Las distintas oleadas privatizadoras han dejado a buena parte de los servicios universales de interés general en manos privadas. Este proceso que se ha alargado durante las últimas cuatro décadas ha supuesto un notable balón de oxígeno para los beneficios del sector privado y ha permitido reactivar muchos mercados que por maduros ya no aportaban los beneficios suficientes para servir de estímulo. La razón de las privatizaciones ha sido argumentada en base a la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia. La Administración pública no es una empresa y posee unos condicionantes internos que la conducen de forma inevitable a la ineficiencia. Con las privatizaciones los ciudadanos van a recibir servicios de mayor calidad y a menores costes. Como estas empresas prestan servicios universales de interés general implica que generan bienes públicos críticos y éstos deben ser regulados públicamente.

Pero la privatización de los servicios universales de interés general no ha dado los frutos esperados. Los costes para los ciudadanos han incrementado y la calidad de los servicios recibidos está muy lejos de ser óptimo. En el mundo se han incrementado de forma exponencial las agencias estatales reguladoras de servicios universales de interés general pero sus resultados distan mucho de los esperados. Estas agencias reguladoras tienen dos objetivos básicos: a) estimular la competencia en sectores con una fuerte tendencia hacia los monopolios o los oligopolios debido a los elevados costes de las infraestructuras; b) garantizar los derechos de los consumidores de estos servicios que por naturaleza de interés general no son consumidores sino ciudadanos ya que pueden verse afectados y condicionados con facilidad sus derechos humanos y fundamentales. En ambos aspectos las agencias reguladoras han fracasado debido a las dificultades técnicas de la regulación y a capturas explícitas e implícitas. El denominado Estado regulador está resultando un gran desengaño.

Durante la última década han emergido en muchos lugares la demanda de publificar la gestión del agua que es un recurso crítico de presente y de futuro. Actualmente en España muchos ayuntamientos gestionados por el nuevo partido político Podemos y sus constelaciones se plantean publificaciones masivas de servicios públicos tanto privatizados como externalizados. Todos estos movimientos son percibidos por buena parte de los especialistas como una reacción conservadora coyuntural hacia un proceso que es ya inevitable.

Pero aquí se va a plantear de manera sorprendente lo impensable: que los Estados vuelvan a poseer (e incluso en algunos casos posea por vez primera) la titularidad de todos los servicios universales de interés general. No solo la gestión del agua, sino también los suministros energéticos (electricidad, gas, petróleo, carbón y las energías alternativas), telecomunicaciones, sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, entidades financieras, transportes, servicios funerarios, etc. Además, el Estado se encargaría de publificar la nueva economía de la información, que ha pasado con rapidez a ser universal y de interés general, que opera de forma casi monopolística desde su inicio (se publificarían, por ejemplo, Google, Facebook, Twitter, etc.) Un futuro con mucho más Estado y no con menos, un futuro donde el Estado ocupa una posición central en la economía complementada por el mercado y por la nueva economía colaborativa.

A bote pronto esta idea parece una estupidez o bien el sueño de un trasnochado comunista. Pero si nos liberamos de complejos de nuestra historia más cercana vinculada al capitalismo y al liberalismo  la idea tampoco es tan absurda ni novedosa. Por ejemplo, en los grandes imperios (Egipcio, Persa, Chino, Griego, Romano, Maya, Inca o Azteca) los servicios universales de interés general solían estar anclados en instituciones públicas y alcanzaron niveles de desarrollo espectaculares y una calidad de vida bastante notable. Y todo ello a pesar de estar instalados en unas culturas políticas y sociales muy poco sofisticadas que hacían desperdiciar buena parte de las externalidades positivas de su modelo económico de carácter estatista: las constantes guerras y la inversión de esfuerzos desorbitados en obras y monumentos con valor religioso, político o dinástico.  Si obviamos el impresionante desarrollo que ha supuesto el capitalismo moderno durante cerca de 300 años la humanidad ha vivido sus máximos períodos de esplendor durante los últimos 6.000 años bajo sistemas con un riguroso estatismo. Es fácil argumentar que estos protoestados operaban de manera tan eficiente gracias al esclavismo. En el presente y en el futuro, afortunadamente, no hay ni habrá esclavos pero si un proceso de maquinización de buena parte de la mano de obra que vendría a ser su equivalente. Además, en la mayoría de obras de ciencia ficción, desde Orwell con su 1984 a las aventuras relatadas por Asimov se vislumbra siempre un Estado omnipresente, poderoso y, la mayoría de las veces, autocrático e invasivo. Pero podría ser perfectamente un Estado democrático, colaborativo e invasivo en su titularidad y prestaciones pero no en su manera de gestionar ni en la regulación de las pautas sociales y personales.

Pero que los Estados asuman la titularidad de los servicios universales de interés general no implicaría el fin del modelo capitalista sino un nuevo modelo en que se reubica la relación entre el Estado y el mercado junto con una tercera y nueva dimensión que es la economía colaborativa. Tampoco significa que los servicios universales de interés general deban ser gestionados de forma completa por las propias instancias públicas. Se está hablando de titularidad y responsabilidad pública pero no de gestión pública al cien por cien. Estos servicios pueden ser externalizados o concertados (como sucede con la educación y con la sanidad) de forma total o parcial. En el caso que se opte por la prestación directa ésta debe tener un carácter más empresarial y ajeno a las limitaciones y tablas retributivas propias de la función pública tradicional.

 

 

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