Ahora resulta que la alegre liberalización de servicios públicos en la vida municipal no era la panacea que algunos han intentado vendernos en los últimos años: mayor eficacia, mejores precios para el usuario, ganancias para la Administración … en fin, la lista de regalos y bendiciones ha sido copiosa en algunas plumas.
Algunos no nos hemos fiado de tales análisis aunque alzar la voz contra la propia de la mayoría no sea fácil y genere molestias. En las sucesivas ediciones de mi libro “La gestión de los servicios públicos locales” (la séptima es la última) se puede leer: “como soplan vientos y viento a menudo huracanados, que nos traen liberalizaciones, desregulaciones, privatizaciones y otras exageraciones, conviene preguntarse por la incidencia que todo ello está teniendo en la comprensión del servicio público tradicional, de su régimen jurídico, tal como lo hemos recibido tras decenios de morosa construcción y delicada puesta a punto. Una esperanza sí conviene mantener en esta hora de cambios y es la de que el liberalismo que nos viene no sea tan mendaz como el que se nos fue, un liberalismo creador sin duda de riqueza y de modernidad, pero también invariablemente sostenido con el trabuco de la subvención y del arancel, que no fueron precisamente instrumentos liberales (ni el arancel o la subvención ni el trabuco)”.
Ahora se ha celebrado un seminario en el Ayuntamiento de Madrid sobre los resultados de todos estos excesos en el que se ha podido escuchar la opinión fundada de Germá Bel que es autor de un libro notable titulado “Economía y política de la privatización local” (Marcial Pons, 2006). Y donde se ha sostenido que en muchas ocasiones lo que se ha conseguido es sustituir el monopolio público tradicional por otro de carácter privado que ni es mejor ni peor sino que simplemente ha cambiado de manos. Y que cuesta al erario público unos dineros curiosos y así ocurre, de forma contrastada, en ámbitos -entre otros- como la ayuda a domicilio o la gestión de centros culturales.
El viejo truco de la financiación de las propias Administraciones por las nuevas empresas privadas extremando de manera artificial el precio de adjudicación se pone de manifiesto con frecuencia como igualmente no se ha conseguido una mayor transparencia en la gestión de estos servicios (cuentas, personal, calidad etc).
Más evidente aún es el hecho de que estas privatizaciones no han sido necesariamente obra de políticos liberales o conservadores frente a la que han podido llevar a cabo otros de signo social-demócrata pues, en achaques de servicios municipales, los frentes se cambian con la frecuencia que es propia de una guerra de resultado incierto. En este mismo blog he recordado hace poco cómo nace la política de municipalizaciones en la España de la Restauración y cómo venía inspirada por el “fabianismo” inglés que era un versión municipal del socialismo que se llamó precisamente “de agua y gas” porque afectó, en sus inicios, a estos servicios.
Esto me permite formular una conclusión.
Como en tantos otros asuntos a los que se enfrenta el mundo moderno no es posible trazar rayas inequívocas que marcan el territorio de las clásicas opciones de la “derecha” y de la “izquierda”. En relación con los servicios municipales es preciso analizar, caso por caso, qué se quiere hacer, cuál es el contexto económico -nacional o internacional- en el que se mueve el servicio concreto, cuáles serían las ventajas para el ciudadano, qué poder de control resta en manos del Ayuntamiento etc.
Si se quiere emprender el análisis de estas cuestiones con rigor, lo mejor es hacerlo abandonando en un cajón las gafas -hoy borrosas- de los prejuicios ideológicos. Estamos ante unas elecciones locales y esta enseñanza debería tenerse en cuenta.
Yo prefiero otra que dice así:
”pero advierto que los árboles de las sociedades, organismos, entidades y demás no deben hacernos perder la perspectiva de un bosque que se oscurece. Y se llena de peligros. Porque resulta inquietante comprobar como nos encontramos ante un espacio apto para acoger irregularidades muy variadas (en materia de contratación, de personal, etc.), cuando no abiertas practicas corruptas”
Evidentemente, y muchas veces, son estos fines, y no otros (ideológicos), lo que determinan la formula de gestión de los servicios públicos .