Vaya por delante mi disculpa por el título de esta entrada, que inicialmente iba a ser “referenda locales”, huyendo del incorrecto término “referéndums”. Pero advirtiendo el corrector ortográfico una falta he decidido consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que, en contra de mi creencia, no admite el latinismo referenda, sino que remite al uso del castellano referendo, con su plural, finalmente por mi utilizado.
Valga esta reflexión para situarnos en lo que nos ocupa, la consulta a los ciudadanos sobre cuestiones que les afectan.
Cuando se explica a un grupo de alumnos de cualquier edad qué es la democracia, es habitual empezar por el origen de la palabra, que deriva del griego clásico conjugando los términos “demos”, que significa pueblos, y “krátos”, que quiere decir poder o gobierno. Esta explicación suele completarse con la referencia a los inicios del gobierno democrático en las polis o ciudades de la Grecia antigua, especialmente Atenas, en las que se aplicó el sistema de democracia directa.
En el mundo actual, el crecimiento de la población, el gran tamaño de las organizaciones políticas, desde los estados hasta las entidades locales, y el reconocimiento de la ciudadanía con carácter universal, sin exclusión de esclavos y mujeres, no permiten el uso de la democracia directa, que es sustituida por un sistema representativo, basado en elecciones libres. Para que todo el mundo pueda votar sobre una determinada cuestión, es necesario un costosísimo proceso, con convocatoria, publicidad, votación, recuento y escrutinio definitivo, aparte los posibles recursos judiciales. Es por ello que la democracia directa solo sigue funcionando en las pequeñas poblaciones que aún se rigen por el sistema de concejo abierto, en el que basta convocar la asamblea vecinal a toque de campana, sin tener que pagar a los vecinos por su asistencia.
Pero hay un ejemplo a nivel mundial de Estado que se rige por un sistema de democracia semidirecta, que es Suiza. Aquí los ciudadanos pueden ser llamados a votar sobre asuntos estatales, cantonales y locales, hasta 4 domingos al año, en marzo, junio, septiembre y noviembre. En cada ocasión, los referendos se acumulan en función de las cuestiones que los distintos niveles territoriales hayan querido consultar con los ciudadanos, los cuales efectúan las distintas votaciones en un solo acto, seleccionando la opción deseada para cada cuestión en la papeleta que reciben por correo.
Ha de tenerse en cuenta que el mayor nivel de participación en las decisiones a adoptar exige un mayor nivel de educación de la población, pues sin una adecuada formación y responsabilidad se producen fenómenos de falta de participación que privan de representatividad a las votaciones. Por ello es fundamental que recuperemos en los niveles de educación obligatoria la formación en valores, enseñando el respeto a nuestros menores, nunca adoctrinando políticamente, pero sí dotando de un bagaje moral que nos defienda de las imposiciones que tan a menudo se nos tratan de aplicar.
Es evidente que estamos en el siglo XXI, ocasión única para, mediante el adecuado uso de las tecnologías de la información y comunicación, acercarnos a un mayor nivel participativo. Los avances tecnológicos permiten, además de controlar hasta nuestro último movimiento o predecir nuestra próxima compra, consultarnos fácilmente, sin apenas coste, nuestras preferencias respecto a nombres de calles, sentidos de la circulación, puntos de recogida de residuos, destino de superávit, etc., etc., etc.
Hasta ahora el principal interés de las Entidades Locales con contadas y muy honrosas excepciones ha sido evitar las consultas populares o buscarlas con un interés sectario. Por otra parte, el desconocimiento popular de los condicionamientos legales de las mismas hace que no se hayan usado adecuadamente. Pero en 2020, cuando el Gran Hermano controla hasta nuestros pensamientos, no se ve la razón de no empezar a hacer el sistema más participativo.
Estoy absolutamente de acuerdo con Ud.
Pero sí me gustaría subrayar, respecto de la necesidad de «un mayor nivel de educación de la población», que, en mi opinión, sólo si la población se siente verdaderamente interpelada en las cuestiones que la afectan y se siente verdaderamente decisor en las soluciones que finalmente se adopten, tendrá motivación e interés en los asuntos públicos.
La clave es que los asuntos públicos sean asunto de cada uno de nosotros, no solo porque nos afectan, sino porque debemos participar en la decisión, que no corresponde en exclusiva a «otros».
Que los asuntos públicos nos afectan está claro y los miembros de «la población» lo sabemos bien porque somos los destinatarios tanto de los efectos de cada política como de la factura de su coste.
Lo que no está tan claro es que «la población» forme parte relevante del proceso de toma de decisiones. Más bien está claro lo contrario, y eso es lo que desmotiva el interés en los asuntos, en principio, públicos. Esto es lo que nos convierte, utilizando el término acuñado en las democracias clásicas, en idiotas.
De nuevo, muchas gracias por su acertado artículo, en oportunidad y enfoque.
Más que un adecuado o mayor nivel de educación para la cosa pública creo que es mas interesante el término compromiso con lo público que indica un nivel de aceptación de que lo publico no nos es ajeno. Enhorabuna por el artículo