El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado al Gran Ducado de Luxemburgo por reiterado incumplimiento del Derecho comunitario. La sanción asciende a una multa de dos millones de euros, así como al riesgo de pago de otras multas coercitivas que ascienden a dos mil ochocientos euros por día mientras no adopte las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de la normativa europea. La elevada cuantía de la multa no ha sido la razón de reparar en esta sentencia del pasado 28 de noviembre (c-576/11), sino el hecho de que el conflicto haya fluido por la defectuosa depuración de las aguas residuales, asunto sobre el que también existen muchas denuncias en nuestros pueblos.
Conviene remontarse años atrás para advertir los elementos de la disputa. Porque la preocupación por el cuidado del entorno y, en particular, por la calidad de las aguas y la prevención de depurar las residuales cuenta con una larga estela que se remonta a la Directiva 91/271 de 21 de mayo. Como sabemos, a través de ese instrumento se incorporaron más controles a los vertidos, así como un sistema de recogida, tratamiento y depuración de las aguas residuales. Pues bien, tras años de retrasos e inaplicaciones de la normativa, la Comisión europea denunció los incumplimientos que advirtió en varios Estados, entre otros, en el Gran Ducado de Luxemburgo. Y el Tribunal de Justicia, en una sentencia que tiene fecha de 23 de noviembre de 2006 (c-452/05), declaró el consiguiente incumplimiento.
Pasaron los meses y pasaron años y la Administración luxemburguesa nada corregía. De ahí que la Comisión iniciara un nuevo procedimiento para reiterar el incumplimiento y requiriera en varias ocasiones a ese Gobierno para que adoptara las medidas necesarias en la depuración de las aguas de varias ciudades donde persistía un grado sensible de contaminación por no haber modernizado sus instalaciones de tratamiento. Resume la sentencia todos esos requerimientos y respuestas que durante cinco años, entre el 2007 al 2011, se sucedieron hasta que la Comisión presentó una nueva denuncia judicial, origen de esta reciente sentencia condenatoria.
Dos millones de euros y la posible imposición de sucesivas multas coercitivas diarias de dos mil ochocientos euros constituyen una sanción considerable de la que deben tomar nota todos los Estados y todas las Administraciones obligadas a mantener el cuidado de las aguas.
Porque hay que recordar que España ya cuenta con una condena por incumplimiento de esa misma Directiva de depuración de aguas. Mediante la sentencia de 14 de abril de 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (c-343/10) declaró que más de una decena de aglomeraciones urbanas españolas no cumplían con el sistema de depuración, como en su momento recordé en este foro. Pero hay además otras muchas denuncias ante el deterioro y la falta del mínimo mantenimiento de las depuradoras en pueblos cercanos a espacios protegidos y zonas declaradas sensibles. Muchas inversiones con financiación europea se pueden perder por la falta de atención a los cursos de las aguas.
Es cierto que se han producido importantes avances. Un reciente Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales (tiene como referencia COM 2013, 574 y se fechó en agosto de este año) ha destacado que el grado de cumplimiento en la mayoría de los países se acerca al noventa por ciento. Pero tardarán todavía un par de años en realizarse las inversiones y obras necesarias para que se alcancen los objetivos que tenían que estar satisfechos hacía ya diez años, según las iniciales previsiones. También un “observatorio de sostenibilidad” ha recogido en un informe que se depuran cerca del ochenta y cinco por ciento de las aguas residuales.
Resulta necesario, en consecuencia, atender a estas deficiencias, ultimar las inversiones previstas para adecuar las instalaciones, difundir la trascendencia del cuidado de las aguas, de los logros conquistados, realizar las tareas de mantenimiento para evitar que depuradoras financiadas con fondos europeos queden inservibles y, sobre todo, concienciar a los ciudadanos para evitar prácticas que ni el sumidero de los váteres consiguen depurar.
Urge atender a las aguas sucias, aunque sólo sea para evitar cuantiosas multas.
