El año 2019 publiqué un libro sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la Administración pública, un tema que por aquel entonces apenas formaba parte de la agenda ni de los debates del sector público. Según la propia IA, se trató de la primera obra publicada a nivel global con este enfoque, antes únicamente habían visto la luz algunos artículos científicos e informes institucionales. Esta es una muestra de algunas debilidades de la IA: tiene peligrosas alucinaciones. En todo caso, durante la fase de documentación e investigación, al no ser especialista en la materia, consulté a diversos expertos en la disciplina para resolver dudas conceptuales. En estas conversaciones surgió la inevitable pregunta que ronda el imaginario colectivo: ¿Cuándo se produciría una hipotética rebelión de las máquinas? Este escenario distópico, habitual en la ciencia ficción, recibía en 2018 una respuesta unánime: la tecnología se encontraba en una fase incipiente —siendo incluso aventurado catalogarla como inteligente— y una eventual rebelión se proyectaba a un siglo vista. Poco tiempo después, la previsión se redujo a medio siglo y, en la actualidad, diversos especialistas sitúan ese horizonte hacia el año 2030, acortando el plazo de un siglo a apenas una década.
Es innegable que esta tecnología ha experimentado una evolución vertiginosa. El lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI representó un hito en el procesamiento del lenguaje natural accesible masivamente, pero el seguimiento de estos sistemas evidencia que su capacidad y sofisticación han crecido de forma exponencial en apenas cuatro años. Actualmente, las principales corporaciones del sector afirman que la velocidad de avance aconseja una moratoria para prevenir riesgos existenciales para la humanidad. Este mensaje apocalíptico y coordinado por las grandes empresas tecnológicas resulta inusual y contradictorio, sugiriendo la presencia de intereses propios de difícil visibilidad. Diversos analistas consideran que se trata de un planteamiento desmesurado e incluso especulan con estrategias de posicionamiento sectorial. En cualquier caso, resulta evidente que esta aceleración exige un marco regulatorio sólido para evitar externalidades negativas.
Esta dinámica plantea cuatro reflexiones clave sobre la relación entre la inteligencia artificial y el sector público:
En primer lugar, la madurez alcanzada por la tecnología permite su integración inmediata en la gestión administrativa ordinaria. Su aplicación resulta viable tanto para optimizar la productividad mediante la automatización de trámites formales como para mejorar la prestación de servicios públicos en ámbitos clave como la salud, la educación o la atención social.
En segundo lugar, el debate en torno a la fiabilidad de la tecnología no debe derivar en actitudes neoluditas ni en la paralización de su despliegue en la Administración. El sector público no requiere utilizar modelos de frontera de alto riesgo, sino soluciones maduras, consolidadas y sujetas a supervisión humana.
En tercer lugar, los avances recientes ofrecen respuestas a problemas estructurales de la gestión pública que hasta hace poco parecían irresolubles, especialmente en el ámbito local. La IA requiere operar con volúmenes masivos de datos que no están al alcance de los pequeños y medianos municipios, dejándolos en riesgo de exclusión tecnológica. Además, cada Administración gestiona su información en plataformas estancas con formatos incompatibles, convirtiendo la interoperabilidad entre municipios en una quimera. Al consultar en su momento a los expertos, planteaban como una posibilidad lejana que diversos algoritmos pudieran actuar como intermediarios y traductores de estas bases de datos heterogéneas. Sin embargo, los acontecimientos recientes que han encendido las alarmas entre los propios desarrolladores demuestran que ese horizonte ya está aquí. Las evidencias de dispositivos de IA que, para resolver problemas complejos, son capaces de piratear a otros sistemas, hacer trampas, coordinarse como verdaderas colmenas o dividirse el trabajo mediante la especialización de tareas autónomas, prueban que la tecnología posee ya una capacidad extraordinaria para traducir, validar e interconectar estructuras de datos dispares. Paradójicamente, las mismas conductas sofisticadas que asustan en entornos experimentales constituyen el campo de trabajo más prometedor para que las administraciones gestionen con una eficacia inédita nuestro complejo sistema administrativo multinivel.
En cuarto lugar, respecto a los comportamientos imprevistos observados en los modelos de frontera más avanzados, estos no responden a una desobediencia autónoma o consciente por parte de la tecnología, sino a dinámicas experimentales donde los sistemas buscan optimizar sus resultados frente a las instrucciones dadas por los desarrolladores. Si un algoritmo decide emplear atajos, eludir restricciones, ocultar fallos o establecer estrategias de cooperación heterodoxas con otros agentes, lo hace únicamente porque su parámetro de optimización se estructuró primando el objetivo final sobre los medios. Se trata, en esencia, de una falla en la gobernanza humana, en la alineación de objetivos y en el diseño regulatorio, no de un conato de rebelión. La tecnología carece de voluntad y se limita a ejecutar funciones dentro del espacio de búsqueda permitido. Por este motivo, el sector público tiene la obligación ineludible de codificar e imbuir los valores éticos, la legalidad administrativa y los principios institucionales directamente en el diseño algorítmico. En el ámbito de la gestión pública, la maximización de la eficiencia jamás puede justificar el quebrantamiento de las garantías ciudadanas; la actuación de la inteligencia artificial debe quedar siempre encorsetada y subordinada a los valores deontológicos del servicio público.
En conclusión, la inteligencia artificial no representa un fin en sí misma ni una amenaza incontrolable para la Administración, sino un instrumento transformador cuya utilidad dependerá de la capacidad institucional para dirigirlo. La verdadera encrucijada del sector público no reside en decidir si adopta o no esta tecnología, sino en determinar si lo hará de manera reactiva y desordenada o de forma proactiva, ética y estratégicamente orientada. Mientras el debate mediático se distrae con escenarios apocalípticos de ciencia ficción, las administraciones se juegan en el presente la oportunidad histórica de erradicar la burocracia ineficiente, cerrar la brecha territorial entre municipios y construir un modelo de gobernanza verdaderamente inteligente, equitativo y transparente. Para lograrlo, resulta imprescindible abandonar tanto la fascinación ciega como el rechazo tecnófobo, asumiendo el liderazgo en la regulación, el diseño algorítmico ético y la capacitación del personal público. Solo así se garantizará que la inteligencia artificial no sustituya el juicio humano ni deshumanice la atención al ciudadano, sino que fortalezca las capacidades del Estado y consolide el valor público en beneficio del conjunto de la sociedad.
