Algunos datos sobre los vituperados funcionarios

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Algunos datos sobre los vituperados funcionariosLa verdad que ya llevaba algún tiempo pensando en calcular las diferencias entre el aumento del coste de la vida y los incrementos experimentados por las retribuciones de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y sujetos, en consecuencia, a las previsiones de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

Pero bueno, dado que dicho trabajo me lo ha remitido, casualmente, Agustín Berrocal Hernández, compañero de la VII promoción de Secretaría de Entrada, si bien desconozco si la autoría se le debe atribuir a él o a José Manuel Martínez Fernández, Oficial Mayor del Ayuntamiento de León, pero creo cumplir con el deber de mencionar las fuentes utilizadas remitiéndome a ambos, me haré eco de su trabajo.

Por mi parte me he permitido añadir los datos de los años 2008 y 2009, si bien los datos de éste último se refieren al mes de octubre, último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Los desalentadores, para unos, o sorprendentes, para otros, datos arrojan los siguientes resultados:  

 
AÑO    I.P.C.    INCREMENTO    DIFERENCIA    AÑO    I.P.C.    INCREMENTO    DIFERENCIA
                              SALARIAL           PÉRDIDA                                     SALARIAL            PÉRDIDA
       
1982    14,00%      8,00%                -6,00%         1996    3,50%         3,50%                   0,00%
1983    12,20%      9,00%                -3,20%         1997    2,10%         0,00%                  -2,10%
1984    11,90%      6,50%                -5,40%         1998    2,10%         2,10%                   0,00%
1985      8,20%      6,50%                -1,70%         1999    2,40%         1,80%                  -0,60%
1986      8,30%      7,20%                -1,10%         2000    4,00%         2,00%                  -2,00%
1987      4,60%      5,00%                 0,40%         2001    3,10%         2,00%                  -1,10%
1988      5,80%      4,00%                -1,80%         2002    4,00%         2,00%                  -2,00%
1989      6,90%      4,00%                -2,90%         2003    2,60%         2,00%                  -0,60%
1990      6,50%      6,00%                -0,50%         2004    3,20%         2,00%                  -1,20%
1991      5,50%      7,22%                 1,72%         2005    3,70%         2,00%                  -1,70%
1992      5,30%      6,10%                 0,80%         2006    2,70%         2,00%                  -0,70%
1993      4,90%      1,80%                -3,10%         2007    4,20%         2,00%                  -2,20%
1994      4,30%      0,00%                -4,30%         2008    1,40%         2,00%                   0,60%
1995      4,30%      3,50%                -0,80%         2009    0,30%         2,00%                   1,70%

                                                     Pérdida Acumulada Período 1982/Octubre 2009    -39,78%

Por otra parte, me gustaría referirme a una carta al director publicada en el diario “El País” el pasado 14 de noviembre de 2009, titulada “El sector público” y suscrita por D. Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra, en la que sale al paso del artículo publicado en el mismo diario el 8 de noviembre de 2009 titulado “El funcionario sale caro” que se basa en un informe de la EAE Business School y en la que, de forma sucinta, ofrece algunos datos para rebatir varias aseveraciones erróneas vertidas en él, que en mi opinión son muy atinadas, aunque soy consciente de que se me acusará de subjetivo dada mi condición de funcionario.

El profesor D. Vicenç Navarro, tras afirmar que «no toda persona empleada en el sector público en España es funcionaria, por lo que «empleo público y funcionariado no son lo mismo»; aporta una serie de datos, de entre los cuales son de destacar el que «no es cierto que el empleo público esté sobredimensionado en España. En realidad, el porcentaje de la población adulta que trabaja en el sector público es el más bajo (junto con Irlanda) de la UE-15» y que «tampoco es cierto que "a mayor empleo público en una población, menor riqueza se genera y menos nivel de vida tienen sus habitantes". En España es lógico que en las comunidades autónomas más pobres, que tienen menos gente trabajando, el empleo en los servicios del sector público represente un porcentaje mayor del empleo total que en las comunidades más ricas. Atribuir la pobreza de las comunidades al empleo público es de escaso rigor. En realidad, a nivel europeo, países con elevado empleo público, como Suecia (donde el porcentaje de población adulta trabajando en el sector público es el 21%), tienen un mayor nivel de vida y mayor competitividad que países como España, donde tal porcentaje es sólo un 9%».

Nuevamente nos encontramos con la, por desgracia, cada vez más arraigada práctica de culpar a los funcionarios públicos de los males que sufre nuestra economía. Práctica que, por otra parte, cala con demasiada facilidad en la opinión pública, sobre todo como consecuencia de estudios o afirmaciones poco serias y basadas en datos abstractos y sesgados, como el caso del artículo al que salía al paso el profesor Navarro, que bajo el título de “el funcionario sale caro”, título absolutamente tergiversador de la realidad, incluye en el ámbito de tan torcitera afirmación a cualquier clase de personal que cobre sus emolumentos con cargo a algún presupuesto público, entre los que nos encontramos, como no, a los cargos de confianza y a la clase política profesionalizada.

¿De verdad se puede sostener seriamente, a la vista de la pérdida de poder adquisitivo, acumulada desde el año 1982, que el número de funcionarios incide negativamente sobre la generación de riqueza y sobre el nivel de vida del total de la población?. ¿Es que los suecos son de otro planeta?.

Yo creo que estas afirmaciones, generalmente, parten de un grave desconocimiento de los informadores sobre la función pública. Hace poco en otro artículo de prensa, cuya fuente no recuerdo exactamente, pude comprobar el grado de confusión del periodista que no atinaba a distinguir entre personal interino, personal eventual, personal temporal, personal funcionario y personal laboral.

Pues bien, una vez más, el próximo año 2010 el Gobierno y los Sindicatos han pactado un aumento del 0,3 % en las retribuciones funcionariales en el marco del Plan de ahorro del Gobierno del que la práctica congelación salarial supone una de sus medidas estrella.

Y digo congelación salarial porque, como es fácil de comprobar, el 0,3 % de aumento del IPC ya se ha alcanzado en octubre de 2009, a lo que se suma que, según numerosos expertos, el IPC superará el 1 % a finales de 2010.

Concretamente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé una subida del IPC en España del 0,8 % y recomienda que la política restrictiva que se anuncia en nuestro país debiera aplazarse hasta 2011.

Todo ello sin olvidar que estos datos macroeconómicos, en muchas ocasiones, parecen no responder a la realidad cotidiana, pues todos somos conscientes de los aumentos muy superiores al IPC que soportamos cada año en productos de primera necesidad como la luz, el gas, etc…; sin olvidar los diversos aumentos de las tasas y precios públicos por coste de los servicios, igualmente superiores al IPC, a los que nos someten las diversas administraciones. En Madrid, con independencia de la recuperación de la Tasa por la Recogida de Basura, el abono de 10 viajes conocido como el metrobus nos costará un 21,6 % más, lo que supone que, desde 2003, ha experimentado un aumento del 103 %.

Es demasiado fácil o demasiado grave, depende del prisma desde el que analicemos la cuestión, señalar únicamente a los funcionarios públicos cuando lo que se está criticando es el coste del sector público en general.

Supongo que las teorías neoliberales consideran que la gestión privada de todos los servicios públicos sería más barata desde el punto de vista del coste de personal, pero no puedo olvidar la cantidad de años en los que, mientras que a los funcionarios públicos se les aprobaba una subida salarial por debajo del IPC, innumerables convenios colectivos de empresas privadas negociaban subidas iguales o superiores a éste.

Ya está bien de cargar contra los funcionarios públicos en aras de la tan manida estabilidad en el empleo, como si estuviéramos hablando de un privilegio regalado y adquirido por la magnanimidad de la administración.

Creo que los funcionarios públicos hemos realizado un enorme esfuerzo, a la vista de los datos que arroja la tabla sobre diferencia entre los aumentos salariales y el coste de la vida, y nos merecemos algún reconocimiento, por pequeño que sea, y mayor seriedad cuando se traten los temas del sector público, salvo que lleguemos a la conclusión de que la función pública no es necesaria, o que de lo que se trata es de aquello de “quítate tú para ponerme yo”.

15 Comentarios

    • Que datos aporta exactamente? Yo no veo ningún dato. Sólo comparaciones con Suecia que probablemente son sesgadas.
      Según mis cálculos, cada empleado público supérfluo (entre 500m y 900m) supone la pérdida de 3 empleos en el sector privado.
      Coste medio empleado público 50m €/año. Si bajamos los impuestos en esa medida se crearán 3 empleos nuevos por cada puesto de empleado público sacrificado.
      El único mérito es pérdida de poder adquisitivo.

  1. En efecto Jesús: nos hacen pagar la crisis como si fuéramos paniaguados de los malos gestores políticos que tenemos, y por tanto sus responsables subsidiarios. Que eliminen burocracia ministerial o que eviten malgastar los fondos públicos en informes externos, pero yo nunca pediré perdón por ser funcionario. Excelente artículo.

  2. ¿y cuantas escuelas de negocios hay? ¿Cuanta riqueza aportan? ¿Quien valora sus aportes a la economía productiva y a loa formación de los trabajadores y directivos en España?¿porque siempre se suscitan las dudas sobre el mismo sector?

  3. Las razones que se basan en datos comprobados, tienen la virtud de cerrar las bocas a los acusadores indocumentados. Aquí se ha demostrado que los funcionarios públicos (sobre todo los que lo somos en el sentido más estricto), llevamos siendo castigados salarialmente, durante al menos 17 años, de modo general, (sin perjuicio de que algunos seamos castigados también de modo particular). Ya sabemos por quién, pero ahora se trata de saber por qué. Estoy esperando respuestas a esa pregunta, como por ejemplo que desde hace 17 años cada vez trabajamos menos y peor. Muy bien, adelante, pero quien se atreva a decirlo que lo haga como mínimo, de forma tan razonada y justificada (incluyendo datos y cifras comprobables), como lo ha hecho el compañero habilitado, de manera magistral.

  4. Como no responde nadie, lo haré yo mismo, aventurando una hipótesis:

    Los gobiernos españoles vienen metiendo la tijera por el punto de menor resistencia que sería el funcionariado en general sujeto a nómina. Tenerlo mal pagado en general, es una primera condición para luego disponer de más dinero con el cual pagar a los «listos» que se «ganen» mejoras «ad personam»; y así sobra dinero también para ceder ante aquellos colectivos con mayor poder en la defensa corporativa de sus intereses, ya estén justificados o no los incrementos económicos exigidos.

    Durante los últimos años, en la Administración española comenzó a entrar alguna gente «de la calle» que ya no era necesariamente «amiga de los de arriba»; y los políticos españoles siguen desde hace mucho tiempo, las consignas de aquella gran figura del caciquismo español, Romero Robledo, que pasó a la Historia por frases tan castizas como: «Al amigo el favor, para el resto basta con la Ley». Es decir: el dinero público es preferentemente para gastarlo con los míos, para los demás, para el disidente y para el indiferente, basta con la Ley vigente, en este caso la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, con subidas de sueldo no ajustadas a las subidas del coste de la vida que les hacen cada vez más pobres y les quitan dinero poco a poco, sin que se den mucha cuenta.

  5. Como escribí hace unos meses en el foro del diario Expansión (
    http://foros.expansion.com/gestion-publica/92270-servicio-publico-negocio-explotar.html), toda esta ola de desprestigio a los funcionarios nos es más que una estrategia:
    1 – Aprovechando el poco cariño que nos tiene la gente y, más aun, en tiempos tan duros como los que estamos viviendo, hay sectores interesados en que se privaticen los servicios públicos, por que son un negocio más, que no pretende ni busca mejorar la calidad y la eficiencia, sino el puro negocio (como la privatización de Telefónica y de otras empresas públicas ¿han intentando reclamar a Telefónica alguna vez? No parecen muy eficientes ni eficaces ¿verdad?)

    2 – Además, otra consecuencia es que si se privatizan los Servicios Públicos, es mucho más fácil colocar a la gente que te interese, vía curriculum y via selección de personal, sin necesidad de pasar oposiciones ni exámenes ningunos. Que mejor forma tiene una empresa concesionaria de servicios públicos de que le van a renovar la concesión, sino es colocando a los cuñados, hijos y demás parentela de los políticos que deben firmar dicha renovación.
    3 – Como tercera pretensión para acabar con la estabilidad de los funcionarios, es servir como azucar para la pildora del «despido libre y gratuito» que quieren implantar sectores de la derecha ultraliberal. Los pobres trabajadores de la empresa privada, aceptarían con algo más de resignación el «despido libre y gratuito», si nos afecta a todos. Será por aquello de que mal de muchos consuelo de tontos, pero la verdad, es que funciona. No hay más que leer en los foros lo que opina la gente de nosotros. No parecen querer igualarse por arriba, sino que nos igualemos por abajo: todos igual de jodidos. Es el colmo de la envidia y, de envidias este país sabe más que ninguno.

  6. Estoy de acuerdo con las afirmaciones del artículo: los funcionarios hemos perdido continuamente poder adquisitivo en los últimos años. Ahora bien, la pérdida real es algo menor a la mencionada ya que se deberían tener en cuenta los aumentos por antigüedad (los trienios) que moderan en algo la disminución total referida.

  7. La tabla se queda corta ya que se limita a hacer la suma simple de las diferencias con el IPC. Por ejemplo, los 2 primeros años da una suma simple de -9,20%. Sin embargo, el cálculo es multiplicativo, con lo que da un resultado mayor: -9,39%. Para cualquier aclaración, estoy a vuestra disposición.

  8. Siguiendo con el comentario de la tabla de Jesús. La pérdida acumulada desde 1982 me da un 40,31%. Pero este porcentaje no se puede aplicar sin más sobre el sueldo actual. Por otra parte, el sueldo de los funcionarios de las comunidades autónomas han subido más que el sueldo de los estatales, gracias a Acuerdos de gobierno autonómico, normalmente.

  9. Pues eso. ¿Y ahora qué?
    Con todas las cifras que se exponen aquí y el resultado (a falta de mayor concreción) es el que todos hemos visto-leido-escuchado entre ayer y hoy.
    Está claro que el sector público es uno de los sectores más vituperados y vilipendiados de este país además de ser el que tiene peor reputación. La mitad de la población, aún estando en contra de todas las medidas señaladas por el Presidente, está de acuerdo en aquella que se refiere a la bajada de sueldo de los funcionarios.
    Está claro que no hay nadie que defienda a este colectivo.

  10. Para ser rigurosos, supongo que es lo que se pretende, a los datos de incremento salarial salarial fijados en la Ley de Presupuestos le falta añadir los incrementos que se han venido produciendo estos últimos años en función de los acuerdos alcanzados por los sindicatos de la función pública dirigidos a completar hasta el 100% de las pagas extraordinarias.
    De ese análisis, efectivamente continúa la pérdida de poder adquisitivo en ese periodo de tiempo, pero no en el plazo de los últimos 10 años.
    A pesar de lo cual, entiendo que las medidas del gobierno son un ataque brutal, no sólo contra los empleados públicos, sino contra la función pública. Volvemos al s. pasado.

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