La renovación de la colaboración público privada II: Propuestas

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Del diagnóstico parcial presentado en un anterior artículo se hace evidente que hay que renovar los compromisos entre las administraciones públicas y el tejido empresarial que provee servicios públicos. Hay que modificar la cultura institucional y la cultura empresarial que se ha visto condicionada negativamente por determinadas malas prácticas. Si se desea una fluida colaboración público-privada hay que definir unas bases conjuntas de carácter ético y procedimental para recuperar la complicidad entre el sector público y el sector privado. Un ejemplo de las iniciativas que habría que proponer, entre otras, son:

En las administraciones públicas habría que estimular las siguientes mejoras:

  • Establecer límites a los cargos políticos en su participación directa en los sistemas de colaboración público-privada. Los cargos políticos poseen legitimidad democrática para definir los objetivos políticos de estas colaboraciones, pero deberían mantenerse al margen de los aspectos estrictamente técnicos y contractuales. Alejar a la política de los entresijos técnicos y económicos de la contratación evita un potencial impacto de la corrupción política. Este alejamiento de la política también atenuaría la percepción que tienen las empresas de tratar con interlocutores institucionales con una naturaleza esquizofrénica.
  • Hay que incentivar que las administraciones públicas refuercen sus capacidades institucionales para planificar, controlar y evaluar las colaboraciones público privadas estándar (contratos y externalizaciones). Hay que formar a los empleados públicos en el dominio del mercado privado, en conocimientos materiales de cada sector, en técnicas de planificación, control y evaluación de redes privadas complejas, etc. Un mejor conocimiento de cómo opera el sector privado por parte de los empleados públicos va a fomentar que las administraciones públicas puedan ejercer su rol de principal y aporten seguridad material y jurídica a las empresas privadas. Unos objetivos claros, unos sistemas de control rigurosos y sistemáticos contribuyen a generar mayor confort y seguridad a las empresas privadas.
  • También hay que formar a los empleados públicos en ética pública y en formación preventiva para evitar potenciales capturas (un mejor conocimiento del sector privado puede fomentar capturas inerciales sin que haya mala fe). 

En las empresas privadas proveedoras de servicios públicos habría que implantar las siguientes mejoras:

  • Mejorar sus capacidades organizativas para que sus directivos y empleados conozcan mucho mejor las peculiaridades y dinámicas de las administraciones públicas. Las empresas privadas deben conocer mucho mejor las condiciones y condicionantes internos y externos en los que operan tanto los políticos como los empleados públicos. El desconocimiento mutuo es la fuente de la mayor parte de desencuentros y desconfianzas.
  • Los directivos y empleados tienen que ser conscientes que, al trabajar en empresas proveedoras de servicios públicos, deben incorporar valores y una ética similar a las del sector público. Estas empresas coparticipan y contribuyen, al trabajar para el sistema público, en la defensa del bien común y del interés general que suponen una complejidad que van mucho más allá de un negocio entre empresas. El negocio con la Administración tiene unos componentes específicos que hay que conocer. Sirva como ejemplo, que en la prestación de servicios públicos no interaccionan solo con clientes sino con ciudadanos que poseen una cartera de derechos y de obligaciones que van más allá de una simple relación prestacional.
  • Las empresas proveedoras de servicios públicos deben gestionar su sistema de recursos humanos de una manera distinta a una empresa que opera solo en y para el sector privado. Sus empleados públicos deben poseer también valores públicos, disfrutar de una cierta estabilidad que favorezca la profesionalidad y la continuidad en la gestión de los servicios públicos (por ejemplo, un problema típico del que se quejan muchas administraciones públicas es la excesiva movilidad y rotación de los empleados privados con los que interaccionan). En ningún caso se trata de contaminar a las empresas privadas con el barroco y anticuado sistema de gestión de recursos humanos de carácter público, pero deben tener presente que no pueden gestionar su personal del mismo modo que si solo trabajaran para el sector privado.
  • Es legítimo que las empresas privadas proveedoras de servicios públicos obtengan beneficios. Pero también tienen que ser conscientes que operan en una lógica de defensa del bien común y del interés general y que los recursos económicos que los alimentan son de todos los ciudadanos. En este sentido estas empresas no deben operar con la misma lógica que en el sector estrictamente privado en el que es legítimo maximizar los beneficios. En la colaboración público privada los beneficios privados deberían ser razonables y no ser excesivos ya que si no se rompe la lógica de confianza con las instituciones públicas y con la sociedad en general.

Implantar estas medidas podría contribuir a restablecer los puentes, ahora inestables, entre la gestión pública y la gestión privada. Renovar las lógicas de colaboración pública privada va a favorecer un debate más sereno tanto a nivel político, como funcionarial y también social sobre en qué ámbitos deben primarse estas lógicas de colaboración y en que ámbitos deben quedar en las exclusivas manos de la Administración. Las presiones escasamente serenas para externalizar o para republificar de manera poco reflexiva son perversas para fomentar la modernización de la gestión pública con o sin la colaboración del sector privado. Por otra parte, la expectativa que el país entre en la senda de los denominados partenariados público-privados, muy utilizados en los países más desarrollados, va a seguir casi inédita. Si no somos capaces de colaborar por la vía simple de los contratos y de las externalizaciones es imposible que podamos avanzar con sistemas más profundos de colaboración público privada. Los partenariados público-privados solo pueden funcionar con una gran complicidad y lealtad entre el sector público y el privado y con unas reglas del juego muy claras. Ambos sectores se relacionan en este caso de manera simétrica e implica que comparten de manera paritaria las decisiones, los riesgos y los beneficios (económicos y en valor público). Con el actual ambiente institucional y empresarial estos mecanismos son actualmente una quimera.

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