Hay libros que, sin hablar de Administración pública, terminan describiéndola con una precisión incómoda. Me ha ocurrido con Doce césares, de Mary Beard. La historiadora británica no se limita a contar quiénes fueron Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula o Nerón, sino que analiza cómo sus imágenes fueron utilizadas y reinterpretadas durante siglos para representar el poder. La pregunta de fondo no es tanto quiénes eran aquellos hombres como qué necesitó cada época ver en ellos. 

Algo parecido está ocurriendo con la inteligencia artificial en nuestras Administraciones. Hablamos de algoritmos, asistentes, modelos de lenguaje o analítica predictiva como si estuviéramos describiendo únicamente nuevas herramientas. Pero la IA no entra en una organización pública como una nueva versión de un procesador de textos. Entra redistribuyendo capacidad de decisión, conocimiento, recursos y control. En definitiva, entra redistribuyendo poder.

Por eso conviene preguntarse quiénes son hoy los doce césares de la inteligencia artificial pública española. No son personas concretas, sino figuras que compiten, colaboran y, a veces, se neutralizan entre sí.

El primero es el césar político, que convierte la IA en promesa de modernización, eficiencia y mejores servicios. Su legitimidad es imprescindible, pero corre el riesgo de confundir liderazgo con anuncio.

El segundo es el césar directivo público, encargado de traducir esa promesa en estrategia, prioridades, equipos y resultados. Uno declara la dirección del viaje; el otro debe conseguir que la nave salga realmente del puerto.

El tercero es el césar tecnológico. Informática conoce las arquitecturas, las integraciones, la ciberseguridad y las dependencias ocultas detrás de cualquier solución aparentemente sencilla. Sin su criterio, la IA se convierte en una colección de pilotos inconexos. Pero si concentra todo el poder, puede reducir una transformación institucional a un problema técnico.

El cuarto es el césar jurídico, que recuerda algo elemental: la Administración no puede hacer todo lo que la tecnología permite. La protección de derechos, la motivación de las decisiones y la supervisión humana no son obstáculos a la innovación, sino condiciones de su legitimidad.

El quinto es el césar del dato. No tiene despacho, pero gobierna en silencio. Una Administración puede comprar el mejor modelo y obtener resultados mediocres si sus datos son incompletos, están fragmentados o reproducen sesgos históricos. Quien decide qué datos existen, quién accede a ellos y para qué se utilizan posee una forma de poder cada vez más relevante.

El sexto es la contratación pública. Buena parte del futuro tecnológico de una institución se decide al redactar un pliego: en la propiedad de los datos, la portabilidad, la auditabilidad o la prevención de dependencias del proveedor.

El séptimo césar es precisamente el césar proveedor tecnológico. Aporta conocimiento, infraestructura y velocidad que muchas Administraciones no poseen internamente. El problema aparece cuando la asimetría de información es tan grande que la institución deja de comprar una solución y empieza a delegar su capacidad de comprenderla. No hay soberanía tecnológica cuando solo el contratista sabe cómo funciona el sistema o por qué produce un resultado.

El octavo es el césar regulador. El Reglamento europeo de inteligencia artificial ha situado el riesgo, la trazabilidad, la documentación, la calidad de los datos, la robustez y la supervisión humana en el centro de los sistemas más sensibles. El regulador no gobierna cada proyecto, pero fija los límites del imperio y obliga a justificar decisiones que antes podían permanecer en la penumbra. 

El noveno es el césar del control: intervención, auditoría, fiscalización y evaluación. Su función no debería limitarse a comprobar si el gasto fue correcto, sino también a preguntar si el sistema funciona, si produce valor público, si genera efectos discriminatorios o si sigue siendo necesario. Una inteligencia artificial legal pero inútil también constituye un fracaso administrativo.

El décimo es el césar empleado público. Puede convertir la IA en una capacidad institucional o reducirla a una aplicación marginal. Es quien conoce los procedimientos reales, las excepciones y aquello que nunca aparece en los manuales. Sin su participación, automatizaremos una versión imaginaria de la organización. Pero también existe el riesgo contrario: que el uso informal de herramientas genere una Administración paralela, invisible y difícilmente auditable.

El undécimo es el césar de la ciudadanía. Con frecuencia aparece al final, cuando todo está diseñado, contratado e implantado. Sin embargo, es quien soporta las consecuencias de una clasificación errónea, una recomendación opaca o una atención deshumanizada. La persona no es una usuaria cautiva del algoritmo administrativo. Es titular de derechos y fuente última de legitimidad del sistema.

Y el duodécimo césar es la propia IA. No porque tenga voluntad, conciencia o ambición, sino porque tendemos a atribuir autoridad a aquello que se presenta mediante números, probabilidades y un lenguaje seguro. Una recomendación algorítmica puede condicionar una decisión humana incluso cuando formalmente no la sustituye. El mayor poder del algoritmo no consiste en decidir por nosotros, sino en conseguir que dejemos de discutir sus propuestas.

Estos doce césares forman una corte compleja en la que cada uno posee una parte de la verdad y ninguno debería poseerla completa. La política sin conocimiento promete demasiado; la tecnología sin Derecho puede dañar derechos; el garantismo sin experimentación paraliza; la contratación sin estrategia crea dependencia; la IA sin empleados fracasa; y una transformación sin ciudadanía pierde su razón de ser.

La cuestión no es qué césar debe imponerse, sino cómo diseñamos una gobernanza capaz de equilibrarlos. Porque la inteligencia artificial no está llamada únicamente a cambiar cómo tramitamos expedientes o atendemos consultas. Está modificando quién sabe, quién decide, quién controla y quién responde dentro de nuestras instituciones.

La Administración pública no necesita coronar a un nuevo emperador digital. Necesita construir una república algorítmica en la que el poder esté distribuido, limitado, explicado y siempre orientado al interés general.

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