La Administración Local del futuro

El proceso iniciado con la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, y en concreto su desafortunada Disposición Adicional 2ª, relativa a los Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal, puede suponer una nueva configuración del funcionamiento interno de los entes locales. En concreto me estoy refiriendo a las condiciones en las que Secretarios e Interventores habremos de desarrollar las funciones de asesoramiento legal, control y fiscalización de la actividad económico-financiera, presupuestaria, contable y de tesorería, funciones públicas que hasta la fecha la legislación española proclama como necesarias.Considero nada caprichosa la sustitución del término “nacional”, por el de “estatal”. Detrás de esta aparentemente impremeditada preocupación terminológica del legislador estatal, se esconden a mi entender otras razones e intenciones de mayor peso y calado político-administrativo.

Se trata de desmontar, para luego reinventar, el sistema de control de legalidad interna de los ayuntamientos. Y en este proceso programado el objetivo final no es otro que el modelo de “administración cortijo”, en el que los titulares de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal (FCHCE) vean sensiblemente mermadas y mediatizadas sus capacidades y mecanismos de control de la actividad administrativa interna. Un nuevo modelo en el que los munícipes se sientan más cómodos, menos vigilados, y en el que a su vez las comunidades autónomas dispongan de un mayor control y conocimiento de los asuntos internos de las administraciones locales.

La evolución histórica y legislativa de la figura del Funcionario de Habilitación Nacional, perdón, Estatal, ha sido notable. Si bien desde hacía muchos años esta singular figura funcionarial se caracterizaba por su singular dependencia de tres administraciones: la Estatal, la Autonómica y la Local. Sistema peculiar en el que su gran virtud radicaba en el hecho que la administración local, el Ayuntamiento, Agrupación, Mancomunidad, … en la que uno desarrollaba su trabajo, no era la administración que lo había seleccionado, ni tampoco la que salvo excepciones disponía de competencia en materia disciplinaria. Era la Administración del Estado, en concreto el Ministerio de Administraciones Públicas, la encargada de seleccionar y formar a los futuros funcionarios, cuya retribución si que provenía de la entidad local de adscripción. Todo sistema es susceptible de mejorar, y también de empeorar, pero no cabe duda que el anterior ofrecía mayores garantías de independencia y objetividad por parte del funcionario.

El fenómeno emergente descrito, salvando las sensibles diferencias, guarda ciertas similitudes con lo ocurrido en otros niveles político-administrativos. Hace tiempo que la mayor parte de la doctrina da por aceptada la crisis del principio de separación de poderes, el cual se ha visto sustituido por el de interdependencia de poderes, o lo que en la práctica conocemos como “confusión de poderes”. El Parlamento como espacio en el que el Gobierno de mayoría absoluta se controla a sí mismo y actúa como legislador a priori; el Poder Judicial politizado y el gobernante actuando per se, y no para la ciudadanía.

El pesimismo que inspira este artículo parte del nuevo proceso de selección de los FCHCE. Y es que la mejor y más rápida manera de acabar con este incómodo sistema de control interno es instaurar un proceso selectivo descentralizado que permita intervenir más directamente a los dirigentes autonómicos en el proceso de cooptación de los llamados a ser controladores y fiscalizadores de los actos y actuaciones administrativas de los ayuntamientos. Pero éste es sólo el primer paso, quedan otros muy importantes por dar. Puede que el siguiente afecte al régimen disciplinario de los citados funcionarios, y a continuación estaremos hablando del sistema retributivo. Y con ello el círculo quedará perfectamente cerrado.

Tengo el convencimiento que la intervención en la gestión de la cosa pública requiere un plus de pulcritud, rigor y profesionalidad. Ya se que no son buenos tiempos para la lírica. Se que se vive mejor en sintonía y armonía con el poder político. También se de las consecuencias de un reparo en lo económico elevado al Pleno. Y de las miradas asesinas tras formular en una sesión pública una advertencia de ilegalidad. Pero también estoy seguro que se duerme y descansa peor, al menos para quienes aún tenemos ciertos principios morales que influyen y en algunos casos determinan nuestras actuaciones. Concibo a los altos funcionarios municipales, Secretarios, Interventores, Tesoreros,… como un contrapeso necesario a la acción política. Y qué decir del Secretario-Interventor, quien en las pequeñas poblaciones aglutina en solitario todo el orden jurídico, administrativo y económico de la Corporación Municipal.

Si aceptamos que el mundo evoluciona hacia una concepción cada vez más global, en los económico, laboral, político, social, …, también hemos de valorar el papel cada vez más importante que va a adquirir lo local. La segunda descentralización administrativa aún se encuentra pendiente. Y ello es debido al desinterés de la Administración del Estado, pero sobre todo al inexplicable comportamiento de las comunidades autónomas. Por un lado demandando sin desdén la ampliación de su esfera competencial sobre la base de un caduco centralismo, y por otro negando a las entidades locales lo que el tan manido principio de subsidiariedad proclama: garantizar una toma de decisión lo más cerca posible del ciudadano.

Y  en el seno de este proceso acaparador de poder y competencias por parte de las comunidades autónomas, se enmarcaría el interés por el control de los entes locales, pero no un control jurídico, de legalidad, sino de oportunidad, siendo una de sus vertientes la desmembración del Cuerpo de Funcionarios de Administración Local con habilitación de Carácter Estatal. La ecuación es sencilla: a mayor control ejercido sobre el controlador, menor capacidad e independencia de éste para ejercer el control debido.

Y al final, y como suele ser mala costumbre, el perjudicado será el administrado, quien con sus esfuerzo económico contribuye al sostenimiento del gasto público. Dinero público del que nos nutrimos en los Ayuntamientos y que hemos de saber gestionar eficaz y eficientemente para devolver a la ciudadanía en forma de servicios.

Quien conoce un poco la administración local desde su interior sabe del riesgo que supone dejar rienda suelta a ciertos políticos en sus actuaciones, en las que prima la inmediatez del rédito político, electoral y en algunos casos personal, sobre el interés general, base y fundamento de todo servicio público.

 Una de las virtudes (o defectos) de la democracia es que todo ciudadano en plenitud de sus derechos civiles pueda ser elegido Alcalde, lo que en lógica supone que algunos regidores municipales puedan carecer de la más elemental formación, no ya académica o profesional, sino humana y moral. Personas cuyo desorden personal no les permite gobernar adecuadamente ni su propia “hacienda”, y en cambio se encuentran en sus manos con las riendas de un gobierno municipal , tomando decisiones que afectan a las condiciones de vida de muchos vecinos. Estaríamos pues en presencia de una de las fases de degeneración de la democracia, previsión profética a la que ya hacían referencia ,entre otros, Aristóteles y Polibio.

Y en este contexto de desorden , de posibles voluntades viciadas e irracionales , se incardina la figura del Habilitado Estatal, que especialmente en las pequeñas Corporaciones Municipales , que son la inmensa mayoría en España , ejerce la función de asesor “total”, anteponiendo a modo de escudo o parapeto frente al poder político el principio de juridicidad.

Sirva este artículo como homenaje a los compañeros y compañeras que sirven en el mundo local, cuyo trabajo se caracteriza, tal y como escribiera Eugenio D´ors por “La nota del esfuerzo y la ordenación personal sobre el mundo exterior, que estaba desordenado”.