No pretendo con este artículo descubrir una nueva forma de democracia. Tampoco pretendo cuestionar la democracia como sistema político. Entre una dictadura y una democracia, para mí no hay discusión posible: prefiero la democracia. Ya aguantamos 40 años de dictadura.
Pero una cosa es defender la democracia y otra pensar que la forma en que actualmente la hemos organizado es necesariamente la mejor posible. Ello no quiere cuestionar nuestra Constitución de 1978 que con sus luces y sus sombras para los que vivimos la etapa anterior la sociedad democrática española posterior ha sido infinitamente mejor que la previa etapa preconstitucional.
Después de muchos años trabajando en la Administración pública, y especialmente después de haber conocido de cerca el funcionamiento de los pequeños ayuntamientos, cada vez tengo más dudas de que el sistema actual de democracia de partidos sea suficiente para afrontar la complejidad de la sociedad en la que vivimos.
Quizá precisamente porque uno acaba viendo que entre una decisión política y su aplicación práctica hay muchas veces un abismo. Y es entonces cuando aparecen los problemas.
La democracia como conquista
La idea de democracia parte de algo extraordinariamente sencillo: el ciudadano es soberano. Durante siglos esto no fue así. El poder pertenecía al rey, a la aristocracia, a determinados grupos sociales o simplemente a quien tenía la fuerza suficiente para ejercerlo. La democracia cambió esta situación. El ciudadano pasó a tener la posibilidad de elegir a quienes debían gobernarle. Y esto me parece una conquista extraordinaria que no debemos poner en peligro.
Pero aquí es donde empieza mi reflexión. ¿Es realmente suficiente con votar cada cuatro años para poder decir que somos soberanos?
Tengo mis dudas. No porque quiera menos democracia. Al contrario. Porque creo que deberíamos tener más y mejor democracia. Más y mejor método de organizar nuestra convivencia en común. Mas y mejor método para que nuestros hijos y nuestros nietos hereden un país, una sociedad, un planeta mejor.
La democracia asamblearia tampoco es la solución
Podríamos pensar que la solución consiste en llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias y que sean los ciudadanos reunidos en asamblea quienes tomen las decisiones. En teoría suena muy bien. En la práctica tengo bastantes dudas. Una sociedad moderna es demasiado compleja.
No podemos reunir a los ciudadanos para decidir sobre cada asunto relacionado con la economía, la energía, la sanidad, las infraestructuras, la vivienda, las pensiones, la política exterior, los impuestos o cualquier otra de las miles de decisiones que tiene que adoptar diariamente un Estado.
Además, las asambleas pueden ser manipuladas. Y quien crea que lo que digo es pura demagogia convendría que se diera una vuelta por los pequeños municipios que funcionan en Concejo Abierto.
¿Os suena Fago?
Quien tiene mayor capacidad de liderazgo, de comunicación o de movilización puede terminar imponiendo su criterio sobre una mayoría que no necesariamente dispone de la misma información. E incluso quien pueda manipular la economía de la zona puede imponer su dictadura vestida de democracia. Y pensemos en algún municipio del Pirineo, aunque creo que debo aquí callar.
Por tanto, tampoco creo que la democracia asamblearia sea la solución, es más manipulable que la democracia de partidos.
La democracia corporativa tampoco
Existe otra posibilidad. Que las grandes organizaciones económicas, empresariales, sindicales y sociales tengan una participación cada vez mayor en las decisiones públicas. Es lo que podríamos llamar, simplificando mucho, una democracia corporativa.
Pero respetando opiniones distintas yo personalmente considero que tampoco me convence, y no me convence porque como he dicho quién tiene la sartén por el mango en lo económico puede manipular las decisiones políticas a su favor. Si los bancos hubieran manejado el parlamento aún iríamos con taparrabos, caros y malos, pero taparrabos.
Porque puede acabar convirtiéndose en una especie de aristocracia moderna. El que tiene dinero, organización, abogados, técnicos y capacidad de presión tiene más posibilidades de ser escuchado que el ciudadano normal.
Y por eso hemos terminado optando por la democracia de partidos. Probablemente sea el mejor de los sistemas imperfectos. Pero sigue siendo imperfecto. Y creo que deberíamos tener el valor de reconocerlo.
En la democracia de partidos ¿elegimos realmente a nuestros representantes?
Esta es una de las primeras cuestiones que me planteo. Decimos continuamente que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes. Formalmente es cierto. Pero cuando uno conoce un poco el funcionamiento de las instituciones se da cuenta de que la cosa es bastante más complicada.
En las elecciones al Congreso votamos listas cerradas y bloqueadas. Es decir, votamos fundamentalmente a un partido. Los ciudadanos no decidimos qué personas concretas ocuparán los primeros puestos de la lista. Eso lo decide el partido.
Y esto tiene una consecuencia que me parece importante. El político que quiera hacer carrera sabe que necesita, sobre todo, tener una buena relación con la organización que puede colocarlo en una posición favorable de la lista. No estoy diciendo que todos los políticos sean así. Ni mucho menos. Estoy hablando del funcionamiento del sistema.
Y aquí aparece una contradicción. El ciudadano vota al representante, pero el representante sabe que su futuro político depende en buena medida del partido. Por tanto, ¿ante quién responde realmente? ¿Ante el ciudadano que le ha votado? ¿O ante la organización que puede volver a
colocarlo en una lista electoral? Me parece una pregunta perfectamente legítima. Espero que los políticos que leáis esto no os enfadéis conmigo.
La meritocracia desaparece
Hay otra cuestión que todavía me preocupa más. En prácticamente cualquier profesión exigimos conocimientos. Para ser médico hay que estudiar medicina. Para ser arquitecto hay que estudiar arquitectura. Para ser interventor hay que superar una oposición. Para conducir un tren hay que tener una preparación determinada.
Pero para tomar decisiones políticas sobre economía, energía, vivienda, infraestructuras o educación no existe una exigencia equivalente de conocimientos. Y esto es lógico en cierto sentido. No podemos exigir que un diputado sea economista, ingeniero, médico, jurista y especialista en todas las materias.
Pero lo contrario a veces ofende. Recuerdo cuando en plena pandemia estábamos viendo en casa en la tele a Salvador Illa en calidad de Ministro de Sanidad -que aprovecho la ocasión para trasladarle mi reconocimiento personal porque a mi modo de ver el «seni catalán» nos fue muy bien a todos- y mientras lo veíamos mi hija que en esos momentos trabajaba en un hipermercado, estaba estudiando para el carnet de manipuladora de alimentos. Illa era filósofo, aunque con un master en Economía. Pero ni tan siquiera era médico. Y me pareció paradójico que para cortar pescado en un hipermercado mi hija tuviera que pasar un examen de manipuladora de alimentos, y para tomar decisiones médicas esenciales con el título de filosofo era suficiente.
La no exigencia de especialización acreditada de los responsables políticos exige establecer mecanismos que compensen esa carencia. Y no me vale aquello de que “para eso tenemos técnicos asesores”, llevo mucha mili en la Administración Pública.
Y aquí creo que estamos fallando. Porque el político debería tener libertad para decidir. Pero debería estar obligado a conocer las consecuencias previsibles de lo que decide. Y para eso necesita apoyarse en especialistas independientes. Y ya me perdonareis, el bueno de Fernando Simón ni era independiente ni aglutinaba todo el conocimiento que hoy se exige para gestionar decisiones que afectan a casi 50 millones de habitantes.
Un ejemplo de un pequeño ayuntamiento
Quizá el mejor modo de explicar lo que quiero decir sea contar un caso que, con las necesarias cautelas para no identificar a nadie, podría haber sucedido en cualquier pequeño municipio este verano.
Un ayuntamiento se encontró con este verano especialmente caluroso. El alcalde y su equipo entendieron que la piscina municipal podía convertirse en un buen refugio para los vecinos. La idea era buena. ¿Por qué cobrar una entrada a una persona que está pasando calor si el Ayuntamiento dispone de una instalación que puede ayudarle?
Así que se tomó una decisión sencilla: durante los días de más calor no se cobraría entrada.
Hasta aquí, todo parece razonable. Incluso diría que la decisión podía tener una buena aceptación entre los vecinos. Pero ocurrió algo que probablemente era bastante previsible.
La piscina dejó de ser solamente la piscina del pueblo. La noticia de que era gratuita corrió rápidamente. Y empezaron a acudir personas de otros municipios. Al poco tiempo, la instalación se saturó. Y entonces apareció la realidad. Una piscina no tiene una capacidad ilimitada. Tiene un aforo. Tiene unos vestuarios. Tiene unos aseos. Tiene una capacidad determinada de depuración y tratamiento del agua. Tiene unos trabajadores. Tiene unas condiciones higiénico-sanitarias que cumplir. Al poco Sanidad y Consumo obligaron a cerrar las instalaciones por problemas higiénicos y de superación de aforo. El resultado final fue bastante paradójico. Una medida que se había tomado para facilitar que los ciudadanos pudieran utilizar la piscina durante los días de calor terminó provocando que durante parte de ese mismo verano los ciudadanos no pudieran utilizarla.
Y aquí es donde está, para mí, la enseñanza. No creo que la decisión inicial fuese absurda. Tampoco creo que quienes la tomaron tuvieran mala intención. Probablemente todo lo contrario. El problema fue otro. No se estudió suficientemente el efecto de segundo orden de la decisión. Se hizo prevalecer los intereses políticos.
Esto es lo que muchas veces echamos de menos en la política. No basta con pensar en la primera consecuencia. Hay que pensar también en la segunda, en la tercera y, si es posible, en la cuarta. Y esto no es ideología. Es simplemente gestión. En realidad, algunos ayuntamientos han hecho algo parecido este mismo verano pero, introduciendo mecanismos para evitar ese problema. Alcoy, por ejemplo, estableció la gratuidad de las piscinas municipales durante determinadas alertas por altas temperaturas, pero acompañó la medida de sistemas de gestión de entradas y control de la afluencia.
Zaragoza también mantiene medidas de reducción del precio durante episodios de calor extremo, pero el acceso continúa condicionado por el aforo disponible.
La cuestión, por tanto, no es gratuidad sí o gratuidad no. La cuestión es: ¿hemos pensado en todo lo que provoca la decisión que estamos tomando?
Y esto lo interventores de Ayuntamientos lo vemos todos los días. Se toman decisiones políticas levantando los reparos del interventor y luego pasa lo que pasa. No todo vale en política.
La democracia puede equivocarse
Aquí está, para mí, una cuestión fundamental. Que una decisión sea democrática no significa que sea acertada. Una mayoría puede equivocarse. Un Parlamento puede equivocarse. Un Gobierno puede equivocarse. Y un partido político puede equivocarse.
Esto no significa que haya que sustituirlos. Significa que deberíamos establecer mecanismos para reducir la posibilidad de equivocarnos. Y precisamente los pequeños ayuntamientos son un magnífico laboratorio para comprobarlo. Una decisión aparentemente insignificante puede tener consecuencias enormes.
Un cambio en una tasa. Una modificación de horarios. Una subvención. Una obra. Una contratación. No decisión sin contar con el informe favorable de la Secretaría o de la Interventora.
Una decisión sobre el agua. Cuando militaba como Secretario-Interventor aprecié los efectos parafiscales de la tasa. Hasta entonces el alcalde no quería cobrar el agua a los vecinos. Año 2004. Tercer año consecutivo de calor y poca lluvia. Los pozos que suministraban al pueblo casi se secaron. Se acordó obligar a poner contadores a los vecinos. Se empezó a cobrar tasa del agua. Antes de eso sabíamos el caudal que suministrábamos. Con la tasa el consumo del pueblo bajó exactamente a la mitad. El gasto en bombeo, clorado, averías, etc. disminuyó. Volvió a haber agua de calidad para todos.
La política necesita a la ciencia o como mínimo fundamentos técnicos.
No quiero que gobiernen los científicos. Tampoco quiero que gobiernen los economistas. Ni los ingenieros. Ni los jueces -que últimamente… mejor me callo-. Ni los funcionarios.
Quiero que sigan gobernando quienes reciben la legitimidad de los ciudadanos. Pero quiero que antes de tomar determinadas decisiones tengan que enfrentarse a los datos. La democracia debería decidir los objetivos. La ciencia debería ayudarnos a conocer las consecuencias de los caminos que elegimos para alcanzarlos. El político puede decidir que quiere reducir la pobreza. Perfecto. Pero debería conocer cuánto cuesta cada medida, qué efectos tiene y qué consecuencias puede producir.
Puede decidir que quiere una energía más limpia. Perfecto. Pero tendrá que conocer cuánto cuesta, qué capacidad de producción existe y qué consecuencias tiene cada alternativa. Puede decidir que quiere más vivienda asequible. Perfecto. Pero tendrá que conocer qué ocurre con los precios si aumenta la oferta, qué efectos tiene intervenir el alquiler, cuánto puede construir el sector público y qué consecuencias tiene cada medida.
La política decide el qué y, en buena medida, el para qué. Pero no debería poder inventarse el cómo ni sus consecuencias.
Una democracia corregida
Por eso creo que no necesitamos acabar con la democracia de partidos. Necesitamos corregirla. Y se me ocurren varias correcciones.
La primera sería mejorar la elección de los representantes y dar al ciudadano más capacidad para elegir personas y no solamente siglas. Los cargos políticos deben responder también ante sus clientes, no solo ante la corporación que los ha nombrado.
La segunda sería aumentar la democracia interna de los partidos. La tercera sería crear organismos verdaderamente independientes que evaluasen las consecuencias económicas, sociales y ambientales de determinadas decisiones.
La cuarta sería evaluar posteriormente si las decisiones adoptadas han conseguido realmente lo que pretendían. Y aquí creo que la Administración tiene mucho que enseñar a la política. Porque estamos acostumbrados a justificar por qué se hace una cosa.
Pero deberíamos acostumbrarnos también a comprobar si funcionó. Una política pública no debería considerarse buena simplemente porque tenía una buena intención. Debería considerarse buena si consigue el objetivo para el que fue diseñada sin producir unos efectos secundarios peores que el problema que pretendía resolver.
La última palabra debe seguir siendo política
Y quiero dejar esto muy claro. No estoy defendiendo una tecnocracia. No creo que los economistas deban gobernarnos. Ni que los científicos deban sustituir a los Parlamentos. Porque los expertos pueden equivocarse.
Y porque muchas decisiones no tienen una respuesta científica. La ciencia puede decirnos qué consecuencias previsibles tendrá una determinada política. Pero no puede decidir por nosotros cuánto queremos redistribuir la riqueza. Ni cuánto estamos dispuestos a pagar por proteger el medio ambiente. Ni cuánto valoramos la igualdad frente a la eficiencia.
A veces una decisión política se sabe a quién perjudica y a quien beneficia, y si no hay alternativa para reducir el perjuicio que ocasiona, allí entra en juego la política. Y es que precisamente la política es una forma pacífica de lucha de intereses legítimos.
Se ha querido sustituir el asesoramiento técnico por el asesoramiento político. Los que hemos conocido la Administración Pública por dentro desconfiamos mucho de los actuales asesores. O exigimos que los asesores y empleos de confianza acrediten documentalmente su conocimiento técnico para asesorar, u obligamos a que partidos e instituciones creen comisiones técnicas asesoras.
