.

Empecemos por las cifras. Como se decía en España hay 8,.117 municipios, de los cuales, 5.700 no llegan a 2.000 habitantes y 4.867 ni siquiera alcanzan los 1.000. A esta cifra hay que sumar 3.725 entidades locales menores (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, concejos o pedanías). Este mapa se completa con 38 diputaciones provinciales de régimen común, siete cabildos insulares y cuatro consejos insulares. ¿Son muchos, pocos? ¿Hay que reducir?

La respuesta es que no es necesario. A priori, el número de municipios que hay en España no es ni alto ni bajo; no supone un problema ni una ventaja si lo comparamos con otros países. ¿Ejemplos? Francia tiene 36.680 municipios, Alemania 12.066, Reino Unido 10.310, e Italia 8.094. Es decir, la cantidad es la correcta si se tiene en cuenta la población española. Además esta cifra de más de 8.000 responde a múltiples factores como la geografía, la historia o la cultura entre otros. Esto implica que existan muchos lugares con poblaciones menores de 1.000 personas que necesitan servicios públicos igual que las poblaciones con más mayor densidad de habitantes.

Esta característica de España sí que supone un problema. El Gobierno sostiene que el gasto que suponen los servicios públicos es cuatro veces mayor en los municipios de menos de 5.000 habitantes que en los de más de 100.000. Es más, se cifra que el coste por ciudadano en los pueblos con menos de 5.000 personas es de 2.613 euros, mientras que en los de más de 100.000 es de 652 euros. Por tanto, la tesis de centralizar y reducir el número de municipios implicaría sin duda importantes ahorros. A pesar de ello, parece que la futura reforma de las Administraciones Públicas no irá en esa línea por un motivo fundamental: respetar la disparidad geográfica de un país que impide que cualquier reforma se desarrolla de forma lineal en toda España.

Por tanto, la solución para disminuir el gasto en la Administración Local debe pasar por la cooperación entre Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas para ayudarse a la hora de prestar los servicios a los ciudadanos. Hasta ahora el resultado obtenido es que estos trabajos municipales se han venido realizando de manera ineficiente, generando confusión, solapamiento y duplicidades que han provocado ineficiencias y la imposibilidad de contar con una Administración Local sostenible.

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