Consuelo Sánchez Naranjo, desde la Secretaría General para la Administración Pública, ha trabajado en la elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público.
esPublico. Por fin en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público ¿Está satisfecha con el resultado?
Consuelo Sánchez Naranjo. Lo cierto es que sí. No sólo porque era un mandato explícito recogido en la Constitución, en el artículo 103, sino porque se ha elaborado con dos objetivos últimos: mejorar el servicio al ciudadano y dignificar la condición de las personas que trabajan en el sector público, con independencia de la Administración: local, autonómica o general del Estado. Pero además, el Estatuto es una norma básica, lo que ha requerido de un amplio consenso con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los sindicatos. En definitiva, la Ley ha supuesto un importante esfuerzo de unificación, si bien respetando la diversidad, de innovación y de apertura de caminos que deseamos que tenga resultados beneficiosos en nuestro modelo de empleo público.
esPublico. Uno de los objetivos buscados es una mayor eficacia en la prestación de servicios públicos. Pese a la creciente presencia de servicios telemáticos y de administración electrónica ¿Al final el plus de servicio siempre depende de las personas, en este caso de los empleados públicos?
Consuelo Sánchez Naranjo. En efecto. Detrás de cada servicio, de cada unidad, existen personas, con una vida privada, que se han sentido atraídos por el desarrollo de su carrera en el sector público. Si tenemos en cuenta esta premisa, estamos reconociendo, en beneficio de la Administración, que poseemos un “capital humano” que ingresa relativamente joven y muy ilusionado. Una vez que se incorpora, corresponde a la propia Administración motivarlo y otorgarle la posibilidad de desarrollar una carrera profesional que mantenga esta vocación por lo público que le ha llevado a participar en los procesos selectivos de acceso a la función pública.
El Estatuto, como norma básica reguladora del estatus profesional de los empleados públicos, tiene presente esta idea de motivación y desarrollo de su carrera profesional. Si logramos que la Administración sea capaz de desarrollar plenamente todas las capacidades de sus profesionales, será mucho más sencillo obtener una Administración que cumpla su objetivo básico de servicio al ciudadano de manera eficaz. La introducción de trámites y procedimientos telemáticos que supone el desarrollo de la Administración electrónica es un medio dirigido precisamente a este fin, que otorga legitimidad última a la Administración: el servicio a los ciudadanos. Pero detrás de todo ello, no debemos olvidar que se encuentran los empleados públicos y, en las organizaciones, lo más importante son las personas que trabajan en las mismas, esto es, el factor humano.
esPublico. Desde su experiencia en diversos puestos ¿cree que la percepción que los ciudadanos reciben de la Administración ha cambiado en los últimos años? En este sentido ¿cómo percibirá el ciudadano que algo ha cambiado después del Estatuto?
Consuelo Sánchez Naranjo. La imagen de la Administración suele estar vinculada a estereotipos tradicionales sobre el mal funcionamiento de las organizaciones públicas, su ineficacia, burocracia o despilfarro. Sin embargo, creo que podemos afirmar que esta opinión que circula en el “imaginario colectivo” pierde peso cuando se analiza el funcionamiento concreto de cada uno de los servicios públicos. Es entonces cuando nos encontramos una imagen más real, compleja y, en suma, más positiva de la Administración pública. ¿En que me baso para afirmar esto? No sólo en encuestas conocidas que señalan que los ciudadanos perciben la prestación de los servicios en España como equitativa, sino en una fuerte demanda creciente o persistente dirigida a la Administración para que se encargue de la solución de los más variados problemas ciudadanos. En todo caso, debemos tener en cuenta que los ciudadanos no poseen sólo una percepción de la Administración, sino que distinguen los distintos niveles de gobierno (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales) y valoran en distinta medida su actuación.
El Estatuto Básico del Empleado Público se encuadra en un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la prestación de los servicios públicos. Nadie duda de que un servicio público prestado por personas motivadas, que pueden conciliar su vida familiar con el trabajo y con posibilidades ciertas de promoción, funciona mejor que en las condiciones contrarias. La modernización de las Administraciones públicas a través del Estatuto es una estrategia a desarrollar en el tiempo, y el ciudadano acabará percibiendo las mejoras en la gestión de los servicios públicos.
esPublico. Y para el empleado público ¿cómo se concretan medidas como el desarrollo profesional, evaluación de desempeño ligada al sueldo, etc?
Consuelo Sánchez Naranjo. El Estatuto tiene por objetivo la dignificación del empleo en las Administraciones Públicas. Esta labor de dignificación de las condiciones de trabajo se materializa, entre otros aspectos, en una apuesta por la carrera profesional y a través de la promoción interna y la evaluación del desempeño, en la que estamos trabajando actualmente. La evaluación del desempeño no es otra cosa que un mecanismo para premiar a aquellos empleados públicos que están mostrando un especial interés en el servicio público y que, en la actualidad no reciben incentivos adecuados que mantengan esta motivación.
esPublico. Productividad, creación de la figura del directivo público, evaluación del rendimiento o ampliación de las modalidades de contratación. ¿Una adaptación de criterios de gestión empresarial a la Administración Pública?
Consuelo Sánchez Naranjo. Desde luego, en la elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público se han tenido en cuenta, en parte, las prácticas de gestión de recursos humanos que han dado frutos positivos en el ámbito privado. Pero, en concreto, en el desarrollo de la figura del directivo público o la evaluación del desempeño, se han considerado también, sobre todo, experiencias en otras Administraciones públicas de nuestro entorno. No podría ser de otra forma, pues debemos tener en cuenta que las organizaciones públicas son espacios sociales altamente dinámicos y complejos, con un contexto, valores, símbolos, actores y normas distintos de las organizaciones privadas. Estos elementos impiden una transmisión acrítica de técnicas de gestión del ámbito privado al público, también en el ámbito de los recursos humanos. Entre otras cuestiones, porque siendo la eficacia y la eficiencia elementos importantes en la gestión, no podemos perder de vista que las Administraciones públicas sirven a los ciudadanos y no es el mercado, por lo tanto, su única referencia tal y como acontece en el sector privado.
esPublico. La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información establecerá que el Gobierno impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 diciembre de 2007, una cobertura total de la población ¿Qué papel habrán de jugar los Entes Locales en este ámbito?
Consuelo Sánchez Naranjo. La extensión de la banda ancha a las zonas rurales jugará un papel esencial en el impulso de la sociedad de la información en nuestro país, pues contribuirá a disminuir la brecha digital y a aumentar la demanda de productos a través de comercio electrónico y de servicios públicos digitales, ya que precisamente beneficia a los ciudadanos con mayores dificultades para acceder de forma presencial. Desde el Ministerio de Administraciones Públicas también queremos facilitar la incorporación de esta población a la sociedad de la información y para ello los Entes Locales, a través de sus Comunidades Autónomas, se están adhiriendo a la red SARA que coordina el Ministerio, posibilitando el intercambio de información electrónica entre administraciones de forma rápida y segura. En estos momentos también tenemos en marcha la firma de un convenio con Red.es que servirá para que los ciudadanos que acuden a su red de telecentros conozcan los servicios electrónicos disponibles y accedan a ellos con ayuda de profesionales formados para ello.
esPublico. De cara a 2010, las Entidades Públicas han de modernizarse para ofrecer servicios telemáticos. ¿Cómo se ve este horizonte desde la Secretaría General?
Consuelo Sánchez Naranjo. Cada vez más cercano, pues en 2007 la Administración General del Estado ofrece ya algunos servicios por vía telemática. En el Ministerio estamos apostando en esta dirección. Junto al proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, cada vez son más los servicios que tenemos disponibles para las administraciones que los deseen, como la plataforma de validación de certificados electrónicos, incluidos los del e-DNI, el servicio de notificaciones telemáticas o los sistemas de verificación de datos de identidad y de residencia. Además, en la Oferta de Empleo Público para este año hemos previsto que los Departamentos ministeriales y Organismos públicos que no dispongan de registro telemático para la tramitación de inscripciones de los candidatos que se presenten a pruebas selectivas, puedan establecer convenios con este Ministerio para que éstas se realicen a través del registro ubicado en la página web de la Red 060. A través de esta red, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder de forma ininterrumpida a toda la información relacionada con las Administraciones públicas (no sólo procesos selectivos sino información de tipo institucional, normativa, etc). Se trata de un instrumento ambicioso con más de 2800 puntos de información y que unifica más de 1000 teléfonos de atención ciudadana de la Administración General del Estado. Sin duda queda mucho por hacer, pero el camino recorrido no es pequeño.
esPublico. La Ley establece que las Administraciones Públicas promoverán el empleo de medios electrónicos para facilitar la transparencia y la participación en la adopción de decisiones públicas ¿Puede desarrollar esta idea?
Consuelo Sánchez Naranjo. La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones (fijación de la agenda, desarrollo y ejecución de las políticas públicas) se ha convertido en uno de los temas de mayor calado en el debate político de las sociedades occidentales actuales. Desde el punto de vista teórico, existe un auténtico debate acerca de las formas de materializar en el ámbito de nuestros sistemas políticos el concepto de “democracia deliberativa. Todo nuestro trabajo en las Administraciones públicas debe dirigirse a favorecer una mayor participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones, contando con sus opiniones y facilitando el acceso transparente a los resultados de nuestra gestión.
En este sentido, el incremento de medios electrónicos en la gestión diaria favorece el acceso de los ciudadanos al trabajo de la Administración y facilita el contacto directo con la misma. Por eso, hemos elaborado el proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones públicas, con objeto de reconocer un derecho que poseen, el de acceder a sus servicios de forma telemática. Sinceramente, creo que las nuevas tecnologías pueden constituirse en un instrumento clave para el perfeccionamiento de nuestra democracia.
esPublico. Se propone establecer el uso obligatorio de la factura electrónica en la contratación con la Administración General del Estado ¿Es demasiado pronto para plantear la ampliación de esta obligación al resto de las administraciones territoriales?
Consuelo Sánchez Naranjo. Las administraciones territoriales en general se están incorporando a un ritmo sorprendente a la utilización de las nuevas tecnologías y a la implantación de servicios electrónicos. El problema es que existe una gran dispersión y, mientras unos Ayuntamientos van muy avanzados, otros apenas se han puesto en marcha. La entrada en vigor de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, de la que venimos hablando y que en estos momentos está concluyendo su tramitación parlamentaria, desempeñará un papel dinamizador esencial para que todos los municipios, sin excepción, se incorporen a la administración electrónica. En este caso, las Diputaciones Provinciales, los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, pueden desarrollar una importante función para ofrecer servicios comunes. Como decía, en el Ministerio también estamos trabajando en esta dirección y cada vez son más los servicios que tenemos disponibles al servicio de otras administraciones. Por ello, no es de extrañar que también pronto se amplíe también a las administraciones territoriales el uso obligatorio de la factura electrónica.
