Es frecuente que, sentado en mi escaño de la Comisión de Investigación, Industria y Energía del Parlamento europeo, me acuerde de los Ayuntamientos españoles y de las normas o documentos que pasan por nuestras manos y que acabarán afectándoles. En verdad que no hay Administración que viva al margen de la actividad legislativa europea, tal es la amplitud y la extensión de lo que allí se cuece. En estos meses es bien probable que esa actividad se dispare como consecuencia del estreno de los nuevos Comisarios en la Comisión europea. Traen nuevas ideas y proyectos que obligadamente han de recibir las bendiciones del Parlamento cuyas competencias se han visto ampliadas a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Un asunto de mucho ruido y de significada importancia -de los que están en el telar- es el del aseguramiento del suministro del gas en toda Europa, un servicio en el que los Ayuntamientos han estado históricamente implicados, aunque los procesos liberalizadores hayan alterado esta tradición. La norma es consecuencia de la grave crisis que se vivió en Europa en los primeros meses de 2009 como consecuencia del “corte del grifo” que Rusia decidió -y en medio del invierno- por discrepancias con el gobierno de Ucrania. Esto acabó afectando a muchos países de la UE aunque no a España porque nuestro gas procede de otros enclaves. Pero la norma que se prepara nos concierne a todos y trata de poner en pie un sistema de planes coordinados entre las Administraciones y las compañías privadas de todos los Estados para poder hacer frente a cualquier alteración del suministro. Como será inevitable que se construyan nuevas instalaciones serán los Ayuntamientos los llamados a autorizarlas. En especial será el caso de las que más se va a hablar, a saber, las que afecten a las redes transfronterizas que ahora se quieren potenciar para avanzar en la unidad del mercado energético -entendido en su conjunto-. Ello sería un gran logro para Europa y una pieza capital en la construcción de su unidad. Nada se hace creando instituciones políticas si estas no van acompañadas de acciones unitarias referidas a grandes servicios públicos -piénsese además del que nos ocupa en el mundo de los transportes o en el de las telecomunicaciones-.
Este Reglamento es posible que se apruebe definitivamente antes de las vacaciones de verano.
Además, la Comisión prepara un Libro verde sobre la gestión de bio residuos. Estos libros “verdes” ofrecen un abanico de ideas y abren un debate sobre un tema específico y nuevo. Normalmente desembocan en un libro “blanco” que ya contiene propuestas para poder llevarlas en su día a normas jurídicas europeas. Es un trabajo -como se ve- muy lento -y puede parecer farragoso- pero permite pulsar las opiniones de todos aquellos que se sientan implicados en los asuntos debatidos. Pues bien, los Ayuntamientos acabarán siendo destinatarios de lo que se decida en este ámbito.
También la movilización de técnicas nuevas de información y de comunicación que faciliten una economía con un bajo nivel de emisiones de carbono ocupa estos días a la Comisión de la que soy miembro en el Parlamento europeo y -no hace falta decir- que los Ayuntamientos están llamados a cumplir en tal dirección un papel de primer orden.
Hay otros muchos asuntos que iremos viendo en otras ocasiones. Por ahora y para terminar quiero citar uno que, aunque no afecta directamente a los Ayuntamientos, ostenta una importancia global y determinante pues se refiere nada menos que al “gobierno de Internet en el mundo” . Lo contaré más despacio otro día pero adelanto que se quiere limitar el poder de los Estados Unidos en un “gobierno” y en una materia que necesariamente ha de abrirse poco a poco a otros poderes mundiales. A Europa, por ejemplo.
