La dictadura del incumplimiento

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Cuando falta apenas un año para que entre en vigor totalmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, muchos de los que nos dedicamos a este negocio de la Administración electrónica pensamos que ya ha habido tiempo más que suficiente para cumplirla de principio a fin, y que los que realmente no han hecho nada, o más bien poco, pensarán para sus adentros que da igual el tiempo que quede, que con ellos no va la cosa, que el papel lo aguanta todo, que todo eso de la transformación digital es un cuento chino.

Y me explico, cuando la práctica totalidad de las Entidades Locales españolas cuentan con herramientas de Administración electrónica que cumplen con las disposiciones más exigentes de la citada Ley, ¿por qué nos empecinamos en favorecer a los que miran hacia otro lado concediéndoles prórrogas generosas?, ¿por qué no ponemos el foco en los que sí han trabajado duro?, ¿por qué no empezamos a darnos cuenta que el mundo local, en esta y otras materias, como estabilidad financiera, son unas auténticas campeonas?

Pero tampoco nos engañemos, todos sabemos que esto no es una carrera de a ver quien llega primero, sino más bien todo lo contrario, ganamos todos cuanto más juntos lleguemos a la meta. Y ese es verdaderamente el problema de fondo, el principal. Desde mi humilde punto de vista y con algunos años ya de trincheras tecnológicas a mis espaldas, puedo deciros que he echado en falta una estrategia nacional que aglutinara todos los intereses en juego en un proyecto tan de calado y tan transversal como era el del despliegue masivo de las siamesas. Pero no ha sido así, al menos como a mi me hubiera gustado, con la participación de todos los niveles de Gobierno, el sector privado y una parte de los agentes sociales interesados en que la Administración electrónica vaya como un tiro.

Sin embargo, seamos positivos, faltaría más, y aprovechemos ese tiempo de gracia que nos ha ofrecido la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para resolver los  problemas estructurales que están detrás de un despliegue tan complejo, tratemos de alinear los intereses y las políticas de todos los interesados y, sobre todo y fundamentalmente, hagámoslo rápido en beneficio de toda la sociedad que espera desde hace ya mucho tiempo un cambio de rumbo en la prestación de servicios públicos hacia un horizonte marcado por la eficacia y la simplificación administrativa que en muchos caso dará la tan codiciada Administración electrónica. 

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