La relación entre políticos y funcionarios

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El buen hacer y rendimiento institucional de las administraciones públicas depende de la relación que se establece entre la dimensión política y la dimensión profesional o si se prefiere entre el político y el alto funcionario. Se podría formular de la forma siguiente:

Institución o política pública = Político X Alto Funcionario

Es decir, son clave las competencias profesionales y la calidad humana de la persona que ocupa el puesto político y de la persona que ocupa el puesto de alto funcionario. Pero también es igual de importante la multiplicación (X) que es la relación, el nivel de compenetración y de empatía que se establece entre ambos. Analicemos los variados vectores que convergen en esta aparente simple fórmula.

El político aporta la legitimidad democrática a las decisiones y actuaciones de la Administración pública. Es elemento esencial y condición imprescindible en democracia que la cúpula de las administraciones públicas esté bajo la dirección de una persona con la condición de político elegido de forma directa o indirecta por la ciudadanía. El político, vinculado usualmente a una formación política, garantiza la aplicación e implementación de un programa político que ha sido apoyado por la mayoría de los ciudadanos. No hay que discutir si el político debe tener conocimientos de gestión pública o no. Si los posee mejor sino no hay nada que decir y bajo ningún concepto pueden establecerse filtros de carácter elitista o meritocrático a la hora de acceder a un puesto directivo de carácter político. En cambio, si que es exigible a él y al partido político que lo ha seleccionado o filtrado que sea un buen político. Exigencia que es muy difícil ya que la labor de un político es muy compleja ya que consiste en articular los diferentes intereses particulares y egoístas de los ciudadanos en un bien común o interés general. Nada más y nada menos. En este sentido hay que vindicar la política como una profesión aunque no esté ni pueda ser reglada. El directivo político posee (la mayoría de las veces) o debería poseer competencias tan diversas como capacidad de liderazgo, de comunicación, de atender y entender las demandas sociales individuales y colectivas, de negociar, de conciliar intereses, de ser muy intuitivo y empático, etc. En este sentido puede considerarse equivocada y perversa la moda de ubicar  en puestos de dirección política a profesionales de la gestión, es decir a tecnocratizar las cúpulas políticas. Es un error ya que perfiles técnicos (como pueden ser los altos funcionarios) carecen de las competencias y habilidades antes descritas de forma sucinta. Pongamos algunos ejemplos cercanos en el tiempo: en los gobiernos de Zapatero abundaron ministros con un perfil tecnócrata y esta ha sido una de las mayores críticas que se han hecho al echarse de menos un liderazgo político en algunos ministerios y lo mismo podría decirse del actual gobierno de Rajoy en el cual 11 de sus 15 ministros atienden a la condición de funcionarios. El gobierno de Cataluña de finales de 2010 decidió ubicar a dos “independientes” como consejeros, término eufemístico para decir personas con un elevado perfil técnico y profesional como una forma de dar cobertura a un eslogan político “del gobierno de los mejores”. Transcurrido un año y medio de estos nombramientos supuestamente meritocráticos y no políticos hay un gran consenso en que precisamente estos dos son los peores consejeros de este gobierno y que las respectivas consejerías están más desorganizadas y paralizadas de lo que suele ser usual. Creo que es evidente la necesidad que los puestos directivos de carácter político sean ocupados por políticos de raza (por convicción, por competencia y por trayectoria) y no por altos funcionarios o excelsos especialistas técnicos en la materia. Existe, aunque sea difícil de precisar, unos valores y competencias estrictamente políticos que representan un ingrediente imprescindible para lograr un elevado rendimiento institucional y de sus políticas públicas. Recientemente se han alzado algunas voces criticando la funcionarización de la política y llegando a proponer que los funcionarios sean incompatibles para ocupar puestos políticos. Entiendo la crítica, pero creo que esta propuesta es llegar demasiado lejos ya que casi todo el mundo debe tener el derecho y la oportunidad a ocupar puestos políticos. Propongo más en este sentido una cierta autorregulación de los partidos políticos que establecer normas restrictivas de carácter general que lesionan derechos y pueden minimizar legitimidades.

Por otra parte, el alto funcionario aporta legitimidad técnica derivada de sus conocimientos en gestión pública y en como operan los difíciles y delicados entresijos de las organizaciones públicas. El funcionario aporta las competencias técnicas de carácter profesional pero también de conocimiento institucional.  Por este motivo hay que garantizar que los profesionales que ocupen estos puestos deben estar cualificados para ello, situación que no siempre sucede ante la ausencia de regulación en materia directiva.

El tercer elemento es el de la multiplicación, el de la relación entre el directivo político y el directivo profesional. Aunque tengamos la suerte de tener en la fórmula al mejor directivo político posible y al mejor directivo profesional nada nos garantiza en elevado rendimiento institucional y de política pública sino no se produce este efecto multiplicador. Que se produzca la multiplicación positiva tiene elementos básicamente subjetivos que nos hacen pensar más en magia blanca o en magia negra que en reflexiones de carácter racional. Pero se hace necesario hacer, por lo menos, el intento.

En primer lugar, hay que decir que existe un gran condicionante negativo para que esta relación se produzca de forma fructífera. Condicionante que hay que superar. La relación entre el político y el alto funcionario es como una relación de pareja que se inicia con mal pié. Como dice el maestro Zafra el sistema funciona sobre la base que “el inexperto (político) dirige al experto (funcionario)”. Es, sin duda, la grandeza del sistema democrático pero también representa la gran miseria a nivel de una gestión fluida eficaz y eficiente. Que un inexperto dirija a un experto es algo inaudito o patológico en cualquier organización que tenga la aspiración de ser eficaz y eficiente. Pero, en cambio, es condición imprescindible en las organizaciones públicas. Este principio supone un acto de violencia ya que violenta tanto al político como al funcionario. Es obvio que para el funcionario es de una gran incomodidad e incluso violencia verse dirigido por alguien que puede tener nulos conocimientos técnicos, hay que formar e informar sin caer en el error de la manipulación y con el difícil tacto de quién hace pedagogía a su superior. Este ejercicio de docencia y acompañamiento lo debe hacer el funcionario muchas veces durante su vida laboral y, como es normal, le produce cansancio, estrés y con frecuencia desmotivación (vive la sensación de despertar de nuevo en el día de la marmota en cada nueva legislatura o cambio de liderazgo (suele producirse como media cada tres años). Se trata de un coaching personalizado asimétrico, pero en sentido inverso al habitual. El político también vive mal esta relación ya que observa al funcionario informador con desconfianza y con desagrado. Puede sentir una desconfianza lógica por la información que le presenta el funcionario ya que éste puede tener su propia agenda (su proyecto e interés en la materia) además de una natural resistencia al cambio. Puede sentir desagrado al tener que exponer sus debilidades y lagunas a nivel de conocimiento técnico. El líder político, además, no es un ente autónomo que tenga discrecionalidad de decisión, sino que depende de un líder superior que le exige implementar determinadas decisiones y rendimientos. Es, de esta manera, muy fácil, que el líder político se sienta como un eslabón muy débil entre el cargo político superior que le exige resultados difíciles y el funcionario que pone dificultades y aporta aparentemente más problemas que soluciones.

Este es el tema clave, la cadena de mando suele ser clara entre los cargos políticos y todavía mucho más clara entre los cargos administrativos. Pero el punto de confusión, de incertidumbre y de riesgo está cuando entran en contacto el político con el alto funcionario, es decir: la política con la administración.

4 Comentarios

  1. No estoy muy de acuerdo con su artíiculo. Soy jefe de policía local desde hace más de 20 años. En todas las formaciones que he llevado a cabo (tanta voluntarias como las obligadas), me han enseñado a ser policía, pero no me han enseñado a ser jefe, con todas las connotaciones y actitudes que se merece. La formación que me ha capacitado de forma satsifactoria para el desempeño de ja jefatura la he obtenido fuera de la administración, y pagandola de mi bosiilo. Como usted sabe, todas las actitudes que ha descrito ((liderazgo, empatia, etc), se pueden adquirir con una buena formacón. Por el contrario a lo que usted manifiesta, en los últimos años se esta observando una lenta pero constante invasión política de funciones que son competencia de funcionarios públicos. Estoy convencido que un funcionario con la debida formación, tanto en actitudes, como en aptitudes, puede desempeñar un cargo politico de forma muy satisfactoria, eficaz y eficiente

  2. Estoy muy de acuerdo con la expresión: La relación entre el político y el alto funcionario es como una relación de pareja que se inicia con mal pie.

    En mi caso, en ocasiones me encuentro discutiendo con el alcalde sobre sus peregrinas ideas y nos comportamos como parejas mal avenidas, como padre e hijo (y te diría que yo desempeño el papel de padre, por poner cierta cordura a los asuntos) o incluso directamente como rivales. ¡Muchas veces solamente hablar con él de trabajo me pone de los nervios! Frecuentemente me tengo que recordar a mi mismo la importancia de mantener la calma y de no sulfurarme para salvaguardar mi bienestar psíquico y mental.

  3. Buenos días Carlos :
    Totalmente de acuerdo con el contenido de tu artículo, si bien y como tú conoces, la solución la tenemos en la dirección pública profesional, si esta fuera y desarrollada en los términos de EBEP , como por ejemplo se ha hecho en Portugal.
    El directivo público profesional sería ese punto de encuentro entre el ejercicio en servicio activo del funcionario y quien ejecuta directrices de contenido político.

  4. Buenos días Carlos :
    Totalmente de acuerdo, si bien esta problemática se podría solucionar con la implantación en España de la Dirección Pública Profesional en los términos previstos en el EBEP, desarrollado, por ejemplo, como se ha realizado en Portugal. El directivo público profesional sería el punto de encuentro entre el alto funcionario en servicio activo como tal, y el político que obedece a decisiones de esta naturaleza.

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