Gestión y dirección

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alcaldeEn muchas ocasiones, en la gestión diaria en un Ayuntamiento me pregunto el porqué de algunas cosas. Por ejemplo por qué el Alcalde tiene las competencias que tiene y por qué está omnipresente y ubicuo en toda la gestión municipal. Por qué se decidió establecer este sistema gestor presidencialista.

Con la transición política tras el franquismo se pasó de un sistema casi totalmente tecnocrático a un sistema casi totalmente de dirección política. La Ley de Bases configura un sistema en el que el Alcalde es un órgano político pero además, un órgano gestor en lo más extenso de la expresión. O lo que es lo mismo, el Alcalde, elegido mediante sistema indirecto, configura el gobierno municipal, gobierna y administra, desde su posición, define la idea política y ejecuta  todo lo necesario para la acción de esa idea. Así (dicho sea en términos de hipótesis) de acuerdo con el programa electoral que le ha llevado al poder, impulsa los proyectos y políticas municipales a través de la aprobación del presupuesto aplicando recursos escasos a necesidades alternativas. Hasta ahí, todo correcto.Como la historia determina el comportamiento colectivo aunque no queramos, quizás hay que considerar que el bandazo fue excesivo y que convendría, tras más de veinticinco años de Ley de Bases reflexionar acerca de si el sistema elegido no genera serias disfuncionalidades en algunos aspectos en cuanto  nuestro ordenamiento jurídico local y el funcionamiento normal de un Ayuntamiento.

Siempre me he cuestionado qué necesidad hay de que un Alcalde sea quien decida acerca de actos absolutamente reglados. ¿Por qué tiene que ser el Alcalde quien otorgue una licencia de obras cuando el procedimiento para su concesión es un acto perfectamente reglado? ¿Por qué debe intervenir el Pleno o el Alcalde para aprobar un pliego de condiciones de contratación de obras o para ejercer la jefatura superior del personal? El Pleno debiera ser un órgano de decisión de las grandes políticas públicas y sociales y el Alcalde el director de la orquesta, decide qué obra se va a interpretar pero no la ejecuta (aunque muchas, las perpetra) personalmente. Así, la ejecución concreta de las políticas ¿no debería encomendarse a los funcionarios o a técnicos independientes cualificados? Vaya por delante que personalmente prefiero no tener responsabilidades, es más cómodo, pero hay que indicar también que no tiene mucho sentido que se haya evitado un sistema gerencial que recaiga en grupos de profesionales cualificados. Pareció más democrático así porque veníamos de una tecnocracia pero no es probablemente mejor el sistema actual. Al igual que un sistema más centralista no tiene porqué ser menos democrático que uno absolutamente descentralizado.

Lo mismo ocurre con la Administración Autonómica. Bien está que el Gobierno autonómico sea el que adopte las decisiones importantes y dirija la política general que le compete, es decir quien aplique un programa de gobierno legitimado por las urnas. Pero a partir de ahí, el entramado de pasteleo que se organiza es tremendo, ineficiente y absurdo.  Al margen del aspecto clientelar, que sin duda es muy importante, no se entiende por qué tiene que ser un jefe de servicio un cargo de designación política.

De una forma ridícula, se parte de una falsa, insostenible e implícita presunción de que el político no puede fiarse del funcionario porque este es desleal, incompetente, parcial u obstruccionista. Cuando en este momento es, o al menos debiera serlo sin duda, un profesional independiente y cualificado para ejercer una función pública al servicio (meramente) de la norma y para aplicar los programas decididos por los legitimados democráticamente. Y hemos de decir que en la mayoría de los casos los funcionarios son buenos profesionales que, precisamente por tratar de ser independientes se llevan más de una colleja y se ven apartados de la gestión en beneficio de otros afines o amigos del político. Con lo que además se logra otro efecto perverso: se desmotiva al personal. La única forma de alcanzar algún puesto interesante es ser amiguete de fulano o zutano.

Estamos en este período de reajuste tras las elecciones locales y autonómicas en pleno trasiego de designaciones.

5 Comentarios

  1. Excelente artículo Ignacio, con el que estoy completamente de acuerdo y con el que nos identificamos creo que muchos de tus compañeros.

    Con él suscitas en mi opinión -como efecto añadido- temas conexos, como los de la revisión de la teoría del órgano administrativo en la esfera local, o los de la necesidad de una mejor definición de funciones directivas y gerenciales, sobre todo en los pequeños Ayuntamientos.

    ¡Quién sabe! Puede que en un futuro no remoto por algún ocasional ‘legislador’ se nos encuentre el ‘acomodo’ menos ‘incomodo’ para quienes deciden pariendo normas a diestro y siniestro sobre todo lo humano (y sobre todo lo divino si les dejaran) pero que no terminan de encontrar el modo de «usarnos» sin que en justa correspondencia tengan que reconocernos además de con palabras con funciones (que para algo somos funcionarios) y atribuciones específicas, por aquello de que pudieran hacer sombra a sus acólitos en los Municipios.

    Pudiera ser. Pero no sueñes con ello. Una gestión funcionarial bajo una dirección política es solo un mero recuerdo latente de un sistema propio de otras épocas que, pese a algunas de sus bondades, yo tampoco creo que vuelva (y eso a pesar de que puede que en el fondo incluso fuera aún más democrático como base del sistema el principio de selección que el de elección, como cabe plantearse).

  2. Yo tengo una respuesta para la cuestión planteada por Ignacio en su artículo, («politcamente incorrecta», como no podía ser menos, viniendo de mí).

    Durante el Franquismo, no había inconveniente político (y sí ventajas técnicas), en dejar la gestión muncipal en manos de los funcionarios, pues eran una pieza más del régimen (como el cura, el guardía civil y el cacique del Pueblo) y su adhesión ideológica al régimen ya venía garantizada por otros medios.

    Con los cambios democráticos producidos a partir de la Constitución de 1978, la Administración va quedando cada vez más expuesta a la entrada de cualquier ciudadano en la función pública, por la vía del mérito y la capacidad, formal y teóricamente con independencia de su ideología, religión, extracción social, etc.

    Mucho tiempo después, la gente que ha venido accediendo a la Universidad y a los altos cargos públicos, ha seguido siendo de un perfil social e ideológico similar al que se fomentó en el franquismo (si bien con las actualizaciones y reciclajes propios de los nuevos tiempos), ya que las circunstancias sociales no se cambian de la noche a la mañana. Pero potencialmente, ya se podían dar casos de habilitados estatales que fueran ateos, libertarios, anticastizos y veganos (pongamos por caso).

    A medida que la Administración Pública se abría al pluralismo existente en la Sociedad, la reacción política no se hizo esperar y comenzó un proceso de restauración antidemocrática y totalitaria que hemos vivido los compañeros habilitados, el cual ha llevado casi a la destrucción de la habilitación estatal, por vías como: la libre designación, la transformación en Cuerpos autonómicos, el vaciamiento de contenido de los puestos, las privaciones de funciones esenciales como la jefatura de personal y de la Administración Municipal, el apoderamiento cada vez mayor de los Alcaldes, el «puenteo» masivo con toda clase de personal de confianza interno y externo, etc.

    En definitiva, el conglomerado de Partidos Políticos herederos del régimen franquista (UCD, PPOE y nacionalistas, básicamente), han puesto en marcha desde decenios, toda una serie de medidas para que la Administración Pública española se mantenga bajo su control ideológico (posfranquista) y no se produzca la transformación democrática que cabría esperar, cuando entra en aplicación práctica con todas sus consecuencias, un Estado de Derecho real dentro de una sociedad, sin el cual (lo repito una vez más), no hay ninguna Democracia posible.

  3. El poder que se la da al Alcalde es desmedido y lo sufro en mis propias carnes con un Alcalde dueño y señor del pleno,donde hablar resulta casi imposible, con la mania antidemocratica de no dejarme terminar mis intervenciones y manifestando que yo hablo cuando el diga.Lo mas logico seria,sin alterar el orden del dia,que yo acabse de exponer mis propuestas y a continuacion tuviese el Alcalde su turno.Pero en ese animo desmedido de protagonismo,la figura del Alcalde,mas en pueblos pequeños ,es la de un dictador.Pero lo peor es que ,y puedo pecar,aunque no me confiese,quien no sabe hacer la O con un canuto tenga el poder que tiene,eso si el poder de los votos,que no el poder de representacion ,puesto que muchas veces,la mayoria gobierna para sus votantes.
    Creo que ser Alcalde crea adiccion

  4. Sr. Gonzalez Benito, como siempre, sublime en sus c0mentarios.
    Este último analizando la idiosincrasia, lastres, y causas del actual estado de cosas en las Administraciones españolas, es una vez más, certero, claro y revelador.
    Pero el nivel de degradación actual ya no creo que tenga solución, en términos estrictos.
    Quizás la evolución sea la pretendida por los causantes de todo esto, a los que Usted apunta….es decir, que ante el desastre, lío, confusión, y descrédito de todo el tinglado postfranquista (administración pública incluida), se vaya diluyendo el propio concepto de «Función Pública»….

  5. Seguimos hablando del poder del Alcalde y mi pregunta para pueda ayudar¿señor Benito? es la siguiente:Habiendosenos concedido un local para el grupo municipal,el señor Alcalde no deja colocar un cartel en la puerta que da a un patio de la escuela,pese a tener desde hace dos años una resolucion del procurador del comun donde le aconseja que debe concedernos esa colocacion.Teniendo en cuenta que tal local es no visible yo pregunto¿al ser una dependencia municipal,debe estar señalizado esa dependencia donde ponga » grupo municipal de….»
    gracias

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