Contratos públicos y corrupción

6

Para un especialista en instituciones y gestión pública no es nada grato tratar el tema de la corrupción. El estudio del fenómeno de la corrupción es muy complejo ya que se trata de una madeja en el que es muy difícil poner orden a los distintos hilos y realizar análisis causales. Pero una buena forma de abordar este problema es enfocarse en el análisis de las contrataciones públicas. Los contratos públicos, de naturaleza muy diversa, es el ámbito en el que se manifiesta de manera más clara los actores y las dinámicas corruptas. Es el punto más delicado y más permeable a la corrupción incluso en aquellos países con instituciones y sociedades escasamente corruptas. La contratación pública es un complejo sistema jurídico y de gestión en el que se encuentran diversos estamentos susceptibles de degenerar en prácticas corruptas: los cargos políticos (que llevan la pesada mochila de buscar financiación heterodoxa para sus respetivos partidos políticos que es un lastre que puede tener efectos multiplicadores para favorecer ilícitas pulsiones de lucro personal), cargos administrativos directivos y especialistas en contratación que están especialmente expuestos a los cantos de sirena de las ingentes sumas de dinero que transitan por los expedientes que gestionan (afortunadamente esta dimensión de la corrupción es casi inexistente en nuestro país) y, finalmente, el tejido empresarial que puede caer, con estímulos o sin estímulos políticos e institucionales, muy fácilmente en la tendencia de buscar el camino más sencillo y fluido para poder hacer negocios con la Administración. Es por tanto, en la contratación pública, donde suele escenificarse la corrupción de alta intensidad que es la más perniciosa para el sistema público tanto por sus importantes impactos económicos negativos como por su capacidad de metástasis al resto del cuerpo institucional y del ámbito empresarial.

La corrupción política e institucional no surge por arte de magia o de forma aislada, sino que hay un conjunto de variables que contribuyen a este florecimiento. El primer elemento a tener presente es que nuestras sociedades mediterráneas se asientan sobre unas pulsiones históricas de una gran permeabilidad hacia la corrupción. Se suele decir que España no posee unos políticos suecos, ni unas instituciones anglosajonas, ni una educación finlandesa, ya que no somos ni suecos, ni británicos ni finlandeses sino del sur de Europa. Somos mediterráneos de origen fenicio y romano, con una cultura cristina instalada en la doble moral, con un Siglo de Oro Español preñado de pícaros, pillos y ladrones que han dejado su sello hasta el momento actual. La política y las instituciones no pueden ser un eslabón aislado sino un reflejo más de la ética y de la moral de unas determinada sociedad, del mismo modo que los empresarios, los sindicatos, las instituciones y los medios de comunicación. Procedemos de una historia turbulenta y desgraciada que no ha sido precisamente un caldo de cultivo favorable para la calidad de nuestras instituciones públicas. Hemos diseñado un tejido institucional muy débil de forma rápida, desordenada y  preocupados por otras urgencias y problemas mayores como la defensa de los valores democráticos y la construcción de un modelo de Estado del bienestar. Una agenda política y social tan densa no ha dejado mucho espacio para interesarse por la calidad de nuestras instituciones políticas básicas y por nuestras administraciones públicas y no hemos sido capaces de edificar diques institucionales que frenen la corrupción política, empresarial y social. El concepto de contrapesos institucionales (los denominados checks and balances) y el perfilar sutiles sistemas de control es algo que ha permanecido inexplorado por falta de tradición, de prioridad y de voluntad. Los precarios anclajes sociales, institucionales y de mercado no han podido frenar un asilvestramiento y una relajación ética de los partidos políticos, de los políticos y de las empresas contratistas con la Administración pública . Y de esta forma se ha ido generando un nudo de variables que han favorecido un escenario en el que la corrupción se ha instalado como una pieza esencial del paisaje institucional, político y empresarial de nuestro país

Otro elemento a tener en cuenta es que durante las últimas décadas se ha producido una transformación conceptual que ha fomentado que han reverdecido con gran intensidad las viejas dinámicas clientelares y corruptas. Nuestras administraciones han ido rechazando, de forma progresiva, el modelo burocrático clásico de la mano de la denominada “nueva gestión pública” y han ido generando como modelo alternativo un modelo gerencial de carácter eficientista. La motivación objetiva para esta migración de modelos es indiscutible: la exigencia de  prestar de servicios públicos a los ciudadanos y el modelo burocrático es rígido, fordista e imperfecto. La prestación de servicios de forma económica, eficaz y eficiente requiere de un nuevo modelo más flexible, contingente y con un cierto aroma empresarial (gerencial).  No tiene nada de negativo intentar diseñar un modelo mixto o híbrido que combine el sistema de garantías institucionales y jurídicas propias de un modelo burocrático con arquitecturas organizativas y roles profesionales más orientados a la gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos. El resultado final tiene dos caras: una positiva y otra negativa. En la vertiente positiva, hay que destacar que estas administraciones han logrado prestar servicios públicos de bastante calidad con unos costes muy razonables. Es el gran éxito de las administraciones públicas de España durante los últimos 30 años. Pero la vertiente negativa es que este modelo mestizo de carácter burocrático-gerencial ha socavado algunos de los principios básicos insoslayables del modelo burocrático, dando entrada al modelo más pérfido posible: un modelo clientelar muy permeable a la corrupción. Precisamente es en la contratación pública donde su manifiesta con mayor intensidad esta esquizofrenia institucional: una tensión, por una parte, entre la necesidad de garantías y seguridad jurídica de corte burocrático pero que en exceso asfixia a la Administración y no le permite ser rápida, eficaz y eficiente. Por otra parte, la imperiosa necesidad de que la gestión en la contratación pública sea rápida, eficaz y eficiente (un buen ejemplo han sido las compras públicas para hacer frente a la covid-19) y, por tanto, requiere una gerencialización que aporte autonomía y flexibilidad. Hasta el momento esta dicotomía conceptual no la hemos sabido resolver y el resultado ha sido un reverdecimiento de determinadas prácticas corruptas. Hay que trabajar en articular de manera serena y robusta un modelo híbrido entre la burocracia y el gerencialismo que no implique que el que salga como triunfador sea la corrupción y el clientelismo. A mi entender este es el gran reto. Reto que nunca podremos dar por superado ya que la naturaleza humana y las pulsiones sociales son siempre endebles y las dinámicas organizativas y de control institucional inestables. Por tanto, refinar el sistema de contratación para que sea impermeable a la corrupción pero evitando relantizar e incluso paralizar a las administraciones públicas.

6 Comentarios

  1. la única manera de atajar la corrupción total es después de cada contratación y pago de lo contratado es al que ha promovido y concedido la obra ponerle sentado con un poligrafo y si el poligrafo dice que miente echarlo a la calle sin un euro de indemnización, y algunos años en el talego, en este país me temo que es el único modo que no habría corrupción, ha dimitido alguien por algo que en otros paises de Europa es impensable? Auí no dimite ni el tato, a donde iban a ir la mayoria de mataos que hay si la mayoria no saben hacer la o con un canuto.

  2. Cuando los juristas españoles (e incluso también muchos politólogos, según veo) se ocupan de la corrupción, tienen la costumbre de olvidar su genealogía política: un Estado podrido en sus cimientos, por ilegítimo, retroalimenta la corrupción de arriba para abajo y de abajo para arriba. No dejemos nunca de recordar que en España no tenemos ni Constitución, pues ella solo puede ser el producto del proceso constituyente de un poder constituyente; y jamás puede ser el producto del proceso constituido por el poder constituido, esto es: la Dictadura franquista que designa como Jefe del Estado al Rey Juan Carlos (a la cual había jurado fidelidad) y que luego se perpetúa con su hijo al frente, sin que el Pueblo «soberano» pinte nada en esta «Democracia» a la española.

  3. Coincido bastante con lo que comenta Jose Luis, aquí no hay responsabilidad.

    Además ciertas gestiones o tramites se hacen excesivamente largos y otros bajo mi punto de vista con sobrecostes de dudosa credibilidad, es impensable que yo pida presupuesto para un trabajo en mi casa y que luego me diga que ha costado el doble.
    Todos sabemos que nadie pagaría ese trabajo

  4. ¿Burocracia o gerencialismo?
    Pareciera la eterna disputa ente lo público y lo privado. Sobre todo sí lo público es la causa de todos los males y vicios en la administración pública o privada. Y al parecer es en lo público donde se ha instalado la corrupción, derivado que se encuentran en el mediterráneo. Y al contrario, al norte, en Suecia, Finlandia, o sus vecinos, también parece que la corrupción no existe, o la percepción o sus índices son bajos.
    Luego, al parecer la corrupción se explica en cuanto a la latitud del país.
    Y sea por esto que México y los países del sur no encontremos una salida a la corrupción.
    Y también sea por esto que se proponga, encontrar una solución hibrida a lo público y lo privado.
    Cuando se omite que antes resulta necesario rescatar lo público. Definir en qué casos o situaciones podrían convivir principios que han sido antagónicos, o dominantes.
    ¿Cómo conseguir la igualdad entre lo púbico y lo privado si se han relacionado en desigualdad?
    Quizá habrá que recuperar, primero, la genealogía política de cada Estado para determinar los límites entre lo público y lo privado.

    Posdata. Saludos a Francisco González Benito.

  5. Pues sí, como antes decíamos, en un Estado con cúspide y cimientos podridos, la corrupción se expande de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero también se puede expandir desde el centro a la periferia y desde la periferia hacia el centro, como nos demuestran los casos del terrorismo de ETA y el contraterrorismo del GAL (políticamente más grave por ser terrorismo de Estado); o el fenómeno secesionista en Cataluña y todas sus secuelas delictivas. Con lo cual, un Estado podrido puede acabar como Estado fallido.

    Asimismo y como parece sugerirnos Mario (al que saludo), en un Estado podrido (por ilegitimo), la corrupción se transmite desde lo público hacia lo privado y desde lo privado hacia lo público. De modo que luego muchos nos podrán venir con el cuento de que la corrupción es normal, que los humanos no tenemos remedio, que todos los políticos son iguales, que cualquier paisano haría lo mismo, que la vida es así, que somos latinos y demás tópicos por el estilo; en boca de una chusma, a la que me gustaría decir lo siguiente: EL DESPOTISMO PRODUCE CORRUPCIÓN Y CHUSMA Y LA CHUSMA PRODUCE CORRUPCIÓN Y DESPOTISMO.

  6. La competencia, la transparencia y libre acceso a la información, lo ajustado de los márgenes, y a consecuencia de ello los mínimos incentivos que se pueden ofrecer respecto de los riesgos que asumen los corruptos, son hoy por hoy suficientes para tener la corrupción controlada.
    Ya no hay aquella sensación de impunidad. Los riesgos/costes superan con creces a los beneficios. Nada que ver con lo que sucedía hace 10,15, o 20 años.

    Abolido el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, las corruptelas afloran en el recientemente relajado contrato menor (Art. 118 LCSP), y en los contratos que resultan inalcanzables para las empresas pequeñas. Es decir, por abajo del todo, y por arriba del todo.

    No hace falta apelar a la ética de las personas, ni es tan difícil reducir la corrupción a mínimos, si es que se quiere…

Dejar respuesta