Recientemente se acercó una señora a las oficinas municipales y, aprovechando una gestión que debía hacer, aprovechó para quejarse verbalmente al funcionario que la atendió de que el servicio veraniego de ludoteca que el Ayuntamiento organiza en para los niños en los meses de julio y agosto era muy caro. Se le explicó que ciertamente no tenía razón, puesto que el precio que se cobraba no ascendía ni a una cuarta parte del coste real del servicio, a lo que contestó que en el pueblo de al lado costaba menos que en el nuestro.
Asimismo en otra localidad cercana, me contaba un ciudadano que el Ayuntamiento le había ofrecido un Curso de no viene al caso qué, gratis. Las plazas eran limitadas , por lo que se admitían a los primeros que se apuntasen. Puesto que era gratis, se cubrieron rápidamente. Este ciudadano me decía que en realidad de los cinco días que duraba el curso no iba a poder asistir más que a dos sesiones como mucho, pero que como era gratis, era un poco absurdo no aprovechar lo que se pudiera.
Por supuesto que no estoy diciendo que debamos abandonar nuestro estado de bienestar, pero lo que sí que digo es que nos estamos comportando como unos nuevos ricos, como decía aquel, disparando con pólvora del rey. Los recursos son como los de la lámpara maravillosa de Aladino, nadie cree que se van a agotar jamás. Esto es algo sobre lo que nadie quiere debatir, está claro. ¿Qué popularidad tendría decir a los ciudadanos que lamentablemente no se pueden satisfacer todos los deseos en todo momento? Pero estamos en momentos de crisis, no es un lugar común, es una realidad y cuando veo que las cuentas municipales van descendiendo por un evidente descenso de ingresos y aumento de gastos se me hace evidente que todos debemos ajustarnos a la realidad económica actual, lo que quiere decir, entre otras cosas, que deberemos replantearnos el coste de los servicios y esa redistribución de la riqueza que las administraciones hacen. O dicho de otra forma, quizás debiéramos cobrar por algunos servicios lo que realmente cuestan y sólo subvencionar a aquellas personas que verdaderamente lo necesiten, estableciendo los mecanismos correspondientes en las ordenanzas fiscales. Al menos, deberíamos establecer sistemas para evitar esos habituales abusos de lo público. Por ejemplo, en el caso del curso a que aludíamos, podríamos decirle al ciudadano-usuario: de acuerdo, el Ayuntamiento le va a subvencionar el coste de este servicio pero Vd., a cambio, se va a comprometer a asistir porque si no lo hace, está privando a otra persona de hacerlo, así que vamos a calcular cuanto cuesta, Vd. lo paga en su totalidad y, si acude y lo aprovecha, le devuelvo la parte subvencionada.
Como ya hemos indicado en otras ocasiones todos conocemos la insuficiencia endémica del actual sistema de financiación local que, por muchas causas además de la desidia, no se quiere políticamente solucionar. Siempre es mejor tener súbditos que ciudadanos libres. Pero también hemos incidido en más de una ocasión en la necesaria aplicación de un principio de corresponsabilidad fiscal del que no deberían sustraerse los Ayuntamientos. Porque puede que el municipio de al lado ofrezca servicios más “baratos”; pero puede ser también que lo esté haciendo a costa de la financiación externa que recibe porque su Alcalde es del partido político afín a aquel que otorga graciosamente las ayudas. Así que se deberían establecer sistemas para no otorgar subvenciones desde las Comunidades Autónomas, Diputaciones o Estado a aquellos Ayuntamientos que no exigen a sus propios ciudadanos unos impuestos mínimos. Así pues, hacerse la competencia es bueno, ya se sabe, busque, compare y si encuentra algo mejor… Pero ¿qué tipo de competencia?
Y aprovechando la ocasión, no puedo dejar de mencionar el absoluto malestar que me produjo leer la noticia y ver la foto que salió en El País de 21 de julio pasado, con un Ministro y un Presidente de la FEMP absolutamente sonrientes, mientras el titular rezaba “Chaves asegura que no habrá nueva financiación local hasta 2011. El ministro de Política Territorial se reúne con la FEMP.- Castro confirma que las negociaciones se aplazan un año por la crisis”. Puede verse en (http://www.elpais.com/articulo/espana/Chaves/asegura/habra/nueva/financiacion/local/2011/elpepuesp/20090721elpepunac_18/Tes)
Añadía la noticia que “El objetivo de la FEMP en esta reunión era plantear al Ejecutivo que los municipios puedan participar en los ingresos tributarios de las autonomías y el Estado. Loable intento pero canto a la galería. Según Castro, los ayuntamientos están asfixiados porque desempeñan competencias como educación o servicios sociales, que corresponden a las autonomías”. Lo que resulta sorprendente que, ante este argumento bienintencionado y recurrente, nunca se aduzca algo así como ¿y a Vd. quién le ha dicho que ofrezca esos servicios? Está muy bien dar el mayor bienestar a la gente, pero clarifiquemos de una vez el sistema y que cada uno ejerza las competencias legales que le correspondan, ni más ni menos. Para ello, o sea para las el ejercicio de las competencias legales es para lo que debe haber financiación y no resulta de recibo ofrecer más servicios de los legales y luego quejarse de que no nos llega para pagarlos.
En cualquier caso otra oportunidad perdida en cuanto a la clarificación competencial y a la revisión de financiación.
No es por añadir más malestar al compañero de Blog, pero hace unos días el Diario ABC publicó la noticia de que Castro había falsificado las actas donde se recogían los acuerdos de la FEMP, para no molestar al Ministerio de Economía, con las reivindicaciones de mayor financiación, después de haber «dado la vara» tanto con eso delante de su «parroquia» y de ponerse al frente de toda la ralea de trincones, mamones, pícaros y zampabollos que ansían gestionar un mayor Presupuesto Municipal, para que se les pueda quedar mayor porción «entre las uñas» al manejarlo. Por si fuera poco lo anterior, en el Periódico se decía que había echado la culpa al Secretario General de la FEMP, por la falsificación de las actas, y que incluso le había echado de su cargo.
A)Que no puedan asumir los Ayuntamientos más competencias que las legalmente obligatorias y que todas las Administraciones Públicas asuman lo necesario solamente, porque hay cosas que son asunto del Sector privado y de la Sociedad Civil, en los cuales no tienen que intervenir en la forma en que lo hacen, como por ejemplo en: Cultura, Fiestas, Ocio, etc. Y mucho menos cuando lo básico no esta asegurado en todo el territorio nacional.
B) Si quieren recibir un solo euro de dinero público las entidades locales, tendrían que aceptar primero y someterse antes, a un estricto régimen de control legal y económico, interno y externo, pero independiente y de verdad, no como el de ahora; sin que los Ayuntamientos puedan manipular y «controlar» a sus «controladores», porque eso no es control sino tomadura de pelo.
El articulista tiene toda la razón: es que los ciudadanos nunca relacionan los impuestos que pagan con los servicios que reciben. El coste de la matrícula en una universidad pública es fácilmente el 15% de su coste real: luego en las aulas acuden a las clases menos de la mitad de los matriculados. Como cuesta poco … Nadie piensa que todos los que pagan los impuestos con que se paga la subvención a la universidad en realidad están subvencionando a los pocos que se matriculan y luego no asisten. Decir esto no es de cerechas, es simplemente denunciar que tenemos una cultura democrática propia de una sociedad preindustrial. Hay que presionar a nuestros representantes políticos. Si no, no se moverán.
Pues en mi pueblo estamos planteándonos el que haya un servicio municipal gratuito de «pilingis», porque como todo el mundo sabe la función de un Municipio es colmar todos nuestros caprichos y procurarnos todo gratis.
Debe ser una mala interpretación de la Ley de Dependencia: antes muertos que autónomos.
Esto me ha recordado la novela «Un Mundo Feliz» de Aldous Huxley: en aquella «anti-utopía» la clase dirigente proporcionaba una satisfación sexual programada, controlada, insípida y aséptica a sus subordinados, para mantenerlos adaptados al sistema y que no provocaran disturbios, ni revueltas sociales.
Aunque todo se andará, me parece que España todavía es un país demasiado beato, inmaduro y atrasado, como para intepretaciones tan «progresivas» de la «cultura de la dependencia» que nos asola; si bien percibo que se va un poco hacia eso en las CCAA más «adelantadas», pero claro, de forma muy encubierta y muy camuflada con la típica mojigatería y santurronería española que rezuma por debajo del discurso pseudo-tecno-especializado de lo «políticamente correcto», con expresiones como por ejemplo: «aumentar la calidad de vida de la persona dependiente,con la atención de los recursos humanos socio-asistenciales». Lo que en la práctica puede significar que el pariente mayor de un concejal, metido por enchufe en un Centro de Día, pueda disfrutar de una chica joven con bata blanca.
No obstante, en el caso que plantea Rogelio, se da la circunstancia de que la satisfacción de aspiraciones de la comunidad vecinal, por parte de la Corporación Local, en este supuesto, viene a coincidir con necesidades básicas reales de los seres vivos, cosa que no suele suceder, ni por asomo, con muchas de las competencias que ejercen «seriamente» los Municipios (desde las políticas de «juventud» hasta los Cementerios), las cuales son puro artificio y fantasmagoría, desde aquel punto de vista, cuando no cosas peores, como por ejemplo: adoctrinamiento y formación de cantera para mantener el tinglado nacionalista.