TransparenciaMuchas noticias está generando la constitución de los nuevos Ayuntamientos, como es lógico. Sin embargo, me llama la atención la difusión que se está haciendo de las declaraciones patrimoniales de los nuevos corporativos. Páginas de periódicos con la lista de sus propiedades o los modelos de sus vehículos. ¿Qué sentido tiene esta exhibición?

Desde hace muchos años la legislación local exige que los concejales presenten una declaración de sus bienes en el Consistorio, del mismo modo que otros muchos cargos electos deben presentar una declaración de intereses. Estas y otras previsiones tratan de prevenir situaciones de conflicto, para que cuando se presenten asuntos en los que están imbricados intereses públicos e intereses económicos del político, se advierta la incompatibilidad y prevalezcan los primeros. Es imprescindible esa transparencia para evitar una malformación de la voluntad política. Pero, es más, la declaración de bienes podría permitir conocer el enriquecimiento que a lo largo de una legislatura ha obtenido el político. Y escribo “podría” porque para ello sería necesario que al final del mandato existiera, como antaño, una especie de “juicio de residencia” al que se sometiera el político y sus representados pudiéramos advertir si se había beneficiado de su cargo y, sobre todo, señalar los efectos de sus decisiones.

Ninguna de esas ideas subyace en los listados de bienes que se publican en los periódicos. Por el contrario, parecen fomentar el comadreo, desviar la atención de los graves problemas públicos a cotilleos insanos. Generan, además, una desnudez que coloca a muchas personas ante un foco de atención privándolas de intimidad y poniendo en riesgo su seguridad. ¿Realmente se piensa que, publicando el domicilio y el coche de un político, ya somos transparentes y se acaba la corrupción? Encuentro esas noticias inútiles, cuando no, noticias que juegan con los límites de la protección de la intimidad según la entiende la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Claro que la transparencia resulta indispensable para la buena gestión pública. Pero los focos de atención deben dirigirse a conocer los intereses y relaciones de los políticos, los grupos de presión que participan en los procedimientos, igualmente debe salvaguardarse la competencia en los contratos administrativos para que no se adjudiquen de manera caprichosa… Muchos son los ejemplos en la gestión administrativa que vienen a la cabeza y en los que sería necesario garantizar una absoluta transparencia.

Pero, sobre todo, la transparencia deben exigirla los ciudadanos responsables que cumplan con los mínimos deberes cívicos.

Y es que, a mi juicio, uno de los problemas más graves que padecemos de falta de transparencia está en el ámbito privado. Documentados estudios han cuantificado que casi la cuarta parte de la economía se desenvuelve a oscuras. Nada de transparencia hay en esa economía sumergida que tanto daño hace a las cuentas públicas. Millones de empleos no declarados o autónomos que no declaran todos sus ingresos. El fraude fiscal alcanza cotas preocupantes ¿Qué sería de nuestro país si tantos ciudadanos que gestionan alrededor del veinticinco por ciento (se dice pronto) de la riqueza económica dieran la luz y pagaran sus impuestos? Sin duda, se minorarían de manera bien notable los problemas de la deuda y del déficit público. Un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro ha cifrado en treinta mil millones la recaudación que se oculta al año. ¡Treinta mil millones de euros! Existirían recursos para los gastos sanitarios, las ayudas a las situaciones de dependencia, la adecuación de las escuelas… Mucho se conseguiría si no se ocultaran tantos ingresos privados.

Por lo tanto, transparencia y que se enciendan las luces, pero en todos los escenarios.

2 Comentarios

  1. Totalmente de acuerdo con la opinión de Mercedes Fuertes. La publicación de todos los datos que dispone la Administración, ya sea del patrimonio de los cargos públicos o de otros pertenecientes a diferentes ámbitos de su gestión, como por ejemplo la ejecución del presupuesto, no tiene sentido como mera exhibición. Debe entenderse como un instrumento para lograr asegurar que no se producirán situaciones de conflicto, en el caso de las declaraciones patrimoniales, y en los ámbitos de gestión del presupuesto público, asegurar una mejor ejecución del mismo. Los principios de transparencia, publicidad, concurrencia,..etc, por sí solos no garantizan nada. En algunos casos encienden las luces pero en realidad no son más que instrumentos para conseguir el fin, que es el cumplimiento del principio de eficiencia, entendido como el uso adecuado de todos los recursos disponible (humanos y técnicos) y la elección de la solución que lleve mejor al cumplimiento de los objetivos de la Administración.
    En cuanto a transparencia sí pero para todos los escenarios, el ámbito privado debería asumir su parte de responsabilidad en esta situación de crisis aguda que nos encontramos. Cómo ha denunciado José María Mollinedo (GESTHA) el pasado día 10 en La Voz de Galicia, el fraude fiscal de las grandes firmas triplica al de las pymes y de los autónomos. Según los datos de los que dispone el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el fraude de los grandes consorcios empresariales y familiares representa un 72% del fraude total en España, pymes y trabajadores por cuenta propia representan un 26% y particulares un 2%.
    Que cada cual asuma su responsabilidad.

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