La burocracia como modelo organizativo y de gestión es impecable. Pero los órganos de control burocrático y los empleados de las burocracias ya son otro cantar: crecen en volumen organizativo y de personal de manera descontrolada, imponen unos criterios formales desorbitados y acaban perdiendo el norte de su función. La burocracia como modelo para que funcione necesita sus intermediarios: fedatarios públicos (notarios, registradores) registros de todo tipo (civil, de asociaciones, de empresas, etc.), interventores, gestores de expediente, etc. ¿Podemos imaginar un modelo de futuro conceptualmente burocrático, pero sin unidades burocráticas y sin burócratas? En efecto, es totalmente posible un modelo de futuro en el que imperan los impecables principios burocráticos, pero sin ninguna externalidad negativa inherente a su estructura o a los intereses subjetivos que suele utilizar la burocracia de manera facciosa. Una aplicación inteligente de la robótica y la inteligencia artificial lo puede lograr si buscamos este objetivo, si le damos un enfoque no de simple cambio tecnológico sino de cambio de paradigma conceptual, de cambio estratégico. Por ejemplo, los ciudadanos andan expectantes con los automóviles autónomos. Suelen pensar mucho en aspectos instrumentales: que sensaciones vamos a tener cuando subamos a un coche que funciona solo. Unos se pondrán nerviosos con el tráfico y no poder dominar la máquina, otros satisfechos y relajados leyendo un libro y aprovechando el tiempo de los desplazamientos. Es un cambio instrumental importante ya que uno puede iniciar su jornada laboral una vez que suba al automóvil ya que podrá trabajar en él y llegar con una parte del trabajo hecho cuando alcance el lugar en que se celebre la reunión. ¿Podremos fichar en el mismo momento que nos montemos en el coche y aprovechar los tiempos de desplazamiento y no tener costes de transición? Estas reflexiones son interesantes, pero se quedan en la parte más anecdótica y menor de la transformación que va a suponer la introducción de los automóviles autónomos. La auténtica revolución no es ni el confort ni la eliminación de los costes por desplazamiento sino una auténtica revolución en el concepto de movilidad. Por una parte, se va a lograr un servicio de movilidad mucho más eficiente, con menos atascos, sin necesidad de aparcamientos, ni semáforos, ni multas. Se van a ahorrar una cantidad ingente de costes públicos y privados. Por otra parte, el gran cambio va a residir en que se va a mudar del producto y la propiedad al servicio «ya no será una necesidad disponer de un coche propio, sencillamente se va a precisar de un servicio» (Vidal, 2018). La auténtica revolución no será el automóvil autónomo como tecnología sino un nuevo paradigma de la movilidad que será mucho más eficiente, sostenible (actualmente la utilización de los automóviles privados durante los días laborales es solo del 4 por ciento y el resto del tiempo están aparcados sin aportar ningún rendimiento) y que acabará con los intermediarios (concesionarios, parkings públicos y privados, policías, semáforos, red de talleres mecánicos descentralizados, etc.). Un sistema óptimo de movilidad sin necesidad de que participen la mayor parte de los operadores e intermediarios vinculados a la movilidad. Utilizando este símil en el modelo burocrático todos andamos expectantes sobre cómo los cambios tecnológicos implicarán una administración sin papeles. Un tema relevante pero no muy notable a nivel conceptual. La gran transformación del modelo burocrático del futuro residirá en lograr una burocracia más eficaz y eficiente, pero sin intermediarios burocráticos y sin burócratas. Esto sí que puede ser una enorme revolución conceptual: solo alimentarse del colesterol bueno sin tener que ingerir el colesterol malo.

Un ejemplo de ello, entre otros, residiría en la implantación en las administraciones públicas del blockchain. Cada día nos toca aprender nuevas posibilidades, y entre las más recientes y prometedoras está el blockchain (la cadena de bloques para entendernos). Su utilización nos aportará integridad, seguridad, permitiendo descentralizar al entorno en el que tienen lugar las transacciones, El blockchain es un elemento clave para el nuevo modelo de administración hiperconectada (Campos, 2018). Unido al concepto “distributed ledger technologies” (tecnologías de registro distribuido), blockchain se presenta como un conjunto de tecnologías (P2P, sellado de tiempo, criptografía, etc.) que combinadas hacen posible que computadoras y otros dispositivos puedan gestionar su información compartiendo un registro distribuido, descentralizado y sincronizado entre todos ellos, en vez de utilizar las tradicionales bases de datos. Pero no es solo eso, sino que la información se transmite y guarda de un modo extremadamente seguro, respetando la identidad y privacidad, gracias al uso de claves criptográficas. Además, es un registro que no permite su alteración, es decir, no permite deshacer o reescribir lo ya registrado, que además es visible para cualquier participante de la red (si ésta es pública, como Bitcoin), añadiendo una gran transparencia. Como analogía podemos asemejar el blockchain a un libro de cuentas, donde en cada página se registran las operaciones para un cálculo que parte del resultado obtenido en la página anterior. Todas estas características posicionan al blockchain como la «tecnología para dar confianza más importante de la historia». Hasta tal punto que ha abierto las puertas a algo hasta hace poco impensable: prescindir de los intermediarios que eran necesarios para dar esa confianza, ya sean ordenadores de verificación y control o incluso personas y entidades (notarios, bancos centrales, etc.). «Las aplicaciones de los contratos inteligentes son infinitas, solo hace falta que a alguien se le ocurra una idea original. Hay aplicaciones en el mundo de la Banca, de los Seguros y de la Salud, entre otras muchas. La gran pregunta es ¿Se pueden aplicar estos contratos, u otros elementos basado en blockchain, en las Administraciones Públicas? La respuesta teórica, claramente es sí, es posible (…) ¿Y si al igual que el bitcoin se ha abierto paso entre las monedas oficiales, se abriera paso un registro de la propiedad en el que se registren las operaciones de compra-venta sin tener en cuenta a los notarios, a los registros oficiales, etc? ¿Se podría también crear un registro civil que acabe por tener más validez que los oficiales?» (Fernández Sáez, 2017). Este autor explicita varios ejemplos de burocracia pública en la que se podría ubicar el blockchain: registros de inmuebles y de otro tipo, historial de formación de todos los ciudadanos en general y de los empleados públicos en particular, identidad digital, incluso la participación en los comicios electorales o, finalmente, el historial de las ayudas y subvenciones. En este último ítem incluso puede ser un caso de uso ideal para los SmartContract; determinadas subvenciones requieren una justificación del gasto con posterioridad. Se podría identificar qué documentación hay que aportar para la justificación, de manera que, si no se justifica en tiempo y forma, se inicie inmediatamente el procedimiento de devolución de la ayuda. Como en el caso anterior, sería interesante también conocer qué subvenciones o ayudas se le han otorgado a una empresa o persona. En determinados casos existen subvenciones incompatibles. Si se gestionara el histórico de las subvenciones recibidas a una empresa, por ejemplo, se podrían identificar cuáles son coincidentes en el tiempo. Daría igual cual fuera el nivel de la administración que la otorgue (EE.LL., Diputaciones, CC.AA. o AGE) (Fernández Sáez, 2017).

Otro elemento a tener en cuenta es que un modelo burocrático de carácter tecnológico, pero sin apenas burocracia estructural (desaparecen las unidades clásicas de control) y sin burócratas (las tareas ya no la asumen los empleados públicos sino los robots y la inteligencia artificial) podría erradicar en gran medida la corrupción. «La introducción de las nuevas tecnologías constituye, en sí misma, una herramienta de prevención y lucha contra la corrupción, la trazabilidad de las actuaciones electrónicas, y la seguridad que rodea a su gestión favorece la confianza en la gestión, y la introducción de mejores sistemas de control. Sistemas de control que pueden aplicarse a sectores tan en riesgo y bajo sospecha como la contratación pública. Como ejemplos podemos citar como los sistemas alerta temprana impulsados por los pactos de integridad en la contratación impulsados por Transparencia Internacional España» (Campos, 2018). Por tanto, la implantación de la smartización y de la robótica debería orientarse a la simplificación o eliminación de las redes de operadores burocráticos y a erradicar la corrupción. Y la estrategia de implementación de esta tecnología no debería ser solo técnica ni organizativa sino política ya que las resistencias de los operadores públicos y privados van a ser enormes por la pérdida de capacidad de influencia que implica (el poder discrecional como antesala de la corrupción) e incluso porque estos actores se juegan la supervivencia de sus unidades y de sus puestos de trabajo.

No hay comentarios

Dejar respuesta