Algún dato más sobre los vituperados funcionarios y otras reflexiones

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Funcionario público sale caroEl pasado 8 de febrero de 2011 el periódico digital Cincodías.com informa de que «el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados en enero alcanzó el 2,98%, cifra tres décimas inferior al indicador adelantado del IPC para dicho mes (3,3%), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y añadía que la subida salarial del 2,98% pactada en enero es llamativa, no sólo porque se acerca a la inflación, cosa que en los últimos meses no sucedía, sino porque es mucho más elevada que la de meses anteriores. Por ejemplo, en diciembre de 2010, la subida fue del 1,32%, y siguiendo en esa línea, no hubo ni un solo mes del año pasado en el que los salarios se incrementaran por encima del 2%».

La verdad es que leer esta noticia en mi condición de funcionario público me produjo una lacerante sensación de estupor después de que los empleados públicos viéramos reducidos nuestros salarios un 5 % por mor de las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.

Es cierto que, como se informa en la noticia de cincodías,  hay una explicación para esta evolución y se halla en los convenios revisados.

En enero de 2011 se registraron 955 convenios, pero de ellos, 954, correspondían a revisiones de convenios plurianuales, es decir, convenios pactados en años anteriores donde se habían acordado subidas salariales determinadas para 2011, que ahora se aplican y se registran.

Sindicatos y empresarios tienen firmado un acuerdo en materia de negociación colectiva para el periodo 2010-2012 que contempla un incremento salarial de hasta el 1% en 2010, de entre el 1% y el 2% en 2011, y de entre el 1,5% y el 2,5% en 2012, con cláusula de revisión salarial a final del ciclo y cláusula de descuelgue (o de inaplicación) para las empresas que acrediten dificultades para hacer efectiva la subida salarial pactada.

Pero que a nadie se le olvide que los empleados públicos también tenían firmado el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre de 2009 en el que se pactaba una exigua subida del 0,3 % para el año 2010 y en el que la administración se comprometía a incorporar en los presupuestos de 2012, los créditos necesarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos que pudiera producirse durante la vigencia del acuerdo y que se percibiría en el primer trimestre de  2012, garantizándose, por otra parte, el cumplimiento de los acuerdos económicos alcanzados y cuya aplicación debiera realizarse durante el período 2010-2012.

También es cierto que los salarios del sector privado no tienen una incidencia directa sobre el déficit del sector público, pero traigo a colación la cuestión porque, en consonancia con lo que ya afirmaba en el artículo “Algunos datos sobre los vituperados funcionarios”, publicado en este mismo blog, nos encontramos con una prueba más del enorme esfuerzo que han realizado los funcionarios públicos que, durante muchos años, han visto como se les aprobaba una subida salarial por debajo del IPC mientras que innumerables convenios colectivos de empresas privadas negociaban subidas iguales o superiores a éste y que, ahora, a la vista de los últimos datos, frente al incremento salarial medio del 2,98 % pactado en los convenios colectivos registrados en enero, no solo han visto como se les reducía un 5 % sus retribuciones en 2010, sino que han sufrido la congelación salarial en 2011.

Y cuando me refiero al esfuerzo de los funcionarios públicos lo hago conscientemente de que no me refiero a los empleados públicos en cuyo seno se incluye también el personal laboral porque – cuestión que también he abordado en este mismo blog – como consecuencia de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional mediante Auto 63/2010, de 28 octubre en relación con los trabajadores de la  Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y que, posteriormente ha vuelto a plantear en relación con los trabajadores del Canal de Isabel II, es posible que se salven de los recortes salariales, mientras que los funcionarios públicos no albergamos ni la más mínima esperanza, ya que como concluía la Audiencia Nacional en el citado Auto la suspensión parcial del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública  2010-2012 sólo tiene relevancia, en su caso, para los funcionarios públicos, pero no para el personal laboral.

Y todo ello mientras la canciller alemana Angela Merkel acaba de darnos su visto bueno al reconocer que España «ha hecho los deberes y va por muy buen camino», mientras el presidente español Rodríguez  Zapatero le explicaba las medidas aprobadas en nuestro país, que eran alabadas por ella en el sentido de que se hayan hecho en acuerdo con sindicatos y patronal, y al que ha convencido de su propuesta de desvincular los aumentos salariales de la inflación y eliminar las cláusulas de revisión salarial de los convenios.

Aunque va a ser difícil desvincular los aumentos salariales de la inflación si no es por la vía de la negociación colectiva, puesto que, en un supuesto contrario, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo declaró en Sentencia de fecha 5 de abril de 2010, que no se puedan revisar los salarios de los trabajadores a la baja si el IPC real es finalmente inferior al previsto, salvo que las partes negociadoras del convenio lo hayan plasmado así expresamente, en la cláusula de revisión, con una redacción de palmaria e inequívoca claridad.

No propugno que no se suba en salario en el sector privado, ni me alegro de que las medidas defendidas por la canciller alemana, que parecen haber prendido en el ánimo del gobierno español, supongan para estos trabajadores una pérdida de su poder adquisitivo, pero quiero reiterar que, a la vista de la información que encabezan este artículo y de las cifras de la que ya me hice eco en el artículo “Algunos datos sobre los vituperados funcionarios”, los funcionarios públicos han hecho un gran esfuerzo soportando una continua merma de su capacidad económica de la que, por desgracia, parece alegrarse el resto de la población, en la creencia errónea de que están muy bien pagados y como fruto de una actitud celosa de la teórica estabilidad en el trabajo – al menos de momento en el caso de los funcionarios sigue siendo una realidad – que no es consecuencia de ningún privilegio heredado en la cuna y a la que todos los ciudadanos tiene la oportunidad de acceder.

Y al albur de todo ello, me vuelvo a sorprende con la noticia de que el beneficio de las empresas del Ibex 35 crece  más del 20% y ganaron unos 48.200 millones en 2010, un 26% más que el año anterior, aunque parece ser que este panorama se debe a los resultados extraordinarios aunque en la mejora real también se nota que las empresas han acometido un duro proceso de ajuste de gastos tras dos años de dura crisis en el mercado español. Contención salarial, recortes de plantilla, externalización de funciones y ajuste de gastos externos han permitido que los resultados de explotación crezcan con fuerza.

Y en vista de todo ello, termino este artículo sin que pueda quitarme la sensación, desde hace ya algún tiempo, de que la crisis no la estamos sufriendo todos e, incluso, unos más que otros, y de que van a tener razón los de la red de convergencia social en su planteamiento de que existe una posibilidad real, hasta ahora tenida por imposible, de que se produzca una regresión dramática de las conquistas sociales, democráticas y culturales de los últimos treinta años.

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Jesús Santos Oñate es Doctor en Derecho Administrativo por la UNED. Pertenece a la Categoría de Entrada desde 2005 y ha sido Secretario-Interventor en varias Entidades Locales de Toledo y Cuenca; actualmente desarrolla sus funciones en un Ayuntamiento de Madrid. Además ha publicado innumerables artículos.

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