Las pasadas elecciones han dibujado unos consistorios con más colorido, al entrar nuevos partidos políticos y agrupaciones de vecinos. En muchas Corporaciones, además, se ha dado la circunstancia de que ningún credo político ha alcanzado la suficiente adhesión baston_alcalde--644x362para dirigir la procesión de asuntos locales en solitario durante los próximos años. Ha sido necesario negociar y muchos días han ocupado las reuniones entre los grupos políticos multiplicándose sus encuentros para conseguir cerrar compromisos antes de la sesión de investidura del Alcalde. El resultado es variopinto. En algunos casos, se ha respetado la lista más votada y se han anunciado posibles líneas de actuación ante un horizonte muy abierto; en otros, por el contrario, se han suscrito precisos acuerdos sobre asuntos de interés municipal; pero también ha habido Corporaciones en las que se han repartido las responsabilidades por colores políticos como si la política local fuera siempre fácil de separar sin ninguna coordinación. En fin, un panorama muy diverso y no siempre comprensible ni coherente con las anunciadas propuestas electorales.

Conviene por ello preguntarse si no sería conveniente promover una reforma del sistema de elección del Gobierno local para evitar acuerdos entre representantes tan dispares que generan perplejidad, cuando no, frustración entre los vecinos.

En ocasiones se ha propuesto establecer una atribución ope legis del Gobierno local a la lista más votada, idea que no me parece nada adecuada. Tal expresión tiene sentido cuando son dos o tres los contendientes en conflicto, pero queda muy desfigurada cuando hay una variada diversidad política. ¿Es necesario un ejemplo? Pues anótese el siguiente, entre otros que podría recordar. Hay Municipios cuyo Pleno se integra por once concejales y las concejalías se han repartido entre cinco partidos políticos, dando tres a uno y dos a cada uno de los otros cuatro partidos.

 Pero, además, esa atribución a la lista más votada impediría la negociación entre otros grupos, cuyas propuestas pueden ser más cercanas, y, lo que es también importante, imposibilitaría conocer la madurez democrática de los representantes elegidos que bien se refleja en el modo de proceder en estas reuniones.

Por ello, preferiría que los compromisos de gobierno, los pactos o acuerdos fueran ratificados por los vecinos. Esto es, abogo por una reforma del sistema de elección del Gobierno local que introduzca la obligación de realizar una segunda vuelta.

Esa segunda vuelta no colocaría en liza a los dos candidatos más votados, sino que la misma tendría como finalidad que los vecinos ratificaran o no la propuesta de acuerdo a la que han llegado algunos de los partidos políticos con representación local, ya sean los dos más votados entre sí, uno de éstos con otro minoritario, o varios minoritarios. Las opciones para conseguir la mayoría absoluta que respalde el Gobierno local son variadas. Pero los partidos que hayan alcanzado ese compromiso de acuerdo tendrían la obligación de explicar con claridad y detalle su posición, los asuntos locales que atenderían con prioridad, las medidas de acuerdo que llevarán a cabo. Serían los ciudadanos los que deberían confirmar o no tal acuerdo, ya con conocimiento consciente de la futura conformación de su Gobierno local.

Es conocido que en otros países existe esa segunda vuelta. Pero, la razón que me mueve a proponer su introducción no está sólo es estos ejemplos, sino en evitar que esas negociaciones no respondan a los anuncios electorales que llevaron a tantos ciudadanos a elegir una u otra papeleta.

Una nueva campaña se avecina, la de las elecciones generales. Sería bueno que los partidos políticos nos adelantaran ya a los ciudadanos qué posibles acuerdos suscribirían, que nos explicaran qué reforma electoral promoverían y, en concreto, si impulsarían una reforma local para introducir esa segunda vuelta para la confirmación de un Gobierno local.

En fin, aunque muchas veces se coree el lugar común de que “segundas partes nunca fueron buenas”, esta segunda vuelta dirigida a ratificar una negociación puede ser, a mi juicio, mucho mejor: garantiza la transparencia de los acuerdos entre los partidos y una mayor conciencia popular en la ratificación. Ahí es nada.

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