La dimensión relacional de la gobernanza puede ser muy útil para transformar elementos internos de gestión de la propia Administración sobre los que hay consenso que han quedado anticuados o que no funcionan de manera correcta, pero, en cambio, es muy difícil poderlos reemplazar y modernizar. Todas las organizaciones son, a nivel interno, conservadoras y las administraciones públicas todavía más. Hay una manifiesta incapacidad de superar capturas sindicarles y corporativas, de pensar fuera de la caja institucional tradicional, de salirse del sendero de dependencia, etc. Vamos a poner tres ejemplos.
El primer ejemplo es la enorme dificultad de transformar el actual y anticuado modelo de función pública (organización de recursos humanos) en sus múltiples dimensiones: renovación de los sistemas de selección, incorporación de la carrera horizontal y de la evaluación del desempeño, derechos y deberes laborales, etc. Ha habido durante las dos últimas décadas varios intentos para reformar el modelo de función pública pero el resultado ha sido nulo. El problema de fondo de este inmovilismo es que el debate se ha circunscrito entre “empleados”, entre funcionarios: funcionarios conservadores y empleados públicos sindicalizados que se oponen a cualquier reforma frente a funcionarios renovadores y expertos académicos (en su gran mayoría también funcionarios) que promueven las reformas. Son, por tanto, debates muy endogámicos que han resultado manifiestamente incapaces de diseñar e implantar un nuevo modelo de función pública. Además, el carácter corporativo de estos debates ha dificultado que los políticos se sientan involucrados y predispuestos para impulsar esta reforma ya que lo perciben como un tema muy técnico, en el que no hay una visión mayoritaria sobre el nuevo diseño y, por tanto, tratarlo políticamente puede ser una fuente de conflictos. Este escenario es ideal para que los dirigentes políticos de la Administración pública se inhiban en esta materia. En cambio, la situación podría ser muy distinta si se abriera este debate a la sociedad: a la ciudadanía, a los empresarios y a las entidades sociales. La propuesta seria abrir un foro ciudadano para definir las reglas del juego de la futura función pública en un espacio libre de capturas y de dependencias institucionales. Un debate entre “propietarios de la Administración” (ciudadanos y organizaciones socioeconómicas) y no entre “empleados” (públicos). Es evidente que la dinámica del debate sería mucho más abierta, creativa y también sensata y ponderada a nivel de equilibrar derechos y obligaciones laborales de los empleados públicos facilitando el diseño de un modelo moderno de función pública. Un informe elaborado por la ciudadanía y los actores sociales y económicos sobre este ámbito temático despertaría inmediatamente el interés de los dirigentes políticos y, además, se sentirían socialmente legitimados para implantar transformaciones dolorosas y conflictivas en clave sindical y corporativa.
Un segundo ejemplo sería la renovación de la contratación pública de la Administración. Se trata de un ámbito complejo en el que hay que articular, por una parte, la seguridad jurídica para evitar distorsiones heterodoxas y corruptas y, por otra parte, lograr un modelo eficaz y eficiente que fomente la calidad de la contratación pública. Tradicionalmente suele ponderarse el primer ingrediente y queda en una situación marginal el segundo. Otro problema es que el modelo es tan garantista y complejo que deja fuera de la contratación pública a las pequeñas empresas (muy mayoritarias en el país) y solo tienen capacidad de presentarse las grandes empresas con escala suficiente para atesorar buenos gabinetes técnicos y jurídicos. La propuesta sería someter la reforma y mejora de la contratación pública a una audiencia abierta conformada por ciudadanos, por pequeños y grandes empresarios, por la sociedad civil organizada y por expertos. Se puede especular que no serían nada desdeñables las propuestas que pudieran surgir en este foro para lograr un nuevo modelo de contratación pública mucho más fluido, más permeable a un amplio espectro de actores socioeconómicos y sin perder sus capacidades de seguridad jurídica.
Un tercer ejemplo sería el vinculado a retos emergentes de carácter interno de las administraciones públicas. Desafíos, cómo, por ejemplo, diseñar potentes sistemas internos de información (gobernanza de datos) o la introducción de la inteligencia artificial en la gestión pública. Se trata de temas en los que hay un déficit de conocimiento interno y que, por tanto, sería interesante abrirse al conocimiento externo tanto de carácter académico como empresarial. No hay muchas dudas que esta apertura a la sociedad permitiría ampliar horizontes siempre con la debida cautela de saber discriminar las posiciones fundamentadas exclusivamente en determinados intereses empresariales.
Es un brillante artículo que recoge con precisión los problemas más enquistados que tenemos en las administraciones.