La nueva organización del trabajo que emana de la revolución digital (tecnologías de la información), el incipiente pero contundente impacto de la robótica y los sistemas de colaboración público y privada debería alterar de inmediato el  redimensionamiento del empleo público. En este tema es totalmente indiscutible que la Administración pública no puede vivir instalada en su propia burbuja autista y autárquica.

La Administración pública del presente ya es una organización digital al mismo nivel o incluso a un nivel más avanzado que algunas organizaciones privadas. Los ciudadanos se relacionan con ella, en su gran mayoría, de manera digital. Es decir, de forma confortable, eficaz y eficiente. En cambio, lo que no ha sucedido con la misma firmeza es que la organización interna de la Administración y sus mecanismos de organización y gestión de recursos humanos se hayan sincronizado con este esfuerzo general de modernización por la vía digital. Se sigue operando con el mismo marco organizativo, de competencias del personal, de formación, de acceso, de carrera administrativa y de evaluación del desempeño que antes de la modernización digital. Lo mismo sucede a nivel de dimensionamiento del volumen y distribución por ámbitos y perfiles profesionales de la Administración pública. No se puede residir por más tiempo en un modelo digital con una organización del personal de carácter clásico y analógico.

Por otro lado, el impacto de la robótica va a afectar a las organizaciones de servicios (como la Administración pública) durante los próximos quince años de una manera espectacular. Los pronósticos más conservadores anuncian que el 30 por ciento de los actuales puestos de trabajo van a desaparecer por la robótica (taxistas, conductores de autobuses, camareros, administrativos e incluso cirujanos, arquitectos, etc.). Algunos informes más radicales anuncian que van a desaparecer más del 50 por ciento de los puestos de trabajo actuales. Las administraciones públicas no pueden adoptar un rol reactivo ante la revolución de la robótica del mismo modo que ya lo ha mostrado, desgraciadamente, con el cambio de paradigma digital.

Atendiendo a estos dos elementos, las grandes bases conceptuales en relación con el volumen, redistribución interna y competencias de los nuevos empleados públicos debería seguir los siguientes elementos:

  • Muchos menos empleados públicos que ahora: Parece evidente que la Administración pública del futuro va a requerir un volumen de empleados públicos mucho menor que el actual. La nueva organización del trabajo derivada de la Administración digital debería implicar de forma casi inmediata la supresión de una parte importante del personal administrativo y auxiliar administrativo (actualmente catalogados como C1 y C2). La supresión de buena parte de estos perfiles puede significar la reducción aproximada de una 10 por ciento del total de los empleados públicos de manera casi inmediata. Por otra parte la robotización debería afectar a largo plazo, en un horizonte de unos 15 a 20 años, la reducción de un 30 por ciento de los actuales puestos de trabajo. La robotización pude afectar a colectivos cuantitativamente muy relevantes: fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado, personal penitenciario, empleados de correos, docentes, personal sanitario (médicos y personal de enfermería), empleados de oficios y de conserjería (agrupaciones profesionales o antiguo grupo E), trabajadores de empresas públicas del transporte (conductores). Finalmente la mayoría de personal C1, C2 y de agrupaciones profesionales que no se vean afectados por la digitalización o por la robótica seguramente podrán ser externalizados hacia organizaciones privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Las externalizaciones de determinados ámbitos de gestión (transporte, sanidad, educación, servicios sociales, etc.) podrían reducir aproximadamente en un 20 por ciento más el volumen de los actuales empleados públicos. Obviamente se trata de datos aproximados y con evidentes ingredientes de especulación de carácter prospectivo pero no sería raro contemplar un escenario de futuro a 20 años vista que implicara la reducción del 60 por ciento del volumen actual de empleados públicos. A esta reducción tan importante habría que incorporar el incremento derivado de nuevos perfiles profesionales: a los actuales gestores tecnológicos habría que añadir personal especializado en gestión de la información y de la inteligencia artificial: desde analistas de big data hasta otros analistas de información, diseñadores y gestores de la robótica, controladores y evaluadores de los sistemas externalizados y, finalmente, otras profesiones que todavía son desconocidas. Estos nuevos colectivos profesionales podrían suponer el incremento de un 10 por ciento de efectivos de personal. Entra la reducción y el incremento el resultado final podría acercarse a una reducción del 50 por ciento del actual volumen de personal. Es decir,  podríamos pasar en España de los 3,1 millones actuales de empleados públicos a un 1,5 millones. Todo ello sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos, atendiendo a la renovación profesional derivada de la modernización de la Administración pública. Además, no todas las disminuciones de los puestos de trabajo implicarían su desaparición del mercado laboral sino que una parte significativa mudaría su vinculación pública hacia una vinculación privada pero destinada a prestar servicios públicos.
  • Mucho más cualificados: El personal que permanezca al servicio de la administración pública en el futuro tendrá un perfil muy mayoritario de elevada cualificación. No parece exagerado afirmar que los empleados públicos del futuro serán aquellos que aporten elevado valor público y ello implica que la gran mayoría, cerca del 90 por ciento, sean titulados superiores (con grado o máster universitario exigible en el acceso). La Administración del futuro debe hacer una apuesta contundente por la inteligencia institucional: puestos de gestores de alto nivel, analistas de información, especialistas en tecnología de la información, de la robótica, de la inteligencia artificial, gestores de complejas redes de gobernanza, etc.
  • Nuevos ámbitos profesionales a promover: los nuevos ámbitos profesionales a promover en el futuro tienen dos vínculos en común: la inteligencia institucional y la aportación de valor público. La Administración pública del presente y del futuro debe asumir el rol de metagobernador en un contexto de gobernanza compleja. Por ejemplo habría que ir definiendo al menos dos nuevos ámbitos funcionales de empleados públicos: gestores de información vinculados a la gestión pública-privada y gestores de inteligencia artificial y de robótica.
  • Especial referencia a los profesionales de la educación y de la sanidad: estos dos ámbitos agrupan un volumen enorme de empleados públicos y van a recibir un gran impacto derivado de las tecnologías de la información, de la robótica y de la inteligencia artificial. En relación con el personal docente, éste debería reciclarse en las nuevas tecnologías docentes y en aportar un nuevo valor en su desempeño docente: más que impartir conocimientos que están disponibles en la red deberían ejercer de coach a los alumnos en el marco de la sociedad del aprendizaje. Quizás en este ámbito no tenga sentido reducir el volumen del personal docente pero si renovarlo profesionalmente para que pueda aportar más valor y una atención más personalizada en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Esta renovación tecnológica podría implicar una mayor productividad de los docentes y así, poder abandonar el modelo de educación fordista con un fracaso escolar de más del 30 por ciento hacia una educación personalizada que podría reducir de manera muy notable el fracaso escolar. En relación con el personal sanitario el impacto de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial y de la robótica también va a impulsar una radical renovación profesional y también, probablemente una notable disminución del volumen de personal (enfermos monitorizados desde su domicilio, robots de asistencia sociosanitaria a domicilio, robotización de la cirugía, etc.). En este sentido, la inteligencia artificial y la robótica pueden lograr hacer sostenible económicamente un sistema de sanidad pública que deberá abordar en los próximos años el reto del envejecimiento de la población. Las estimaciones es que el coste económico de esta atención a los ancianos puede generar un incremento del gasto sanitario del 13 por ciento del PIB en España durante las tres próximas décadas (Ramió, 2017; Wallance, 2015). Una buena utilización de la inteligencia artificial y de la robótica en el sector sanitario pueden reducir a la mitad o a un tercio esta futura y prevista presión económica.

 

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