Perdón si suena mal el título, aunque a lo mejor era cosa de estudiar si no hay productos de nuestros poderes públicos, merecedores de ser incardinados en una suerte de coprología jurídica. Pero, sin perjuicio de la opinión que saque cada quién del asunto a reseñar, el comentario versa sobre cuerpos y carreras funcionariales.Como todos hemos visto recientemente, el Ministerio de Justicia, tras coronarse de gloria propiciando un indulto escandaloso, quiso ser agradecido, lo que es loable, con algunos de los más sacrificados colectivos de servidores públicos que han padecido y luchado contra el terrorismo etarra al que parece querer darse por finiquitado. Ojalá. En ese sentido –y partiendo de que las Fuerzas Armadas dependen de otro departamento- el señor Caamaño Domínguez quiso premiar con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort los esfuerzos y sufrimientos de la Magistratura, incluida la del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, de la llamada “administración de la Administración de Justicia” y, cómo no, de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, por cierto, dependen tanto del Ministerio de Justicia como las policías autonómicas o locales.
Para ello se expidieron media docena de Reales Decretos, registrados como 1746 a 1751/2011, todos firmados el 25 de noviembre. Su motivación, previa a la concesión de la condecoración, era la misma: “la defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra memoria”.
Pero la chapuza fue colosal porque, si bien el BOE de 29 de noviembre, otorgó tal medida honorífica de fomento, correctamente, a la Carrera Fiscal, a algunos colectivos funcionariales de la Justicia y a los Cuerpos de la Policía Nacional y Guardia Civil, sin embargo, premió a todos y cada uno de “los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”, así como “a los Secretarios Judiciales”, sin diferencia ni distinción.
Eso significaba, en claro agravio para los juristas que, tras toda una vida consagrada al Derecho, habían recibido tal Cruz –y casi siempre en una categoría inferior-, que cualquier persona salida de la Escuela Judicial o recién posesionada en la Secretaría de un Juzgado, tenía derecho a encargar la distinción y lucirla, a conveniencia, sobre la toga. Tampoco había diferencias por la actitud de los distinguidos hacia el terrorismo; daba lo mismo haber sido beligerantes, tibios o incluso tolerantes, que de todo hay en la Viña del Señor y eso de que el valor se presume está en claro desuso.
Tamaña barbaridad tuvo que ser anulada, justamente el día de la Constitución, mediante la fórmula fácil de la corrección de errores, que todo lo aguanta, como bien sabemos los que nos dedicamos al mundo local, a propósito del ROF.
Así, se rectificó que donde dice: «a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional», debe decir: «a la Carrera Judicial y al Tribunal Constitucional». Y donde dice: «a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia», debe decir: «al Cuerpo de Secretarios Judiciales y demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia». También se aprovechó para aclarar que, donde uno de los Reales Decretos, premia «a la Abogacía del Estado», debe decir: «al Cuerpo de Abogados del Estado».
Que un yerro tan de bulto –y repetido en más de una disposición- no haya sido detectado por los filtros de los servicios jurídicos del Estado, asusta. ¿O es que se prescinde de ellos y se mandan al Boletín, a las bravas, las cuestiones más solemnes?
En todo caso, aunque seamos condescendientes con este dislate, debemos preguntarnos si tal otorgamiento inicial, a todos y cada uno de los jueces, magistrados y secretarios, no era un acto declarativo de derechos, necesitado para su eliminación de una rigurosa revisión de oficio. Puede parecer exagerado, pero hay que ponerse en la piel de quienes se sintieron durante una semana entera dignos destinatarios de tan insigne reconocimiento e incluso, con todo el derecho del mundo, pudieron ir a encargar la Raimunda a una conocida joyería en el Madrid de los Austrias.
