Un brote de conflicto se acaba de añadir a la gran preocupación que tenemos por la extensión de brotes de contagio de la pandemia: el que quiere enfrentar a los Ayuntamientos entre sí y a éstos con el Gobierno. Un enfrentamiento que, como lamentablemente padece la política española, está invadido por un virus más terrible que todos los covids juntos: el del sectarismo.
Los medios de comunicación nos han resumido, por un lado, la fractura partidaria en una votación en la Federación española de municipios y provincias (FEMP) y, por otro, los movimientos para aunar la voluntad de Ayuntamientos según su color político. Y ello a raíz de un problema nada etéreo que se lleva arrastrando como pesadas cadenas durante varios años y que sigue restringiendo la actuación de Corporaciones, a saber, la posible utilización de aquellas cantidades que flotan, tras superar el naufragio muchas economías locales, como muestra de una gestión financiera sensata y razonable. Es cierto que ello ha sido posible, entre otras consideraciones, por los límites establecidos en la ley de estabilidad presupuestaria con el fin de sanear las cuentas públicas, tratar de reducir la enorme cuantía de la deuda pública y controlar el desbocado déficit público. Tales previsiones, que han conseguido mejorar de manera apreciable la situación financiera de muchos Ayuntamientos, sin embargo, no han llevado a similares resultados a las economías de las haciendas regionales o de la Administración general del Estado. Y ello a pesar de beneficiarse el Gobierno con la distribución del déficit.
Este problema lleva enquistado casi ocho años durante los cuales sólo se ha ofrecido un liviano parche temporal: la autorización para financiar nuevas actuaciones locales, que se pudieran costear y mantener en el tiempo sin desequilibrar la buena salud económica, caducaba cada año y ha sido objeto de sucesivas prórrogas.
Hace unos días se ha publicado un decreto-ley (¿se aprueba ahora algo sin este excepcional instrumento?) que vuelve a incluir otra prórroga facilitando el uso de ese superávit con el que cuentan muchas entidades locales. Con anterioridad otros dos decretos-leyes (los números 8 y 11 de este año) habían permitido la utilización de una minúscula parte de esas cantidades para servicios sociales, además de la posible adquisición de vehículos eléctricos o con etiquetas ecológicas. El reciente decreto-ley (tiene el número 27) acoge otras precisiones sobre los remanentes de tesorería, el apoyo al transporte público, relaciones financieras entre Corporaciones locales… y, además, un mecanismo de financiación que es el que ha levantado más contestación: anuncia una transferencia extraordinaria cuando se aprueben los presupuestos generales para aquellos Ayuntamientos que hayan cedido de manera firme e irrevocable su superávit a la Administración del Estado.
Como personalmente me hallo en un territorio que se aloja en las antípodas dominadas por la polémica partidista apunto algunas consideraciones.
El nuevo mecanismo, esto es, la promesa de una transferencia amparada en el presupuesto a aquellos Ayuntamientos que cedan su superávit es, a primera vista, de una complejidad innecesaria. ¿Por qué no se resta ya la parte que se les quiere permitir utilizar sin necesidad de esperar al tortuoso camino del nuevo presupuesto? Sorprende, además, que se introduzca en la confección del presupuesto una manifiesta discriminación entre Corporaciones locales. Tal partida presupuestaria sólo beneficiará a determinados Ayuntamientos, a aquellos que hayan entregado previamente sus ahorros y ante la profunda crisis económica y social, no parece adecuado que unos presupuestos generales del Estado discriminen entre unas Administraciones tan necesitadas como son las Corporaciones locales. Los nuevos tiempos tienen que estar presididos por la solidaridad y la asistencia mutua.
De otro lado, resulta desmesurado que se atribuya en exclusiva la responsabilidad de suscribir dicha cesión al Alcalde modificando las previsiones de contención de sus competencias financieras recogidas en la legislación de régimen local. El decreto ley apunta que informará al Pleno en la siguiente sesión que celebre. ¿No resulta más conforme con la distribución de competencias locales, además de más sensato para trenzar y aunar voluntades políticas, que se delibere de manera previa cuando hay tantos dineros en juego? ¿No evitaría la existencia de un acuerdo plenario futuras incertidumbres y conflictos si el Alcalde pierde el apoyo de la Corporación?
Llama mucho la atención el dilatado plazo de ese préstamo “local” a la Administración general del Estado: un mínimo de diez años que puede extenderse a quince. Mucho tiempo de privación de unas cantidades que, aunque se bautizan como superávit, no constituyen en términos reales ningún sobrante en la economía municipal. Siempre hay necesidades que atender por las Administraciones públicas, más en los Ayuntamientos que advierten de manera directa las urgencias existentes en sus calles y plazas, y mucho más en una época de pandemia que está acentuando una grave crisis social y económica.
Hay que saber, además, que tras este complejo diseño se mantiene el corsé a las Corporaciones pues la financiación que reciban sólo facilitará inversiones hacia determinadas competencias locales, esto es, aquellas que giran sobre tres ejes: agenda urbana, determinados servicios sociales y actividades de promoción cultural. Es cierto que estos tres sectores constituyen ámbitos relevantes de la actuación local. Sin embargo, no deberíamos olvidar que son los Ayuntamientos las Administraciones que tienen un mejor conocimiento de las necesidades de sus vecinos, que las perspectivas de los próximos tiempos son muy preocupantes, que la discrecionalidad para atender otros servicios y actividades está ahora en la legislación local sometida a rigurosas pautas para acreditar su adecuación y sensatez; en fin, que la mayoría de los Ayuntamientos cuentan con menos de diez mil habitantes y planificar, por ejemplo, la instalación de recarga de automóviles eléctricos les resultará algo extraño cuando tienen otras carencias más esenciales.
Temo que presenciemos un tenso debate absolutamente tiznado de sectarismo y queden postergados problemas locales, a mi juicio, más urgentes: por un lado, ayudar a todas las Corporaciones locales a afrontar las graves consecuencias sociales de la pandemia; por otro, modificar sin parches temporales la ley de estabilidad presupuestaria para que quienes ejercen sus responsabilidades locales administrando bien sus dineros puedan disponer de los remanentes con sensatez.
Para esos dos objetivos deberían ponerse todos los Ayuntamientos en pie.
