Hemos asistido estos días a la presentación de los resultados de la Comisión de Expertos (fiscales) nombrada por el Gobierno para buscar mejoras aplicables al sistema tributario español, y supongo que no nos dejará indiferente a ninguno de los contribuyentes que mantenemos vivo el sistema. El trabajo es serio, complejo y extenso, como cabía esperar del perfil profesional y prestigio contrastado de los autores; a mi juicio, ahí radica una de las debilidades del informe: es tan extenso que casi nadie lo leerá completo.
No voy a mentir, yo tampoco he leído el informe completo, pero creo que he dedicado un poco más de tiempo a este tema que la media. Y soy muy pesimista al respecto; es más, para ahorra tiempo al lector que haya llegado hasta aquí puedo anticipar mis conclusiones personales, derivadas de este experimento, que no del trabajo de los expertos en sí mismo: se quitarán las pocas desgravaciones que quedan en algunos impuestos; se reducirán ligeramente los tramos más bajos del IRPF; se presionará a las Comunidades Autónomas que han apostado por reducir la presión fiscal en aquellos impuestos que gestionan, para que los suban, con el argumento de igualar (al alza, aunque no se diga) el terreno de juego fiscal de los contribuyentes; subirá el IVA; subirán los impuestos especiales; y surgirán nuevos impuestos en terrenos insospechados para la despistada imaginación del contribuyente.
No son conclusiones a la ligera, sino resultado de la observación de lo que está pasando desde el inicio de la crisis, de las primeras declaraciones políticas tras la publicación del informe, y de los parámetros esenciales del encargo que han recibido los expertos. Me estoy refiriendo a la premisa fundamental del mandato (cito textualmente): “la reforma fiscal deberá ser compatible con las proyecciones de déficit público del Gobierno español en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España de 2013, donde se establecía que la ratio de ingresos públicos sobre PIB se mantendría constante en el entorno del 37% – 38% en el horizonte de 2016, mientras que los gastos públicos se reducirían desde el 43,3% de 2013 hasta un 39,7% para 2016, es decir 3,6 puntos de porcentaje sobre el PIB en tres años”.
En su trabajo, los expertos han analizado las cifras reales de recaudación, concluyendo “que la ratio de ingresos públicos sobre PIB se ha reducido sustancialmente en España durante la crisis, situándose ahora entre las más bajas de la Unión Europea (tanto la directa, como la indirecta). Sin embargo, el peso relativo de las cotizaciones sociales es superior y, además, recae sobre los empresarios en mayor medida que en otros países”; es decir, como muchos analistas han advertido, (y se ha comentado en esta columna) cuanta más presión impositiva se carga sobre los (pocos) contribuyentes que sobreviven a la crisis, particulares y empresas, la recaudación cae; además, las empresas y los autónomos soportan más cargas sociales conforme disminuye el número de cotizantes a la Seguridad Social por el aumento del paro.
Por tanto, los expertos señalan (con cierta candidez, diría yo) que el esfuerzo de consolidación fiscal se concentrará especialmente en el ámbito del gasto público; y además, subrayan que “el mantenimiento de la ratio de ingresos fiscales sobre PIB en el entorno del 37% – 38% constituye de por sí un importante reto, porque el proceso de consolidación fiscal y de desapalancamiento (reducción del endeudamiento) presionará sobre la demanda interna limitando, por tanto, su capacidad recaudatoria”. En línea con ese argumento, indican que “aunque la mejoría del ciclo económico impulse el crecimiento de la recaudación, ese crecimiento difícilmente supondrá la vuelta a los elevados ingresos impositivos ligados de modo muy directo al boom de la construcción”.
Por otra parte, “la Comisión ha tratado con sus propuestas de desplazar la carga tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta, porque de ese modo la reforma intensificará sus efectos positivos sobre la eficiencia, la capacidad de competir y el crecimiento y el nivel de empleo de la economía española” a largo plazo, habría que decir. Además, consideran que la mayor carga fiscal que proponen para algunos hechos imponibles, como el sonado tema del IVA, debería servir “para reducir las cargas sociales que soporta el empleo asalariado”; en este tema, creo que se mezclan conceptos que a muchos contribuyentes no les importa y, en mi modesta opinión, no hay razón para mezclar la imposición con las cotizaciones sociales.
Los expertos han realizado un trabajo encomiable para un encargo difícil en un contexto muy complicado; han apuntado algunas líneas razonables de mejora del sistema impositivo pero han olvidado que la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuese; y esa realidad muestra claramente que no hay suficiente voluntad política para atacar el tema del gasto público y mucho menos el concepto eficiencia. Les han pedido que, para cumplir el compromiso de saneamiento de las finanzas públicas que los gobiernos de España incumplen desde el primer año, revisen el sistema tributario manteniendo el peso relativo de los ingresos fiscales, dando por hecho que disminuirá apreciablemente el peso del gasto público; como ya he comentado en otras ocasiones, el esfuerzo de reducción del gasto, que sin duda existe en muchos niveles de la Administración, es imperceptible en la economía, así que la maquinaria pública necesita mucho combustible para seguir funcionando. Y ese combustible no es otro que la recaudación impositiva.
