La renovación de la colaboración público privada I: Diagnóstico

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El desarrollo económico, social e institucional de un país depende, entre otras variables, de sus mecanismos de colaboración público-privada. Se trata de unos sistemas de conexión cruciales para la calidad de los servicios públicos, el desarrollo y modernización de las administraciones públicas y la competitividad de una parte importante del tejido empresarial de un país. Sirva como indicador de la amplia conexión entre el ámbito público y el privado en España el dato que las administraciones públicas contratan al sector privado por un volumen de más de 200.000 millones (cerca del 18,5 del PIB). Contratos para realizar infraestructuras públicas, pero también otros tipos de contratos, como externalizaciones de servicios públicos, conciertos sanitarios y educativos, y partenariados público-privados.

Las interacciones entre el sector público y el privado van a experimentar cambios e incrementos cuantitativos y cualitativos durante la próxima década. La modernización de las administraciones públicas va a vehicularse, entre otras medidas, por una profundización en estas conexiones. La implantación de la inteligencia artificial y la robótica en el sector público solo podrá implantarse mediante la colaboración con las empresas del sector. Es evidente que para el desarrollo y competitividad de un país es necesaria la modernización de su sector público y la modernización de su sector privado mediante lógicas de colaboración y cooperación entre ambos.  

Pero en España las lógicas de colaboración público privada nunca han sido pacíficas sino más bien conflictivas. Se ha ido generando una desconfianza mutua. Sirvan como indicadores de estos desencuentros la nueva ley de contratos basada en la desconfianza y las recientes estrategias políticas de republificación de determinados servicios públicos. La colaboración público- privada es muy poco fluida, eficaz y eficiente si existe una desconfianza estructural y cultural entre el sector público y el sector privado. Además, la desconfianza impide profundizar y avanzar en sistemas de colaboración más sofisticados como los partenariados público-privados.

Cuando hay desconfianza se impone una burocracia perversa que no aporta valor ni en capacidad de planificación, ni control ni evaluación. Una burocracia que encarece los costes de transacción y de transición que dificulta la calidad de los sistemas de colaboración y corporación y, por tanto, la calidad de los servicios públicos. 

El objetivo de estos dos artículos es reflexionar y aportar un conjunto de propuestas para lograr la complicidad entre las administraciones públicas y el tejido empresarial que colabora y trabaja para las mismas. El objetivo final es la mejora de los servicios públicos y la modernización de la Administración pública basada en los aportes imprescindibles de un tejido empresarial que también deberá modificar sus mecanismos de interacción con el sistema público.

Para lograr estos objetivos se tendrán que modificar las percepciones y las prácticas tanto de los actores institucionales (políticos y empleados públicos) como de los actores privados. Sin ánimo de ser exhaustivos sirvan de ejemplo algunos problemas y déficits en las lógicas de colaboración público privada en nuestro país tanto imputables a las administraciones públicas como a las empresas privadas colaboradoras.

Déficits y problemas de las administraciones públicas:

  • Las administraciones públicas recurren, en muchas ocasiones, al sector privado de manera reactiva y no proactiva. Posen un problema o la necesidad de prestación de un determinado servicio y buscan la ayuda del sector privado. Pero antes no realizan la labor de definir con rigurosidad el problema y/o las necesidades del servicio ni analizan el mercado privado susceptible de colaborar. En definitiva, ceden la agenda al proveedor privado y no ejercen la función de principal. A partir de aquí es imposible que funcione con fluidez esta relación ya que la propia Administración se siente incómoda y entra en una lógica de desconfianza al manifestarse incapaz de dirigir, controlar y evaluar la contribución de la empresa o de las empresas privadas. La paradoja es que esta situación que molesta a la Administración ha sido propiciada por ella misma.
  • Las administraciones públicas se relacionan con el tejido empresarial no como una unidad sino con una lógica esquizofrénica. Los cargos políticos poseen unos objetivos y anhelan unos tiempos de gestión muy distintos a los que defienden los empleados públicos. Esta carencia de estrategia común de carácter institucional la tienen que absorber las empresas proveedoras que quedan desconcertadas y se manifiestan algo recelosas con esta colaboración tan singular.
  • La mala cultura política de determinados cargos políticos y formaciones políticas con derivas corruptas inciden sobre el tejido empresarial que se siente desprotegido y con inseguridad jurídica. La corrupción política es tan dañina para la Administración como para las empresas que prestan sus servicios a la misma.
  • Los empleados públicos, ante la situación anterior, se sienten desprotegidos y también con inseguridad jurídica y se defienden con una sobreactuación de carácter burocrático. Los anticuerpos de una burocracia formal excesiva no son capaces en la práctica de combatir determinadas derivas corruptas y, paradójicamente, logran incrementar los costes económicos de la colaboración público-privada y dificultan una buena prestación de los servicios públicos.

El resultado final es que es usual que las administraciones públicas culpen en exclusiva a las empresas privadas cuando una colaboración con las mismas no ha sido exitosa (no alcanza las expectativas). No suelen ser conscientes que cuando estas colaboraciones fracasan las culpas, cuando menos, suelen estar repartidas y que, en la mayoría de las ocasiones, la mayor parte del fracaso es imputable a la propia Administración pública que no ha sido capaz de planificar y controlar esta colaboración, que ha interaccionado con el sector privado de manera errática o, en algunos casos excepcionales, han participado incentivos políticos heterodoxos o corruptos.         

Déficits y problemas de las empresas privadas que colaboran con el sector público:

Con los problemas relatados en el apartado anterior es muy difícil que las empresas proveedoras de servicios públicos puedan actuar de manera estrictamente racional y profesional. Pero algunas empresas, ante estos incentivos negativos han tenido la capacidad de adaptarse y han contribuido de manera decida al fracaso de estas colaboraciones.

  • Muchas empresas proveedoras de servicios públicos han aprovechado los déficits en planificación y unidad de criterio de las administraciones públicas para imponer su propia agenda y han priorizado sus ganancias económicas por encima de unos mínimos estándares de calidad en las contraprestaciones o en los servicios públicos objeto de atención.
  • Algunas empresas han caído en la trampa de las lógicas corruptas de determinados cargos políticos y formaciones políticas. Excepcionalmente algunas empresas se han especializado en estos incentivos y los han promovido.
  • Algunas empresas ante la sobreactuación de burocracia formal de las administraciones públicas han respondido también con más burocracia formal y han entrado en el proceloso mundo de los litigios. Hay empresas que invierten más en asesoría jurídica que en la propia prestación del servicio público.
  • Algunas empresas han estresado el sistema buscando excesivas ganancias desprofesionalizando sus aportaciones y, por tanto, yendo en detrimento de la eficacia y de la eficiencia de la colaboración.

(Continúa)

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