El titular de la Revista de la FEMP, en portada del mes de abril de 2011, ocupando un tercio de la misma rezaba: “El gasto no obligatorio, la cuarta parte del presupuesto municipal”. En el contenido interior, dedica cinco páginas al tema y despliega numerosas estadísticas según un estudio hecho por la Universidad de Barcelona, la FEMP y la Fundación Democracia y Gobierno Local. Efectivamente, si uno examina los datos que ofrece la Revista, el 25 % del gasto que hacen los Ayuntamientos es gasto que no toca hace” a un Ayuntamiento (más extensamente se puede consultar el estudio en la “Colección de documentos e informes (D + I)” de la Fundación.
Me gustaría resaltar que llama poderosamente la atención que los argumentos que indica la FEMP son del tipo el último gran héroe, salvadores de la humanidad, adalides del servicio público al ciudadano. Lo cual –hay que decirlo- está muy bien. La administración local (municipal) está muy cercana al vecino. Éste enseguida, en cuento le pasa algo, se lo cuenta al alcalde, máxime en los municipios medianos y pequeños; el alcalde está pegado a la tierra y vive y sufre muy de cerca con sus ciudadanos.
La cuestión es que la FEMP siempre habla de escasez de financiación, de reforma del sistema y de competencias impropias, pero desde una perspectiva de quien se ve abocado indefectiblemente a hacer cosas que considera “imprescindibles”. Pero nunca o casi nunca habla –o escribe- sobre lo que le toca hacer a cada administración. O sí, sólo lo hace para resaltar que al ayuntamiento no le toca pero lo tiene que hacer.
La Ley de Bases –ya se ha comentado aquí en otras ocasiones- estableció un sistema competencial abierto, indefinido y por tanto, infinito. Las competencias obligatorias son las del artículo 26. A partir de ahí, aparece el artículo 25, conforme al cual “puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Y con el artículo 2 que otorga “derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”. Títulos más que suficientes para que un Ayuntamiento pueda hacer prácticamente todo salvo declarar la guerra y según.
En una época de vacas gordas, esto ha sido jauja, los alcaldes el rey Midas, convertían en oro todo lo que tocaban, el boom inmobiliario permitía ingresar ingentes cantidades o al menos bastante importantes, de dinero a través de convenios urbanísticos, impuesto de construcciones, impuesto de plusvalía y de bienes inmuebles. Esplendor en la hierba.
De repente pincha la burbuja inmobiliaria y blof, se derrumba el castillo de naipes. En este momento el país no da para más, imposible pintar la gran muralla, cinco millones de parados, aumento de gasto social derivado, disminución drástica de ingresos, las inversiones casi no se pueden mantener. Muchos ayuntamientos empiezan a promover expedientes de regulación de empleo.
Y surge la pregunta del millón que habría que hacer al bueno del señor alcalde: mire, sabemos que es usted muy preocupado por su ciudadanía, que quiere lo mejor para sus vecinos, pero ¿por qué se mete donde no le llaman?, ¿cómo va a pagar su ayuntamiento todo esto si no tiene ingresos corrientes suficientes? (lo de “Dios proveerá” ya no se lleva). Sin duda contestará que sus ciudadanos tienen derecho a esto, a aquello y a lo de más allá. Con ese argumentario un ayuntamiento de menos de mil habitantes puede construir un aeropuerto si siente que sus vecinos demandan la necesidad de desplazarse en avioneta.
Por lo tanto, el problema financiero local tiene varios frentes que hay que resolver:
- Es urgente una reforma del gobierno local que establezca claramente qué competencias tiene un ayuntamiento, una provincia, una comarca y una comunidad autónoma (el debate de por qué tenemos tantas administraciones es otro tema).
- Estas competencias tienen que ser cerradas. Siendo cerradas, se puede calcular con cierta facilidad qué financiación necesita. Una vez se sepan las competencias, se deben asignar recursos para esas competencias.
- Debería limitarse pues drásticamente la posibilidad de que un ayuntamiento o una diputación haga lo que no toca. Incluso establecer algún tipo de consecuencia jurídica si se hace.
- Cada administración debe hacer lo que le competa. Así el ciudadano sabrá a quién debe reclamar las soluciones incluso patrimonialmente. Igual que un ciudadano puede reclamar al ayuntamiento que exista alumbrado público en condiciones, debería exigir a su comunidad autónoma que haya escuela, consultorio, etc. o al Estado que haya seguridad pública.
Estoy totalmente de acuerdo en esa idea (básica) de que cada Administración haga SÓLO aquello que sea de su competencia (tras delimitar cuáles son, evidentemente).
Muy probablemente, de la gran sensatez de esa idea, derive el hecho de que ningún político de primer nivel lo asuma como propio, como algo realmente factible, algo muy útil para esta ya castigada sociedad, a la que vapulean inmisericordes de modo sistemático.
Y -en efecto- el que sobren instituciones (que duplican funciones y presupuestos) es otro tema, y no baladí, del que deberíamos estar hablando TODOS un poco más; más seriamente; más a menudio y con más convicción. Al fin y al cabo, sería lo sensato (para el ciudadano, claro).
No puedo estar mas de acuerdo con tus reflexiones. Pero como la modificación del sistema electoral…. ¿quién le pone el cascabel al gato?. Como siempre muy acertado.