El ODS 11.3 ya prevé como una de sus metas que, de aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Dicha meta implica la aplicación transversal de la participación en todos los ámbitos sectoriales que inciden en el entorno urbano.
Comenzando por la planificación, donde es clave el art. 4.1.c) del TRLSRU que dispone que, la legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará, el derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas.
Pero es obvio que la participación no cesa o confluye sólo en este ámbito si no que por ejemplo el art. 100.1 de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible estipula que, los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en materia de movilidad se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados y de la ciudadanía, en general, mediante los canales de comunicación, información y difusión que resulten más apropiados, de acuerdo con los instrumentos previstos en la normativa vigente y sin perjuicio de la confidencialidad y secreto empresarial de los participantes cuando legalmente proceda. Dicha participación se realizará tomando en consideración la perspectiva de género.
A su vez, el art. 29.1 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética subraya que, los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra el cambio climático y la transición energética hacia una economía baja en carbono se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas y canales accesibles que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados y del público, en general, mediante los canales de comunicación, información y difusión, en los términos previstos por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Para la elaboración de los mismos, y sin perjuicio de otras fórmulas de participación y deliberación, el Gobierno reforzará los mecanismos de participación ya existentes y garantizará de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel Nacional y se recomendará que se establezcan asambleas autonómicas y asambleas municipales. Su composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de jóvenes. La composición, organización y funcionamiento de la misma se desarrollará mediante Orden Ministerial.
Como se puede observar, las citadas normas sectoriales (como no podía ser de otra manera) hacen una remisión lógica a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE); dado que es la norma especial que regula el derecho a la participación pública en materia de medio ambiente.
Así, el art. 3.2.a) de dicha norma subraya que, para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil:
«2) En relación con la participación pública:
a) A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley».
El desarrollo del citado art. 3 se produce en el propio Título III, bajo la ilustrativa denominación «Derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental» en sus arts. 16 a 18.
El respeto a la participación pública, a pesar de la discrecionalidad en su implementación por parte de las AAPP no es una cuestión baladí; ya que puede conllevar la nulidad del articulado de la norma que lo regule.
A este respecto, es sumamente ilustrativa STSJCL nº 1475/2017 de fecha 29.12.2017 (Rec. 200/2017) acerca de la participación de la ciudadanía, en este caso, en la composición de un órgano colegiado; siendo preponderante la participación del personal en representación de las AAPP:
«QUINTO.- Como ya hemos indicado la cuestión sustancial que plantea este recurso consiste en decidir si la composición del Consejo Regional de Medio Ambiente que acabamos de recoger satisface el derecho a la participación en materia medioambiental que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos».
«(…) Ciertamente la cuestión enunciada no está exenta de dificultad en la medida en que si bien se trata de un derecho reconocido de una manera clara en la ley, la misma no establece cómo debe hacerse efectivo, correspondiendo tal tarea a la Administración, a la que desde luego hay que reconocerle una amplia potestad discrecional, siendo competencia de los Tribunales, el examen y control de su ejercicio y plasmación en cada texto normativo, ya que, como es sabido, ni ésta ni ninguna otra constituyen potestades absolutas (…)».
«(…) Así pues comprobamos que la representación de las Administraciones que estaba prevista en la normativa sectorial citada, derogada o dejada sin contenido por el Decreto 1/2017 se mantiene en términos generales, mientras que la representación de la llamada sociedad civil se ve suprimida o reducida (…)».
«(…) Con ello queremos poner de manifiesto que el derecho de participación que debe respetar el Decreto 1/2017 no solo se ve afectado negativamente desde un punto de vista cuantitativo sino también cualitativo (…)».
«(…) Consiguientemente, a virtud de lo expuesto concluimos que la composición del Consejo Regional de Medio Ambiente en Castilla y León infringe el derecho de participación en cuanto a la composición del Pleno y de sus Comisiones lo que comporta la anulación de los artículos 5.1, 6.1, 7.1 y 8.1 por lo que debe ser anulado en este punto».






