Las actuales provincias españolas, alterando mínimamente el mapa, representan una unidad administrativa bastante razonable tanto a nivel de población como de territorio. Además, las actuales provincias con dos centurias de antigüedad han cristalizado, en términos generales, a nivel de identidad social y económica. No hay que olvidar que su promotor, Javier de Burgos, tuvo en cuenta una realidad previa de carácter geográfico, cultural e histórico. Nada tiene que ver, por ejemplo, el barroco mapa provincial español con el artificial, cartesiano y racional mapa departamental francés. El mapa provincial español es sensible a variables poblacionales, culturales, sociales y económicas. El francés, en cambio, es un mapa puramente administrativo.

Para que las Diputaciones Provinciales transiten con ciertas garantías a las exigencias institucionales del futuro habría que implementar lo más rápidamente posible un conjunto de medias si se quieren evitar las actuales incertidumbres que las pueden abocar a su desaparición. Una hipotética supresión de las Diputaciones Provinciales sería una medida que probablemente iría contra la lógica institucional del futuro y, paradójicamente, dentro de unas décadas quizás habría que refundarlas. Las cuatro medidas urgentes a implantar serían las siguientes:

Mayor legitimidad política: el actual sistema indirecto de elección de los plenos y gobiernos de las diputaciones representa un original modelo que posee muchas virtudes. El modelo es tan autóctono e insólito que las diputaciones provinciales han tenido que ser exencionadas en las cartas mundial y europea de gobierno local en su exigencia de legitimidad democrática directa. No es un mal sistema pero tiene sus problemas: el principal es su falta de visibilidad social, que le dificulta el reconocimiento, el control y la legitimidad política y social. Otro problema es que la ubicuidad que se le exige a los cargos políticos de las Diputaciones (estar presentes en la política de su Ayuntamiento y en el de la Diputación) genera conflictos de intereses y dispersión de objetivos. Además, las Diputaciones son de todos pero también en la práctica no son de nadie. Es un territorio difuso en el que no hay una explícita rendición de cuentas. Esta ambigüedad ejerce de catalizador para que afloren lógicas clientelares y corporativas más agudas que en el resto de las administraciones públicas. Todo esto habría que modificarlo por la vía de elegir al pleno de la Diputación de manera directa por parte de los electores. Y que el cuerpo electoral fuera únicamente el de los municipios que mantienen vínculos con la Diputación (los ciudadanos de las capitales y de las grandes ciudades que operan de manera totalmente autónoma de la Diputación deberían quedar fuera del censo electoral). El territorio de los pequeños y medianos municipios representaría el censo electoral.

Recapacitar sobre los objetivos: muchas veces las Diputaciones son instituciones con soluciones en busca de un problema. Son instituciones con recursos financieros sin poseer unos objetivos claros. Las diputaciones, en muchas ocasiones, se han convertido en el socio ideal para proyectos públicos (y a veces privados) extraños e incomprensibles impulsados por las grandes ciudades y por las Comunidades Autónomas pero que no atienden a sus intereses específicos de carácter territorial. Por otra parte, hay Diputaciones confundidas que asumen un papel casi de Estado en su respectivo territorio y concentran sus esfuerzos en macro proyectos que escapan claramente a sus competencias y capacidades. El resultado de todas estas iniciativas espurias es prestar menos atención a los problemas y necesidades de carácter estrictamente municipal. Hay que bajar el listón de las ambiciones y recuperar el concepto de Diputación igual a una red de municipios y a concentrar la mayor parte de esfuerzos políticos y administrativos a colaborar con los municipios y con el territorio.

Aligerar los lastres organizativos: los problemas clásicos de la Administración pública (clientelismo, corporativismo, excesos burocráticos, etc.) suelen ser más acusados en las Diputaciones Provinciales. Es una consecuencia natural ante sus originales y perversas características políticas e institucionales. Estas disfunciones organizativas deberían suavizarse con el cambio en las reglas del juego de su sistema de formación formal del poder (no indirecta sino democrática), con objetivos más claros y apegados a los municipios y al territorio, con transparencia y rendimiento de cuentas

Apostar por la modernidad por la vía de la meritocracia: parece una propuesta desfasada en el tiempo pero sigue radicalmente vigente. Fukuyama (2016) advierte que el clientelismo sigue siendo un problema para las instituciones públicas de los países más avanzados. Es obvio que España, en general y las Diputaciones, en concreto, no son una excepción. No es bueno obviar el problema y no querer reconocer que en el nivel local ha reverdecido durante las últimas décadas de forma aguda el problema del clientelismo político, social y corporativo. Tampoco hay que dramatizar ni auto fustigarse. Fukuyama (2016) demuestra que el clientelismo aparece de forma inevitable cuando las instituciones públicas se democratizan antes de modernizar e institucionalizar sus administraciones públicas. Este ha sido el caso del gobierno local y también de las Comunidades Autónomas (en cambio, no es la situación de la Administración General del Estado que estaba muy asentada cuando se incorporó a un sistema democrático). Por tanto, primero hay que reconocer el problema y, segundo, hay que tomar medidas para solventarlo. La principal medida es apostar por sistemas de selección radicalmente meritocráticos. Es posible hacerlo de forma fluida y moderna sin caer en excesos burocráticos (Ramió, 2015). En meritocracia las Diputaciones Provinciales deberían ser un buen ejemplo o buena práctica para que fuera emulada por los ayuntamientos vinculados  a sus redes.

2 Comentarios

  1. Con sorpresa, por seguir de este interesantísimo blog, leo el artículo sobre las diputaciones. Parece escrito, una vez más, desde una perspectiva centralista de la organización de la Administración que no tiene en cuenta la principal nota que conforma el Estado español, la plurinacionalidad.
    Efectivamente, cuando se crearon estos entes locales en la nueva división territorial copiada de la división francesa (de moda en aquel entonces), se realizó para modernizar el país y para ejercer con mayor comodidad y eficacia el poder central en las “provincias”. Esto es, primero se crearon las provincias como organización territorial, y posteriormente las diputaciones para controlar un mucho más fragmentado mapa municipal que el actual. Todo ello repito con finalidad de control del territorio por la capital, el único gobierno que maneja un presupuesto en condiciones (como a día de hoy).
    La división en provincias tuvo mucho de aleatoria por intereses particulares que están sin estudiar, dando lugar a que Galicia, por ejemplo, perdiese territorios (Galicia irredenta) que se suponen perdidos para siempre. Y que se separasen en diferentes provincias superficies de un mismo ayuntamiento, que acreciesen otro (ej. Padrón, A Coruña), o que núcleos de población se repartan entre dos provincias, tres ayuntamientos y dos diócesis (ej. Os Peares, Lugo y Ourense).
    Además esta división se hizo de modo uniforme en todo el Estado, desconociendo que por ej. en Galicia y Catalunya no se reconociesen divisiones territoriales consecuentes con su estructura poblacional y geográfica. Simplemente porque como he dicho, se atendía a necesidades de un estado centralista de control efectivo del territorio.
    Así hoy, 180 años después, estas instituciones siguen sin ser aceptadas por la ciudadanía por no corresponder con la división territorial adecuada para cada territorio (podría haber diferentes según las necesidades de cada comunidad si se aceptase la diferenciación de cada lugar del Estado), y además porque en estos casi dos siglos han sido lugares oscurantistas, en el más amplio término de la palabra, en los que se ha ensoñereado la corrupción, la falta de transparencia y no hace falta decir que la democracia (claro que en los últimos 180 años en este Estado la democracia estuvo mayormente ausente).
    Hace unos años con el café para todos, se crearon comunidades autónomas uniprovinciales (!) en territorios que no reclamaban un cambio en el statu quo organizativo/administrativo. El caso es de estudio, aunque tampoco los hay sobre ésto, porque no se conoce ejemplo de comunidad local o autónoma que eche de menos las diputaciones.
    En estos 180 años, las provincias sólo han servido para que determinadas ciudades (muchas capitales provinciales) no se convirtieran en pequeñas villas por tener un número reducido de habitantes, ej. la ciudad en que vivo, Pontevedra (+ o – 85.000 habitantes en el municipio, incluida zona rural). En la cual, el alcalde, no tiene empacho en admitir que el primer sector de actividad económica es el funcionariado. Seguro que se les ocurren algunos ejemplos más.
    Las diputaciones, y provincias, al menos en Galicia no se corresponden con una distribución y organización territorial de la Administración que la hagan más eficiente y eficaz, y suponen un gasto absurdo y patético. En plena crisis económica con una tasa de paro superior al 20%, la diputación de Pontevedra ha hecho más de 100 campos de fútbol de hierba artificial por la provincia, con un gasto mínimo por campo de medio millón de euros. Y no se trata de un determinado partido político, pues hace quince días ayuntamiento de Pontevedra y Diputación han firmado un convenio para gastarse 2 millones de euros para hacer 2 campos de fútbol en 2 parroquias del rural. Si no les podemos (queremos?) dar trabajo, por lo menos que jueguen al fútbol.
    La división territorial, entendida como organización administrativa que busque la mejor performance de la Administración es la gran asignatura pendiente de este Estado. Y necesariamente debe realizarse territorio a territorio, porque por ser distintos necesitan respuestas distintas a sus problemas. Pero mientras dure la doctrina del “café para todos”…

  2. Coincido bastante con el artículo tras más de 20 años como alcalde de pueblo pequeño. Falta muchísima transparencia y democracia en estos entes. La elección indirecta es un truño jamás los ciudadanos se ven ahí representados, sino como un pozo donde meter a los ex-alcaldes de turno, traficar las más variadas corruptelas y amiguismo y donde se apoyan las más “raras” actividades.
    No olvidarse también de los patronatos que de ellas cuelgan y las bicocas de los sueldazos de los diputados provinciales con asistencias médicas privadas seguros dentales y demás parafernalia aparente al cargo que no responde ante nadie.

    Dicho lo cual, si no fuera por las diputaciones los pueblos pequeños estarian abandonadisimos y lejos de los centros de decisión a los que acudir en casos de emergencia ( un puente que se cae.. una carretera que se destroza, una planta potabilizadora que no puedes ni mantener ) y todo ello en medio de crecientes exigencias sanitarias, de movimiento etc.

    En definitiva si DIputaciones Si.. con vocación de servicio a los pequeños pueblos, presupuesto adecuado y centrado en ellos. y con mucha transparencia en la eleccion desus miembros y en las ayudas y servicios que ofrecen a las entidades locales.

    En realidad hay 2 modelos: Suprimir todos los municipios diminutos.. para hacer economia de escala en servicios (mancomunidad forzosa) y centralizarlo en entes de gestión de servicios (algo parecido a las diputaciones).. respetando eso si la idiosincrasia propía de cada población con una especie de alcaldillos para cuestiones culturales y de promoción. o bien seguir como estamos pero dinamizar las diputaciones absorbiendo competencias municipales

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