La Comisión Europea acaba de anunciar un plan dirigido a mejorar el funcionamiento de todas las Administraciones de los Estados miembros, incluidas regionales y locales. Los Ayuntamientos con menos recursos son objeto de menciones reiteradas pues se insiste en que están infradotados financieramente y que carecen de expertos en sectores concretos. El documento tiene como referencia COM (2023) 667, de 25 de octubre, y su origen se aloja en propuestas previas del Comité de las Regiones y del Parlamento Europeo. Por el momento, solo se puede consultar en alemán, francés e inglés, los tres idiomas entre los que tenemos que elegir a la hora de leer la documentación de las instituciones europeas ante la desidia de las autoridades españolas por cuidar tanto el patrimonio común como la riqueza y proyección del español.
Un inicial prejuicio escrupuloso, la falta de competencia de la Unión Europea para incidir en las Administraciones públicas internas, ha de quedar apartado. Salvo para quienes quieran quedar atrapados en la miopía de cuestiones exclusivamente locales que impiden atender con mirada limpia al entorno actual porque -además de ser una constante histórica- en estos momentos resulta más indispensable aunar esfuerzos.
Lo que interesa a la Comisión Europea al precisar los objetivos de este plan se resume en dos ideas. Una, el cumplimiento de las metas fijadas relativas a la digitalización de los servicios públicos, lo que presupone una interconexión y unas prácticas administrativas suficientemente ágiles y eficaces. Dos, asentar la estructura que evite las grietas que empiezan a alarmar en la estructura del Estado de Derecho, así como el decaimiento en la lucha contra la corrupción.
Ambos objetivos tienen sólido fundamento. Son numerosos los estudios y análisis previos que han señalado las carencias y retrasos en la digitalización de servicios, deficiencias en la interconexión para facilitar información, deterioro en la lucha contra la corrupción. Recuerdo únicamente que, en julio de este año, la Comisión Europea publicó el último informe sobre la situación de algunos aspectos esenciales que garantizan el Estado de Derecho y ahí ya destacó su preocupación ante los datos recogidos: faltan medidas eficaces que condenen la corrupción, que protejan los intereses financieros, se advirtió de la insuficiente rendición de cuentas, así como también de la progresiva debilidad de los medios de comunicación social ante la distribución desigual de la publicidad institucional o la insuficiencia de transparencia en la información pública.
Todo ello ha alumbrado este Plan.
Es cierto que la Unión Europea está destinando desde hace años fondos a la modernización del sector público, a la digitalización de los servicios, a la formación de funcionarios, al intercambio de información en las redes de expertos y de escuelas de Administración. Lo que ahora se pretende con este nuevo Plan es ofrecer una especie de paquete conjunto de acciones (se ha bautizado como «ComPAct») que consiga un singular «Espacio Administrativo Europeo» caracterizado por contar con una Administración de calidad. Ha de ser un ejemplo para otros Estados, en particular, los que pretenden adherirse a la Unión.
¿Cómo fomentar e incitar la mejora en la Administración? Los pilares y arbotantes en los que ha de apoyarse una Administración de calidad son conocidos desde hace muchos, muchos años. ¿Desde cuándo se habla de que los funcionarios han de contar con méritos y capacidad probada?¿Desde cuándo que han de existir profesionales que dirijan con solvencia las políticas públicas? ¿Desde cuándo la necesidad de una leal coordinación y cooperación para garantizar la coherencia de las actuaciones? En fin, se reiteran los principios conocidos para que los ciudadanos confíen en una Administración íntegra y responsable. Lamentablemente también nosotros presenciamos argucias, componendas, tergiversaciones que debilitan la profesionalidad y neutralidad de las Administraciones, que hacen que el nepotismo y el clientelismo campen en el sector público.
¿Qué propone ahora la Comisión Europea? Más financiación para atraer a jóvenes con talento al sector público; así como una mejor formación en los ámbitos de análisis de datos, digitalización y ciberseguridad. Se recuerda que este año se han asignado 23 millones para esta finalidad y que antes de que concluya 2024 han de estar incorporadas las nuevas exigencias establecidas en la Directiva bautizada como NIS2; del mismo modo que ha de consolidarse a finales de este año el sistema para poder compartir los datos de todas las Administraciones públicas de la Unión Europea.
Igualmente se insiste en fomentar la colaboración y el intercambio; impulsar consorcios y asociaciones locales, financiar estancias para incrementar las experiencias, compartir conocimientos y comparar el desarrollo de otras prácticas administrativas e, incluso, incorporar un «pasaporte de competencias básicas».
Instrumento destacado es el «apoyo técnico» para aquellas zonas que se están estancando. Se realizarán estudios para determinar estrategias, actuaciones que atraigan inversiones, conexión entre «valles de innovación», planes que favorezcan el desarrollo regional.
Se anuncia la fijación en el calendario de un «día anual de la Administración local». En principio, para realizar debates y compartir experiencias. Sin embargo, ello no ha de impedir que celebremos un día a las Corporaciones locales, a sus trabajadores. Quizás así algunos empiecen a distinguir entre lo que debe ser, por un lado, la fiesta del pueblo, de esa «patria chica», y, por otro, el reconocimiento de la Administración local que está viviendo su metamorfosis. En fin, una nueva muestra más del atractivo de la Administración local sobre la que giran las políticas públicas más cercanas a la ciudadanía.
