La polémica está en la calle y nunca mejor dicho porque es en la calle, en los espacios públicos, en un parque o jardín, donde puede el ciudadano conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. Anda este asunto dando vueltas desde hace tiempo por los Ayuntamientos españoles, por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y, en general, por los pasillos de cuantas Administraciones ostentan competencias en la materia.
El Ayuntamiento de Barcelona, hace algunos años, intentó establecer este servicio de forma gratuita y se encontró con la negativa de la Comisión. A juicio del regulador, no está permitido destinar sin más dinero público a la red Wi-Fi. Es preciso acudir a la financiación privada.
Esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Avilés al proponer el recurso a una forma especial de afrontar costes: la publicidad, como mecanismo adecuado para financiar el servicio. Y en esta fórmula ha encontrado este municipio asturiano el respaldo de la Comisión, su visto bueno para proceder. De manera que, de acuerdo con esta experiencia, inscribirse como operador en el registro correspondiente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, sacar a concurso el proyecto y financiarlo con este medio externo que es la publicidad serían los tres requisitos para que cualquier Ayuntamiento español pudiera ofrecer el servicio a sus ciudadanos o a sus visitantes ocasionales.
En Avilés andan ahora a la búsqueda de bares, comercios, hoteles o entidades financieras que quieran convertirse en patrocinadores aptos para hacer frente a los miles de euros que cuestan tanto la infraestructura del servicio como su mantenimiento (unos veinte mil al año).
En uno de los pocos análisis jurídicos rigurosos que han sido publicados sobre este servicio público, me refiero al libro de Mercedes Fuertes “Redes inalámbricas municipales. Nuevo servicio público” (Marcial Pons, 2005), se puede leer: “la existencia de una red pública de comunicación aparece en la actualidad como un instrumento indispensable para el desarrollo educativo, económico y cultural de la sociedad, para el libre desarrollo de la personalidad. Para evitar que se ensanchen brechas digitales y graves desigualdades sociales, para avanzar de forma armónica… es urgente atender y fomentar estas iniciativas. Por ello, y con base en esta igualdad, debe reconocerse un cierto protagonismo del poder público y, en concreto, de los Ayuntamientos. Son estos responsables locales los que de manera eficaz pueden ocuparse de estos intereses vecinales”.
Si esto es así, ¿es correcta la posición de la Comisión de prohibir la pura financiación con fondos públicos de este servicio? Estamos ante una peliaguda cuestión sobre todo teniendo en cuenta el momento en que vivimos caracterizado por la entrega de cuantiosísimos fondos públicos a bancos, fabricantes de coches y otros muchos sectores que están a la cola con la mano adelantada en actitud pedigüeña… Si todos ellos pueden ser beneficiarios del dinero de los contribuyentes ¿a qué vienen tantos escrúpulos para prestar este servicio de forma gratuita por parte de un municipio?
En verdad que la pregunta tiene difícil respuesta. A pesar de ello, mi tesis coincide -aunque quizás por motivos distintos- con la sustentada por la Comisión. Este servicio hay que pagarlo. Si funciona el invento avilesino, estupendo. Si no funciona, hay que implicar al usuario haciéndole pagar de la misma manera que paga por entrar en una piscina municipal. Pienso en el turista que llega a la gran ciudad: allí donde compra el bono para los transportes, para el descuento en los museos, allí mismo abona la pequeña tasa que le permite conectarse en un parque y poner un correo electrónico a la novia que está en otro continente o al pariente por cuya salud nos interesamos.
¿Tiene pues sentido el gratis total en el uso de la red Wi-Fi? A mi juicio, no, si se piensa que se trata de activar la responsabilidad ciudadana y de financiar un servicio que genera unos costes. Porque ¿qué hay de viciado en que el ciudadano sea consciente de que las necesidades -y los caprichos- alguien ha de pagarlos?
Me gustaria que alguien mandase un correo diciendome si un concejasl de un grupo municipal puede solicitar una copia del acta del pleno,pese a que se exponga en el tablon de anuncios del Ayuntamiento.
Gracias
Entiendo que sí que puede solicitarla, y hay obligación de dársela. Según el artículo 77 de la LBRL todos los miembros de la corporación tienen derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
Este derecho no creo que pueda ser limitado por el hecho de que conforme al artículo 81 del ROF se haya publicado el acta en el tablón de edictos.
Un saludo
habiendo entregado un escrito en secretaria,pidiendo una copia del acta,se me ha denegado-.La excusa es la exposicion en el tablon de anuncios,que por otro lado no esta cerrado,con lo que muchas actas desaparecen(eso quiero pensar).Por ello he solicitado una entrevista con el Procurador del Comun.
De todos modos muchas gracias y un saludo
Según el art. 80.3 del ROF, las convocatorias y los borradores de las actas que vayan a ser aprobadas se notificarán a los Concejales EN SU DOMICILIO, con lo que si las ponen en el tablón como si lo hacen en la peluquería te debe ser indiferente. A los Ediles les debe llegar a su domicilio junto a las convocatorias siguientes.
Además, al ser actas públicas, entiendo que cualquier vecino podría pedir una copia, aplicándose el art.37.8 de la Ley 30/92 y el derecho de acceso conllevará el derecho a obtener una copia, previo pago de las tasas establecidas, que por lo que dices probablemente ni tengan aprobadas.
Muchas gracias,eso es exactamente lo que he presentado en el Ayuntamiento y al Procurador del Comun de Castilla y Leon y aun espero contestacion
Según la filosofía que se desprende de este artículo, las bibliotecas públicas debieran tener también un coste directo.
Menos mal que gracias a los americanos tenemos los mapas, muchos programas útiles y muchos «webinars» o cursos por internet, sin coste. Si fuera aquí, todo lo privatizarían estilo SGAE y a pagar por todo. Lo que la Humanidad ha descubierto durante siglos y debe ser dominio público, pues que paguemos también…
Por supuesto, eso de enseñanza gratis sin pago directo también habría que revisarlo… No sé, no me gusta nada la postura de la ley que se está aplicando, sobre todo si en lugar de hablar de municipios con empresas dando esos servicios, nos referimos a aquellos donde nadie quiere darlos por ser deficitarios.