Como ocurre todos los años, el pasado mes de Octubre nos trajo el ya clásico ritual del debate presupuestario; y como siempre, quienes seguimos estos temas hemos asistido a la misma secuencia de hechos: presentación de los presupuestos en la Cortes, discursos de todos los responsables del gobierno de turno, críticas de la oposición también de turno, rechazo de los agentes sociales, tediosos debates en el Congreso con un nivel de asistencia lejos del lleno absoluto, cobertura más o menos interesada y sesgada de los medios de comunicación según cuál sea el turno de gobierno y oposición, etc.
Mi evidente escepticismo ante semejante ritual no es una posición irracional sino la reacción lógica ante un ejercicio que desde hace muchos años demuestra ser estéril; o al menos eso creo yo.
Mi primera crítica se centra en la descripción del escenario macroeconómico que plantean los gobiernos en ejercicio, es decir, el conjunto de valores que tendrán las magnitudes económicas esenciales, sobre todo, la evolución del PIB: la evidencia disponible demuestra que todos tienden a exagerar en su previsión de crecimiento (cuando nuestra economía era capaz de crecer), o quedarse cortos en la estimación de la caída de actividad (de la que últimamente hay más casos); lo mismo puede decirse de los niveles de empleo o paro, evolución de la inflación, crecimiento de las principales áreas económicas, etc.
Me parece que de este debate no es extrae ninguna conclusión práctica; en primer lugar, porque es una cuestión de por sí técnicamente compleja, que incluso al margen de la política, en un plano meramente técnico, da poca satisfacción a los especialistas; pero desde luego, donde menos utilidad tiene es en el terreno político, en el que apenas se alcanza acuerdo en ninguna variable real por muy observable que sea, menos aún si se trata de estimaciones.
Dependiendo de ese cuadro macroeconómico, y de la previsión de ingresos y gastos correspondiente, el gobierno de turno genera grandes cantidades de datos sobre cuál será el desarrollo de las cuentas públicas en los siguientes doce meses; esta parte del ejercicio da lugar a un prolijo debate gramatical sobre los adjetivos que a cada parte le parece más aplicables a las cifras resultantes. En esencia, aquí estaría la gracia del debate de los presupuestos, es decir, del proceso por el cual los representantes de los contribuyentes dijeran a los administradores si estaban dispuestos a seguir pagando impuestos o no; e incluso, como sucede en algún país conocido, negarles la capacidad de seguir gastando si no se ajustan a la preferencia de la mayoría.
Está claro que la enorme maquinaria de la Administración Pública necesita un presupuesto para funcionar; esto es de sobra conocido por quienes trabajan en ese sector o para ese sector: si no hay partida asignada, no se puede aprobar el gasto. Entendida pues, como herramienta para el propio funcionamiento, resulta útil; pero ¿qué sentido práctico tiene para los contribuyentes? Cuando queda claro que los impuestos no bajan, que se eliminan las reducciones vigentes en la cuota de algunos impuestos, etc., poco queda por hacer, aparte de pagar, y esperar que vengan tiempos mejores para el contribuyente.
Para abundar en mi escepticismo, habría que señalar que apenas hay debate sobre el grado de cumplimiento del Presupuesto Público así presentado, discutido y aprobado: ¿hay algún ejercicio semejante sobre el cierre del ejercicio anterior? No me refiero a las cifras reales de la economía, que se conocen cada mes o trimestre según corresponda, sino al grado de cumplimiento del Presupuesto; es decir, si los ingresos se ajustaron a lo esperado, y si los gastos respetaron los niveles fijados, en suma, si se cumplió algo de lo debatido.
Evidentemente, desde la Intervención General se controla escrupulosamente esas variables; pero está claro que no hay ningún debate público trascendente comparando la realidad frente a lo previsto el año anterior. Baste, si no, comprobar que en la web de la Intervención General del Estado actualmente puede consultarse el cierre provisional del ejercicio presupuestario de 2012 con los datos disponibles a Octubre de 2013; por resumir un poco la situación provisional, entre el presupuesto aprobado en el debate de 2011, el avance de liquidación del presupuesto de 2012 con los datos disponibles diez meses después del cierre, y los pagos y cobros realmente contabilizados, se puede establecer un abanico de déficit público, o si se prefiere, necesidades de caja, que oscilan entre los 28.300 M € que figurarían en algún apartado de la documentación entregada en el Parlamento, hace ahora dos años, y los 36.300 que se deducen del avance de la liquidación.
A mi juicio, la práctica acumulada centra mucho la atención del público en el debate del presupuesto, muy poco en su desarrollo, y casi nada en conocer el comportamiento real; ahí se refuerza mi escepticismo al respecto.
