Es indudable que los procesos selectivos en las administraciones públicas son complejos y mucho más en los últimos tiempos debido a que los procesos de estabilización obligan una mayor concurrencia de candidatos. El caso de las oposiciones organizadas por la Generalitat de Cataluña celebradas el día 29 de abril de 2023 era especialmente complicado tanto por la presencia de candidatos (unos 13.500) como por los diferentes perfiles que se examinaban (los distintos grupos del cuerpo general y distintos grupos, cuerpos o perfiles especializados). En cambio, el tipo de prueba era bastante sencilla de organizar ya que se utilizaba la metodología de los test.
No dudo que se tratara de una cierta prueba de estrés para esta Administración, pero en absoluto puede considerarse como una situación excepcional. Hace años hacer este tipo de pruebas era algo ordinario en nuestras administraciones públicas y no se detectaron grandes problemas e incidencias. Sin ir más lejos el pasado 7 de mayo Correos organizó unas pruebas selectivas en las que participaron 55.000 candidatos en cerca de 50 sedes repartidas por el territorio y todo funcionó sin ningún tipo de incidencia remarcable. Las administraciones públicas poseen conocimiento y experiencia suficiente para realizar estos tipos de procesos selectivos e incluso otros mucho más complejos como es el caso de las pruebas de selectividad en el que se movilizan decenas de miles de candidatos en cada autonomía o los procesos selectivos de los MIR.
Por esta razón resulta sorprendente el caos que llego a un esperpento si matices en las oposiciones celebradas por el gobierno autonómico catalán. No funcionó absolutamente nada: tiempos de espera injustificados para que los opositores pudieran acceder a sus pruebas que, en algunos casos, superaron las seis horas y tuvieron que suspenderse. Aulas no bien dimensionas en las que los candidatos estaban literalmente unos encima de otros e incluso algunos tenían que hacer el ejercicio sin tener mesa y asiento. Exámenes en los que se solicitaban los datos personales cuando por confidencialidad deberían ser clasificados mediante códigos, falta de vigilancia en algunas aulas que fomentó un trabajo colaborativo entre los candidatos a la hora de rellenar las respuestas con la posibilidad de consultar los teléfonos móviles para buscar las respuestas correctas. Las aulas donde estaban los candidatos con necesidades especiales (lactantes, diferentes niveles de discapacidad) fueron las más descuidadas y con menor apoyo logístico. La guinda del esperpento fue que cuando un opositor exigía ir al baño el vigilante se lo prohibía, pero otro vigilante que estaba en la otra punta de la sala dijo en voz en grito “este sí que puede ir al baño que es un discapacitado”. Su discapacidad se hizo publica ante decenas de personas. Parece que los procesos selectivos están exentos de los rigurosos protocolos de protección de datos.
Un ingrediente que llama poderosamente la atención es que esta Administración externalizó una parte importante de este proceso a una empresa privada. Las externalizaciones forman parte del paisaje administrativo, aunque también es cierto que la eficacia y eficiencia de muchas de estas dinámicas dejan mucho que desear por la falta de capacidad de control de la propia administración externalizadora. Pero en este caso se trata de una externalización que llama la atención por dos motivos: a nivel estético no parece muy acertado externalizar una actividad tan interna como es un proceso selectivo que debería ser ejecutado sin dificultad por los medios de la propia administración. Por otra parte, hay serias dudas jurídicas que la custodia de las pruebas, la vigilancia de las mismas y su evaluación sean funciones que pueda desarrollar un organismo privado. Las interferencias, fugas de información y posibilidades de manipulación de los resultados por diferentes intereses no está claro que puedan ser evitados de manera segura. Usualmente el garantismo en estos procesos suele ser extremo: custodia de los exámenes en cajas fuerte y traslado de los mismos por los cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, hemos pasado de un modelo garantista y seguro a un modelo flexible con elevadas posibilidades de externalidades negativas graves.
La Administración de la Generalitat reaccionó con rapidez ante este espectacular desaguisado: anunció que denunciaría a la empresa por incumplimiento de contrato, anuló todas las pruebas realizadas asegurando indemnizaciones a todas las personas afectadas (una estimación conservadora implica un impacto en las arcas públicas de un mínimo de un millón de euros) y cesó a la directora general de la función pública (alto cargo que llevaba poco más de tres meses en su puesto y que no tenía ninguna responsabilidad directa ni indirecta en este proceso siendo uno de los casos más palmarios de ejercer el papel pasivo pero sangriento de cabeza de turco). Reaccionar con rapidez, acentuada por la cercanía de las elecciones municipales, no significa una buena calidad de la respuesta. Es extraño que la nueva directora general de la función pública sea la que hasta entonces era la subdirectora de la temática y seguramente mucho más implicada, aunque sea indirectamente, en el defectuoso proceso que su superiora.
Pero esta reacción parece claramente insuficiente ya que parece que no va dirigida a la esencia del problema ya que no están nada claros los siguientes elementos:
- La empresa emitió un comunicado en el que explicaba que el proceso selectivo no estaba externalizado completamente y que su diseño implicaba una cogestión entre la Administración y la empresa. En este sentido, todo parece indicar que la Administración era responsable de la organización de los centenares de aulas, de su dimensionamiento y de comunicar a los opositores la sala donde tenían que ir. También parece que es la Administración la que tenía que encargarse que las pruebas llegaran a sus destinos. Todas estas actividades resultaron fallidas y el responsable de su mala gestión fue la propia Administración.
- Una vez descubrimos la naturaleza de la externalización en la que la empresa se encargaba de la vigilancia del proceso y de la corrección de las pruebas (ambos temas delicados en extremo) que al ser test se podían hacer de manera mecanizada. Con esta información quizás pueda considerarse excesiva que esta externalización ha sido tan generosa en términos económicos (un millón y medio de euros IVA incluido).
- La empresa se va a defender y seguramente va a ganar el pleito con la Administración. Va a utilizar probablemente a los mejores abogados defensores (tal vez abogados del Estado en excedencia) que no van a tener grandes dificultades en demostrar los evidentes fallos y carencias de la propia Administración que hacían imposible un desarrollo normal de este proceso.
- Pero tampoco tengo dudas de que seguramente la empresa también falló durante estas pruebas selectivas. Haciendo una rápida búsqueda de información fue fácil detectar que esta empresa había subcontratado a otras empresas para ejecutar distintas tares (la subcontratación es un tema espinoso en las externalizaciones). Llama especialmente la atención que una de estas empresas subcontratadas puso un anuncio en las redes buscando vigilantes solo dos días antes del proceso selectivo (anuncio publicado el 27 de abril cuando la prueba era el 29 de abril a primera hora de la mañana). No hay que ser visionario para especular que quizás había un déficit de vigilantes y que, con toda seguridad, no estaban adecuadamente formados para asumir su tarea.
- Es también evidente que la Administración convocante hizo una dejación de funciones en su ejercicio de controlar la externalización ya que no detectaron el punto anterior que era suficiente motivo de alarma para paralizar el proceso.
- No deja de ser sorprendente que se partiera de un optimismo excesivo para hacer en un solo día pruebas tan diversas y a un volumen tan enorme de candidatos. Se podría haber optado por hacerlo durante varias jornadas: por ejemplo, de cara a su repetición se ha organizado mediante dos jornadas con la mitad de candidatos en cada una de ellas para que el proceso sea más manejable.
- No deja de llamar la atención que se hagan al alimón pruebas a todos los grupos y perfiles profesionales cuando legalmente los candidatos tenían el derecho de presentarse a más de un grupo (por ejemplo, administrativo y auxiliar administrativo) y vieron limitada su capacidad de libre concurrencia ya que todas las pruebas se celebraban el mismo día y en idéntico horario y que sepamos no hay ningún candidato que pueda gozar del don de la ubicuidad.
Seguro que en este retrato y diagnóstico dejo en el tintero otras barbaridades acometidas el día de autos y también es probable que no afine hasta el último detalle sobre lo que realmente ocurrió. En todo caso la radiografía, en términos generales, es bastante completa. El mal reputacional que se ha infringido a esta Administración y a todo el sector público del país es algo que no va ser fácil de reparar. La deslegitimación social de la Administración pública es muy grave ya que los ciudadanos han quedado estupefactos y de manera inmediata han pensado “si la Administración es incapaz de organizar bien sus propios procesos selectivos como va a estar capacitada para proveernos de servicios públicos complejos”. La motivación y reputación de los magníficos empleados públicos está por los suelos y es muy injusto. Este tema es de tal gravedad que no se subsana con dimisiones: aunque sorprende que la actual secretaria de la función pública, la consejera y el anterior secretario de función pública (que es el que preparó el contrato de externalización y que ahora ocupa un alto cargo muy importante en otro ámbito de la misma Administración) se hayan ido de rositas. Pero difícilmente se resuelva el tema con dimisiones debido a ¿qué especialista en la materia va a aceptar hacerse cargo ahora de la función pública catalana? La gravedad de la situación aconsejaría que liderada su subsanación el propio presidente de la Generalitat ya que el resto de la cadena de mando ha quedado seriamente en entredicho.