Recuerdo los tiempos en que el agua era uno de los servicios típicos “municipalizados” de los Ayuntamientos, es decir, gestionados directamente por estos para satisfacer las necesidades de los vecinos.
En un libro clásico, el dedicado precisamente a las municipalizaciones, escrito por José Gascón y Marín y publicado a principios del siglo XX, por tanto en su época sevillana, se aborda este asunto y hay un capitulillo dedicado al agua. Es un libro el de Gascón que se anticipó a su tiempo pues estas figuras de gestión estaban entonces en sus balbuceos y él acierta a contar las experiencias municipalizadoras europeas con bastante precisión. Este libro y el de las mancomunidades provinciales fueron los mejores de la literatura jurídica de Gascón, muy plúmbea en general.
Tiempos idos. En la actualidad, casi la mitad de los municipios españoles ha privatizado el servicio del agua. Dos grandes empresas, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Aguas de Barcelona (Agbar), controlan la gestión del agua en más de dos mil municipios con una población usuaria de alrededor de veintiséis millones de habitantes. Como se ve, unas fuerzas duopolísticas de especial poderío económico e implantación social que tienen una competencia en el mercado más virtual que real.
Los Ayuntamientos recaudan a través de tasas y cánones y las compañías que ganan los concursos se quedan con el negocio por plazos que oscilan entre los veinte y los treinta años. Se trata de un mecanismo que está estrechamente emparentado con la situación financiera de los Ayuntamientos, ahora más delicada que nunca por el recorte abrupto procedente de los ingresos urbanísticos y por la imposibilidad de recurrir a nuevos endeudamientos.
A mayor crisis, más privatización, sería el resumen. Y ello porque el Ayuntamiento obtiene de estas operaciones beneficios tangibles, situación que saben aprovechar los grupos privados.
De resultas de ellas será inevitable que el precio del agua suba sensiblemente en España. No hay más que ver los artículos que se publican en la prensa especializada, muchos financiados por los empresarios, para ir caldeando el ambiente y proceder en un futuro inmediato a “reajustes tarifarios que nos acerquen a Europa”. Hay muchas subvenciones al sector que se verán recortadas con motivo de la crisis y todo lo que se disminuya en este epígrafe será necesario compensarlo por la vía del bolsillo de los usuarios/contribuyentes quienes asumirán los nuevos costes recurriendo a sus bolsillos.
La moda privatizadora se extiende asimismo al ámbito de la gestión de todas aquellas obras de saneamiento y depuración que llevan a cabo las Comunidades autónomas por imposición de las normas europeas que, a su vez, exhiben, junto al palo de las multas, la zanahoria de los fondos europeos para aquellas entidades y Administraciones que cumplan sus obligaciones.
Asturias y Aragón son dos ejemplos de Comunidades autónomas cuyas políticas están circulando en esta dirección.
¿Es todo esto bueno o malo? Es … simplemente el signo de los tiempos. Lo único que se puede pedir a unas Administraciones, cada vez más débiles y más tributarias de los empresarios privados, es la mayor transparencia en su gestión tanto a la hora de la convocatoria de los concursos como en el ejercicio de su política tarifaria y, en general, en sus relaciones con los socios privados.
Aun a sabiendas de que grandes cambios se aproximan por el horizonte conformando una silueta inquietante.
