Hace poco más de un mes que el ministerio de transformación digital asumió las competencias en materia de función pública. Aparentemente este cambio de esta materia de hacienda a transformación digital puede parecer una ocurrencia más en ir cambiando de ubicación la patata caliente e indeseable del ámbito de la función pública (sería más preciso hablar de administración pública ya que sus competencias van más allá de la función pública).
Los mentideros de Madrid, siempre esplendorosos en rumores y chascarrillos, hace tiempo que describen al ministro Escrivá como una persona muy exigente con sus equipos que informalmente se le asigna el desfavorecedor perfil de ser algo déspota y de tener un carácter difícil. También es considerado como una persona muy brillante a nivel profesional e intelectual.
Rumores aparte hay varias novedades positivas que me han llamado la atención del quehacer de este ministerio durante solo un poco más de un mes de actividad. Por una parte, no me parece una mala idea vincular la transformación digital con la función pública. Es obvio que la competencia de transformación digital es una política de país y no solo un mero instrumento de transformación administrativa pero no parece que sea un error que la propia Administración pase a liderar este proceso y haga de tractor para que el sector privado vaya por la senda de la renovación digital.
Hace ya unas semanas me asombró el ejercicio de transparencia en materia de volumen del empleo público que impulsó este nuevo ministerio. Los especialistas sabíamos que el Registro Central de Personal no alumbraba el número real de empleados públicos, pero era un tema tabú reconocer que en España trabajan muchos más empleados públicos de los que oficialmente se reconocen. De golpe afloraron por arte de magia 236 mil empleados más hasta acercarse a un total de 3 millones, aunque también se reconoció que el volumen real se acercaba a 3,5 millones. Un encomiable ejercicio de transparencia.
Otro elemento muy positivo, en mi opinión, es el nombramiento de la señora Clara Mapelli como secretaria de estado de función pública, doctora en derecho y hasta su reciente nombramiento ocupó el cargo de directora general de gobernanza pública. De manera casual coincidí con ella a finales del año pasado en dos eventos. Me impresionó su perfil profesional y personal: una persona muy competente, muy valiente, sincera y con una visión muy avanzada de hacia donde tiene que discurrir la Administración pública y, también, la función pública. No es un tema menor que ahora función pública sea una secretaría de estado y no una simple secretaría general como sucedía anteriormente. Con Mapelli recuperamos un perfil político y directivo reformista después del cese en este ámbito, hace unos años, del añorado Javier Rueda que era otro reformista pata negra.
El tándem Escrivá y Mapelli ya ha empezado a demostrar que funciona a toda máquina. Considero un punto de inflexión muy positivo la comparecencia del ministro en el Congreso el pasado 31 de enero. Todo lo que anunció me pareció sensato, sólido, necesario y muy valiente. Vamos a poner unos ejemplos de sus anuncios más relevantes.
Primero, eliminar la aberración administrativa de la cita previa. Esta nueva costumbre es la peor herencia de la pandemia y un claro ejemplo de lo que yo he denominado como “resiliencia reaccionaria” en otra entrada de este blog. Un paso atrás brutal en la buena atención a la ciudadanía que había que revertir de manera urgente.
Segundo, poner el foco de una manera descarnada al gran reto de nuestras administraciones: el espectacular relevo intergeneracional que hay que acometer durante los próximos años. Propuestas como abolir la tasa de reposición, definir qué perfiles de empleados públicos van a hacer falta en el futuro (puestos obsoletos a abolir y nuevos puestos que van a aflorar gracias a la digitalización y la inteligencia artificial) son temas evidentes pero que hasta ahora nadie se había atrevido a poner sobre la mesa de una manera diáfana.
Tercero, como el que no quiere la cosa también anunció la planificación estratégica en materia de recursos humanos y otorgar más autonomía a los organismos para que gestionen su cartera de servicios: “ahora hay un modelo muy arraigado de autorización previa de casi todo, incluso con decisiones muy menores”. No es un tema menor ya que implica todo un cambio radical en la cultura administrativa tradicional en esta materia.
Cuarto, desplegar un plan de captación y retención del talento joven, pero también sénior. Se trataría, según fuentes del departamento, de “ofrecer una segunda carrera profesional a personas del sector privado que estén saliendo de sus organizaciones” en una edad más avanzada. Se trata de una buena idea para afrontar el relevo intergeneracional de una forma consistente e intentar no tener una pirámide demográfica de empleados públicos totalmente desequilibrada y salir del bucle “de todos viejos a todos jóvenes”. Buscar talento en el sector privado es algo disruptivo pero que puede funcionar tal y como ha sucedido, desde hace tiempo, con el cuerpo superior de técnicos de sistemas y tecnologías de la información de la Administración del Estado (conocidos como TICs).
Quinto, cambiar la evaluación del desempeño y la carrera profesional mediante la identificación de las áreas funcionales de cada servicio público y las competencias que se requerirán a los funcionarios que las lleven a cabo. «Estas áreas funcionales son las que nos tienen que definir las carreras profesionales de los funcionarios y acompañarles; y eso hay que hacerlo dentro de la actual estructura funcional de cuerpos y escalas. Pero hay que añadir una capa funcional de competencias, porque los países con mejor funcionamiento del servicio público se organizan por competencias». Por fin se reconoce de una manera meridiana que el mejor mecanismo para organizar el empleo público son las áreas funcionales y un sistema de competencias. Ya sería para matrícula de honor y el colmo de la disrupción anunciar que los cuerpos y escalas van a tener un difícil encaje con este nuevo modelo y van a tender a su desaparición paulatina. Anunciar esto hubiera sido poco inteligente políticamente ya los arraigados grandes cuerpos del Estado se hubieran echado al monte para iniciar una peligrosa guerra de guerrillas corporativizadas.
Sexto, la creación de una Unidad Transversal Operativa, que será una especie de reserva de empleados públicos, formados polivalentemente, que puedan reaccionar rápidamente en caso de un shock externo, como fue la pandemia. Este grupo se podrá nutrir «de muchos funcionarios que hemos conocido todos en nuestro paso por la Administración que están, a veces, desubicados, pero que son muy valiosos». ¡Tremendo! y totalmente oportuno: capacidad de redimensionamiento exprés de plantillas (o lo que el nuevo paradigma de gobernanza robusta denomina capacidad de escalabilidad) no solo para atender una potencial nueva pandemia sino para poder resolver cuellos de botella como, por ejemplo, los actuales en tramitación de jubilaciones, de prestaciones por desempleo, de gestión del ingreso mínimo vital, etc.
Octavo, el último eje supondrá el desarrollo de la figura del “directivo público profesional”, cuya creación ya está prevista en la ley, pero solo llega al nivel de subdirección, y la intención del Ejecutivo es elevarla a niveles superiores (director general). Otro ejemplo más que se desea abandonar las lógicas reformistas incrementales y tímidas por una transformación realmente profunda y radical.
Y, finalmente, para no aburrir más al lector dejo para otro momento el análisis de las propuestas de eliminar la jerga administrativa socialmente incomprensible, la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas, incorporar un nuevo perfil profesional de evaluador, realizar evaluaciones ex ante y ex post, etc. Estas últimas propuestas suelen ser recurrentes en muchos de los planes de reforma presentados hasta el momento, pero ahora, acompañados por las medidas anteriores (la mayoría inéditas) tienen más visos de hacerse realidad.
En mi opinión este anuncio del ministro de transformación digital y función pública es el más sensato, sólido y valiente que he oído en varias décadas y tengo la intuición que va en serio y que no es un ejemplo más de un mero brindis al sol. Ahora habrá que estar atento a como las fuerzas internas reaccionarias van a intentar maniatar e incluso matar tanto al nuevo ministro como a su secretaria de estado. Muchos ánimos a ambos y manifestar que no solo van a tener detractores sino también entusiastas en su iniciativa y celo reformista. Esperemos que el ministro y su equipo tenga más suerte que sus dos únicos antecesores realmente reformistas: Almunia y Sevilla.
