Echar un garabato

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Cuántas veces hemos oído a empleados “relacionados con el papel”, ya sean funcionarios, trabajadores de compañías de seguros, o administrativos de cualquier empresa (ej. taller mecánico de vehículos) al terminar de rellenar un formulario, decir: “echa/e un garabato aquí” para indicar que firme el documento que se le pone delante. Y realmente es un poco exasperante, aunque quienes presenciamos a menudo la escena nos callemos por mor de la paz y la convivencia. Porque la cuestión es que el propio rellenador del documento, al emplear esa expresión, está hurtando todo el valor que tiene la firma, está considerando que la firma es una mera necesidad burocrática sin sentido, cuando en realidad es lo que corrobora una manifestación de voluntad. Con la firma se está declarando que se conoce y se presta conformidad a lo que figura en un escrito, al contenido del mismo. Bien lo saben los civilistas y los tribunales de la jurisdicción civil ordinaria cuando sostienen demandas y emiten sentencias respectivamente, bajo el argumento de que “usted firmó el documento”. Pacta sunt servanda, dice el aforismo latino. Lo malo es no saber lo que dice el pacta. Obviamente, en casos determinados, si se consiguiese demostrar que efectivamente no se sabía lo que se firmaba por razones evidentes o hubo engaño, un juez podría “salvar” a quien actuó de buena fe. Pero estos casos son los mínimos.

Cuántas veces se ha complicado la vida mucha gente al firmar sin saber lo que se firmaba. En realidad, todos lo hemos hecho en alguna ocasión, por diversas razones:

1) Porque se tiene plena confianza en quien te pone a la firma el documento.

2) Porque el documento es farragoso hasta el extremo.

3) Porque son demasiados los documentos que hay que firmar.

4) Porque no se entiende nada y no se quiere parecer idiota.

En muchos casos, el firmante, en un momento determinado, se ve metido en un lío de milpares por no haber dado importancia a lo que firmaba. Luego viene, como se diría en castizo, el tío Paco con las rebajas. Cuántas veces se nos ha dicho “eche un garabato aquí para la protección de datos” o “eche un garabato aquí para el consentimiento informado”, a veces ni siquiera, simplemente un mero “eche un garabato aquí”. Cuando uno está realmente fastidiado (por no emplear palabras malsonantes) y hay que firmar para que empiece una colonoscopia por ejemplo se firma lo que sea. Cuántas veces le he dicho al enfermero/a/e que te pone delante el papel: Ah sí, esto es lo que acredita que si me muero vds. no tienen la culpa, ja, ja, ja. Eso si no duele nada en ese momento, porque si duele, pocas bromas, nada de jajajás.

Y así, nos hemos pasado cuatro pueblos. Si -como decíamos- te van a hacer una colonoscopia, una resonancia o cualquier acto médico que pudiese entrañar, aunque sea remotamente un peligro potencial, hay que firmar. Sería ilustrativo que se hiciese una encuesta entre los ciudadanos (la podría hacer el CIS y así haría algo útil), para preguntar a los peatones/usuarios si saben qué han firmado con respecto al “consentimiento informado” o respecto a la “protección de datos”. Es obvio que no se va a hacer porque los resultados los presumimos. Como los contratos de adhesión que se firman para obtener un suministro básico. Letra pequeña en courier 5, con un texto preparado por un gabinete de cincuenta abogados en la planta quince de un edificio de la Castellana. Lo tomas o lo dejas, se siente. Cedes datos, poner cruces, declaras que sabes y firmas lo que haga falta. La vida es así. ¿Podemos imaginarnos el colapso que habría en hospitales, ayuntamientos, comunidades autónomas, compañías de seguros, de telecomunicaciones, de suministro de electricidad si cada usuario leyese detenidamente (y se le prestase una lupa, claro) hasta comprender lo que se pone a la firma o pidiese que alguien le explicase didácticamente a qué se está comprometiendo? Pues eso, colapsaríamos.

Esta bonita sociedad del bienestar y de prestación de servicios no practica otra cosa que lo que hemos llamado en otras ocasiones una administración defensiva, o lo que es lo mismo, se pone vendas antes de la herida, preconstituyendo pruebas. Cada día -se nos dice- tenemos más garantías y más derechos, pero a medida que crecen éstos, todas las organizaciones se blindan. Claro que el problema viene por el art. 1902 del CC, la responsabilidad patrimonial de la administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, la Ley de Protección de Datos etcétera.

¿La solución? Difícil. Claridad y brevedad en los formularios, insistir en que se deben leer, explicar a fondo las implicaciones de cada cosa con paciencia. Y que Dios reparta suerte, como en los toros.

1 Comentario

  1. Echar esos garabatos me recuerda a los que se exigen a los habilitados que «echen/echemos» cuando resulta preceptivo marcar una X en una casilla para certificar que se ha cumplido la legislación de contratos del sector público a la hora de la justificación de ciertas subvenciones.
    No me parece que echar una X en un documento pdf en relación con una valoración subjetiva del cumplimiento del ordenamiento jurídico en algo tan complejo como esta legislación sea una de las atribuciones de la fe pública, conforme al Real Decreto 128/2018.
    Aquí el problema creo que viene cuando ciertas corporaciones de Derecho Público no parece que estén interesadas en que la fe pública de los habilitados sea algo más ajustado al Real Decreto 128/2018, y menos arriesgado que echar una X en un recuadro de un documento pdf con las consecuencias que puede suponer esa certificación. No obstante, creo que alguna de estas corporaciones sí se ha pronunciado al respecto.

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