Mientras alrededor de un millón de empleados públicos españoles (singularmente los vinculados a MUFACE, MUGEJU o ISFAS), celebramos, con vino peleón porque la situación no da para más, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya comenzado a devolver la retención aplicada a una inexistente paga extra, observamos, como el sabio de Calderón de la Barca, que otros colegas están mucho peor que nosotros.
Si en esta frontera entre abril y mayo tenemos que contentarnos porque se nos devuelva lo indebidamente apropiado y que, en vez de una paga se nos dé, en función de nuestro sueldo, una limosna oscilante entre 63 y 156 euros, lo de Grecia alcanza tintes dramáticos.
El Parlamento griego, como hemos leído, visto y oído en los medios, ha aprobado a última hora del domingo, 28 de abril, una nueva ley para cumplir las recomendaciones de la temible troika formada por el FMI, el BCE y la Comisión Europea, que, entre otras medidas de excepción, permitirá despedir, como ya se venía anunciando, a unos quince mil trabajadores públicos, en una reducción que tendrá su punto álgido en 2014; es decir a la vuelta de la esquina.
La nueva ley fue apoyada por los tres partidos políticos que forman la coalición de Gobierno obteniendo 168 votos a favor y 123 en contra.
Para tranquilizar al personal (aunque allí, como aquí, cada vez que un político intenta sosegar el ambiente, lo caldea), el ministro para la reforma de las Administraciones Públicas, Antonis Manitakis, ha señalado que “en muchos casos” (sic) esas bajas “serán repuestas con nuevas contrataciones”. ¿De los cesados? ¿De nuevas caras para rejuvenecer la función pública y aminorar el paro? Explicación rara, al menos para los que la recibimos desde la distancia, porque o sobran esos puestos o no están de más, en cuyo caso no se entiende ni la medida ni menos el ahorro que podría comportar.
El señor Manitakis, además, ha explicado que serán expulsados del aparato estatal, preferentemente los servidores públicos “inmersos en procesos disciplinarios, los contratados de forma fraudulenta y los que trabajen en entidades que vayan a fusionarse o desaparecer, mientras que a los que están en la reserva o en programas de movilidad se les ofrecerá una jubilación voluntaria” (que, en la práctica, será forzosa).
Me quedo sólo con la frase relativa a los funcionarios sometidos a expediente o contratados fraudulentamente, porque me ha dejado estupefacto. Primero, por razones jurídicas elementales: un procedimiento disciplinario puede evidenciar, al final, en vía administrativa o judicial, la plena inocencia del expedientado. ¿No se va a esperar a que se acabe el recorrido y a todo “inmerso” en unas actuaciones de este tipo se le va a poner en la calle? Parece imposible en una democracia asentada con principios constitucionales muy similares a los nuestros y en un país que ha ratificado los mismos convenios de protección de derechos que el resto de Europa.
En segundo término, lo de los contratados fraudulentamente (supongo que por previa prevaricación o ausencia de todo procedimiento basado en la publicidad el mérito y la capacidad), también exigirá con anterioridad depurar qué se ha entendido, en cada caso, por incorporación fraudulenta.
Quiero pensar que el grueso de los despidos vendrá por las fusiones o supresiones de entidades superfluas y que los dos supuestos anteriores arrojarán –especialmente el de los sometidos a expediente- unas cifras casi testimoniales sobre esos quince mil ciudadanos, aún anónimos, sobre los que planea el fantasma de la desocupación. Una cifra brutal. Pensemos que municipios españoles tan conocidos como El Escorial, Jaca o Llanes rozan ese número en vecinos.
Si es como pienso y en Grecia no hay miles de empleados públicos transgresores, de entrada o en el cargo, de la ley, las palabras apaciguadoras del ministro no han podido ser más desafortunadas. Incluido el efecto sobre la imagen del querido país heleno.
