Creo que el modelo constitucional de 1978 de alguna manera supuso una gran válvula de escape para las aspiraciones nacionalistas que quedaron latentes con el desastre de la II República, nacionalismo que tampoco supuso un problema capital ni para el franquismo en su época más dura ni siquiera para el tardofranquismo. Existía sí, en la época en que muere Franco y se inicia el período constituyente culmina con el referéndum de 1978, un deseo social generalizado de acabar con el sistema que impuso la Dictadura, un claro deseo de democratización que enseguida y quizás siempre en las últimas décadas, se había identificado con descentralización al existir tres estatutos aprobados en el momento en que se inició la Guerra Civil o inmediatamente después y que fueron anulados.
Franquismo equivalía pues a opresión de una ‘conciencia nacionalista’, se identificó con centralismo y por consiguiente éste se demonizó como forma de organización del Estado indeseable. Como señala el Profesor Parada, se sacralizó la descentralización, pasando a considerarse la misma como la panacea de todos los males históricos de España, con ella todos alcanzarían el paraíso, donde todos seríamos ya felices. Como idea subyacente, quedó la idea de autonomía-descentralización como algo indiscutiblemente unido a la democracia y sin duda condición sine qua non de ésta.
Es evidente que en su momento los constituyentes alcanzaron un gran pacto de Estado; al fin y al cabo una Constitución no es más que eso, un gran acuerdo social y que el Título VIII, el modelo territorial, fue uno de los apartados más difíciles de consensuar. Se trataba de terminar con la sensación de opresión, que en boca de los políticos de la periferia, se había padecido históricamente. Ciertamente con sus luces y sombras, fue un proceso que en sus inicios pudo considerarse que dio un resultado satisfactorio e incluso puede decirse que adecuado hasta ahora, por lo menos en términos de paz, libertad y bienestar. Los acuerdos supusieron también evidentes renuncias y cesiones de todos, un equilibrio hecho sobre la base de una decisión importante consistente en la determinación de llegar a acuerdos de convivencia.
Estamos sin embargo ahora en un momento de tensión, un momento difícil que desconocemos cómo se resolverá, una vez aprobadas sucesivas reformas de Estatutos de Autonomía, por supuesto para aumentar techos competenciales y no para coordinar competencias y/o racionalizar el Estado. Estamos pendientes de la trascendente decisión que deberá tomar el Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña que va a determinar en gran medida el futuro político, Tribunal probablemente sin embargo bastante desprestigiado a juzgar por polémicas decisiones y que se ha movido casi siempre bajo la premisa de in dubio pro autonomía, al tiempo que una buena parte de la opinión pública se permite dudar si la lealtad al partido que nombró a sus miembros no mediatiza de alguna forma el resultado final de sus decisiones. Me temo que muchos intuimos que sí.
La cuestión es que es un hecho demostrado que el nacionalismo nunca se sentirá satisfecho hasta tanto no logre su objetivo, que es separarse, diferenciarse de un todo o de los demás; eso es algo que resulta indiscutible, es la razón de ser de aquél. Por eso la reivindicación autonomista no parará y de ahí además, las absurdas asimetrías de un Estado que predica igualdad de los ciudadanos en todo el territorio nacional, digo estatal. Por eso estamos en un punto crítico de nuestra historia, la Constitución parece haber tocado fondo, parece haber dado todo lo que podía dar ya de sí en estos momentos en cuestión territorial; llega el momento crítico de decidir, de preguntarse ¿y ahora qué?.
Ante todo mi intención es provocar una reflexión de tipo ético. Porque deberíamos de dejar de dar por supuesto que lo descentralizado es necesaria e indefectiblemente lo mejor, un axioma no discutible y premisa de todo lo demás. ¿O es que Francia, el abanderado europeo del centralismo es menos democrático? Me pregunto, ¿por qué es el mejor sistema el descentralizado?, ¿el mejor sistema bajo qué parámetros, bajo qué comparaciones? Como un budista diría, no hay probablemente cosas buenas ni malas sino simplemente útiles, inútiles o perjudiciales para alcanzar la ‘iluminación’. Pues con esto deberíamos preguntarnos lo mismo. Primero saber qué finalidad se persigue y con ello, si apartamos los conceptos morales, podremos analizar si lo que se plantee es útil no y para quién en su caso. En este crucial punto, existe desde mi punto de vista una discordancia flagrante entre la realidad y el discurso político. Lo útil es lo que es beneficioso para la sociedad, en definitiva para el ciudadano; qué sea beneficioso lo determina cada partido en su programa electoral. Otra cosa es la sinceridad con la que los partidos expresen sus ideas ya que el discurso oficial es el bienestar ciudadano y quizás el subyacente, simplemente encontrar el argumento más adecuado para llegar y/o mantenerse en el poder.
Llegados a este punto, en el que cada Comunidad Autónoma ha adoptado nuevos Estatutos de Autonomía y han estirado al máximo, barriendo para casa todo lo posible y lo imposible, no alcanzo a comprender muy bien cómo lo blanco puede ser negro, gris, rojo y verde todo al mismo tiempo. Los Estatutos, por el momento y en el orden constitucional, son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes Generales y a poco que se rasque, hay claras contradicciones en algunos aspectos de unas con otras.
La descentralización, como hemos indicado, se estableció como antibiótico que debía curar una enfermedad latente desde el fin de la II República, había que cerrar el paréntesis franquista. Sin embargo, transcurridos treinta años desde la aprobación de la Constitución, sería hora en mi opinión de reflexionar sinceramente sobre lo que ha supuesto este período y este sistema y concluir aunque sea provisionalmente, si es en estos momentos la mejor solución o hay que efectuar alguna reconsideración de urgencia.
Lo diferente, ‘vende’. O lo que es lo mismo, resulta un buen reclamo electoral, al fin y al cabo, afirma la propia singularidad, en términos psicológicos es reafirmar la personalidad, en la medida en que uno se siente ‘diferente’ de los demás, se siente más satisfecho. Y reafirma la vinculación del individuo al grupo. Nuestros políticos intuitivamente lo saben, legítimamente buscan argumentos diferenciadores porque son una buena forma de captar votos. Los políticos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco se encargaron desde el principio resaltar las diferencias lingüísticas y, por supuesto, fomentarlas al máximo bajo la bandera de su histórica opresión. Así hizo después Galicia. Cada territorio reclama su singularidad y no duda en movilizar a la población con los iconos de su diferencia. Cataluña, País Vasco y Galicia con la lengua, pero otros como Aragón con el agua o Canarias por la insularidad o su ultraperiferia. Todo político autonómico que se precie y que desee seguir cosechando votos, debe a toda costa obtener la piedra filosofal la ‘diferencia’ que le permita exacerbar el sentimiento tribal en su territorio, que es lo que le va a permitir obtener resultados óptimos.
En definitiva, el asimétrico sistema autonómico hispano, en sus inicios pudo satisfacer una aspiración democrática, pero como forma de organización territorial fue sacralizada e incuestionada desde el principio. Y hasta hoy, ya que la idea en sí misma sigue constituyendo un buen nicho de votos. Ningún partido importante se atrevió nunca a poner encima de la mesa los problemas o los excesos de dicho sistema.
Por todo eso resulta urgente en mi opinión una reforma constitucional o al menos abrir un proceso de debate y –ya sé que es mucho pedir- definir una idea de España como grupo, como algo global y, si se decide que merece la pena conservar lazos, poner los medios adecuados. Para ello, es imprescindible:
– “Cerrar” constitucionalmente el sistema autonómico.
– Establecer algún mecanismo que permita disponer de un sistema mayoritario o establecer mecanismos adecuados que permitan al vencedor de las elecciones un margen de maniobra mayor que el existente hasta ahora, en el que se depende en gran medida de los acuerdos que se vayan alcanzando con las minorías nacionalistas, que poco a poco irán horadando y vaciando el Estado.
– Y por qué no, cuántas veces hemos de decirlo, clarificar las competencias locales y una vez se haya hecho, dotar a los Ayuntamientos de recursos.
Mientras lo que prime sea la política cortoplacista, la obtención del poder a toda costa aunque sea a cambio de las cesiones que hagan falta, no veremos ni un atisbo de solución. Es necesario, imprescindible diría, establecer un consenso sobre el modelo del Estado, sobre financiación autonómica y local, sobre educación, sobre sistema electoral y sobre aquellos temas que son el esqueleto del sistema. Aplicar de forma efectiva el principio de subsidiariedad real, o lo que es lo mismo, que la administración más cercana al ciudadano y más eficaz sea la que preste los servicios y con suficientes medios. Todo ello con la ventaja, como dijo García-Trevijano de que “el consenso permite eludir la imputación de responsabilidades personales, nadie responde en un consenso”.
Ya veo que no es por casualidad que en la relación de colaboradores de este blog no figuran vascos ni catalanes. No sé por qué, pero desde luego no será porque en Cataluña y Euskadi no haya suficiente conocimiento de la cosa pública o tradición democrática.
Sólo aclarara que la última reforma constitucional que tuvo lugar en Francia fue explícita y exclusivamente para dar cabida a un modelo descentralizado (el artículo 1 o 2 hablan de una república descentralizada). Sin entrar a valorar si un modelo es mejor que otro, el centralismo es un modelo que ahora mismo está fuera de los paradigmas de la organización territorial del Estado quitando quizás algunos casos específicos (Corea del Norte o Mónaco).
Ya ves, Ignacio, que determinados debates generan automáticamente ácidas respuestas en clave política. Pasa con cosas como la situación de Palestina, la igualdad, el aborto, la educación para la ciudadanía, el urbanismo o, en lo que se refiere a tu comentario, el llamado Estado autonómico.
Hace tiempo que desapareció un debate serio sobre el modelo de Estado. Lo de los últimos años es más demagogia y aquello de «coge el dinero y corre» que otra cosa. De hecho, quizá nunca haya existido en este periodo constituyente y el solo hecho de proponer que se suscite, desde la responsabilidad, sin apriorismos, ya ves que reacciones genera. Desde luego, lo de la descentralización a la francesa no es comparable con lo que ha pasado aquí, en absoluto.
Dicho lo cual, y para evitar que me llamen jacobino, centralista y todas esas cosas que nos dicen a quienes simplemente proponemos repensar esto, diré que yo me declaro firme partidario de la descentralización, pensada y en todos los niveles. Pero con un marco jurídico claro, con un punto de llegada y un núcleo de competencias estatales establecido desde la reflexión y no desde la improvisación de los «paquetes» en que se distribuyeron hace más de treinta años. A lo mejor lo primero que hay que pensar es si realmente queremos un Estado o cómo organizamos el «derecho a decidir» del que tanto se habló en Euskadi en la pasada legislatura.
Por otra parte, ese debate sobre lo autonómico no debe acabar en las Comunidades Autónomas. También debe alcanzar a lo local. No puede reproducirse el marco de relaciones Estado-Comunidades Autónomas en el nivel Comunidades Autónomas-entes locales. No puede ser que se sacralice el mapa local al servicio de no sé qué intereses cuando todos sabemos que en muchas Comunidades la inmensa mayoría de municipios no pasan de ser una ficción. No puede ser que conceptos como el territorio, que documentos como la Estrategia Territorial Europea exigen ordenar a escala regional, al menos, porque si no no se pueden ordenar (o sea, que debe hacerse ordenación del territorio de verdad, no reglamentos de eficacia territorial limitada), se patrimonialicen por parte de los diferentes niveles de gobierno invocando una exclusividad competencial excluyente. En fin, que aquí hay mucho tajo y creo que poca voluntad -política al menos- de emprenderlo.
Y una cosa más. Es imposible no entender lo de Cataluña desde una mínima objetividad. Si Euskadi y Navarra tienen el sistema de financiación que tienen que Cataluña reclame más es absolutamente normal. Simplemente, si no hay reglas homogéneas para todos, todos querrán que se les apliquen las más favorables a sus intereses. Y un Estado necesariamente rendido como consecuencia de un sistema electoral y una estructura cameral demenciales difícilmente puede hacer prevalecer los intereses que le corresponde defender, tan legítimos como los de las Comunidades Autónomas y los municipios.
Que le vamos hacer, es lo que nos ha tocado vivir. Y conste que este país, a pesar de todo, ha progresado más en los últimos treinta años de descentralización autonómica que en los cien años anteriores. La cosa no ha ido mal. Quizá podría haber ido mejor, pero no ha ido mal.
La cuestión de la descentralización no puede liquidarse con dos palabras, pero básicamente la idea del artículo es sensata: hoy se transfieren competencias al que más puede, en un proceso que no parece tener fin y que ya está causando muchos problemas. El amigo Pérez Santos, que hace un comentario crítico, creo que estará de acuerdo en que la bilateralidad que predica el nuevo Estatudo de Cataluña es inaceptable, se mire por donde se mire, y que es necesario que todos, y no sólo los partidos nacionalistas de país Vasco y Cataluña, los más beneficiados por la constitución y el sistema electoral, decidamos hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Hoy la transferencia de competencias parece un asunto de trileros, no de política seria. Hay que reformar el senado, la ley electoral, y y crear un nacionalismo constitucional, basado en valores cívicos y compartidos. El truco nscionalista de identificar centralismo con franquismo ya huele a podrido.
A propósito del comentario de Jaime Pérez, diré que me hubiese gustado que leyese con más atención el argumento del post. Por no ser reiterativo, haré estas breves matizaciones/aclarciones:
Me alegra que de alguna manera se pueda abrir este debate que sin duda es sobre un tema vidrioso, lleno de lugares comunes que habría que aclarar.
En ningún caso he puesto en duda la tradición democrática catalana, vasca o del resto de CCAA. Si uno lee lo escrito con cierto detenimiento se dará cuenta que eso no se puede deducir en absoluto. Ni sé a qué viene la cuestión de si los catalanes tienen
Entiendo que se suscite debate ante un tema como el del Estado territorial(siempre desde la educación y el respeto), pero objetivamente hablando no se puede negar que la exposición del autor es certera,documentada e imparcial.En mi opinión personal brillante en la explicación de lo heterogéneo del sistema, y de cómo el techo autonómico no es el mismo para todos (¿inconstitucional por desigual?). En fin, aunque Ignacio Pérez no necesita en absoluto que yo le avale, sí quiero traer a colación un comentario que hice hace poco en relación a TODO TIPO de nacionalismo, y cuáles son sus consecuencias políticas y económicas:
«¿Qué sentido tiene reafirmar los valores tradicionalmente estatales si nos movemos en un contexto necesariamente supraestatal y local? Los estados deberían
Los nacionalistas son herederos directos del Nacional-Catolicismo, del Carlismo y del Proteccionismo económico. Los clérigos fanáticos que durante las Guerras Carlistas atacaban los trenes y las estaciones, como símbolos del progreso y de la modernidad, no son muy distintos de los etarras que atacan hoy en día las infraestructuras del AVE y a los que trabajan en ellas.
España viene arrastrando unos mismos problemas desde hace varias centurias: La ilustración insuficiente, la incapacidad estatal para gobernar a un territorio y a una población y la colonización de las mentes y del espacio político por la Religión, entre otras lacras, parecen formar parte de la idiosincrasia española.
Podíamos empezar por reconocer que España es un país árabe (8 siglos de dominación así lo atestiguan y casi otros tantos de represión y negación de lo árabe, han dejado profundas taras en nuestro país y en nuestro comportamiento) y no el Estado moderno y occidental que nos quieren pintar algunos (con solo 30 años de supuesta Democracia, frente a los más de 200 de EEUU que tiene Democracia desde que se fundó e incluso antes).
Seamos humildes y no nos extrañemos, si cualquier día vemos España reducida a un Chiringito familiar o a una Romería, donde una turba histérica delira entre abrazos y navajazos.
Mejor que decir que los partidos nacionalistas son unas garrapatas en el sistema democrático, podemos intentar describir con palabras sencillas, su modo de vida «a la sombra» de dicho sistema. Pese al juramento constitucional que hacen sus electos, su lealtad es otra y contraria a la anterior, ya que aspiran a un Estado propio, tal vez con su propia «Constitución», aunque venga encubierta bajo un manto estatutario. Su falta de compromiso constitucional es bastante lógica, por tanto, en ese sentido, pero no lo es que los demás la permitamos y dejemos que desgarren y saqueen las instituciones desde dentro. Acabemos ya con el engaño, no hay nacionalismo demócrático, eso es una contradicción en los términos. No confundamos las formas, las apariencias, los métodos y los procedimientos, con lo esencial. Los ciudadanos españoles como titulares de la Soberanía Nacional, tendríamos que decidir algún día, si queremos tener una «Democracia» inerme como la de ahora, donde puede prevalecer cualquier cosa cuando hay poder político, económico e incluso armado para imponerla o una Democracia militante,donde hay un contenido mínimo que no se toca, se preserva contra cualquiera que lo ataque y se defiende a cara de perro, contra cualquier intento de adulteración.
¿Cual es la diferencia principal entre un derechista tradicional español (católico, paleto, racista, xenófobo, etc.) y un nacionalista?
Que el segundo tiene «buena conciencia» por haber sido antifranquista y eso le permite mirar por encima del hombro a la Derecha más cerril y arcaica de Europa, que al igual que los partidos nacionalistas no es ni liberal, ni democrática, ni laica, ni republicana.
El antifranquismo histórico del nacionalista, incluso también le permite acomplejar a la «izquierda» española, que para empezar no es ni de izquierdas, ni tampoco es nada de lo anterior y hasta su antifranquismo resulta más que dudoso, a la vista de su comportamiento histórico y de su comportamiento actual.
La medalla de antifranquistas históricos que pasean con orgullo los nacionalistas de España, también les permite pasar por demócratas, entre los ignorantes menos formados, los cuales creen que es lo mismo ser antifranquista que ser demócrata. Un Stalinista sería también muy antifranquista, pero demócrata para nada, ni siquiera con los de su bando. Igual que no son demócratas los nacionalistas catalanes, ni con los catalanes no nacionalistas, ni con los demás españoles.
Por lo tanto, menos lobos y menos tomar el pelo a la gente, que aquí demócratas los justos. Hace unos años no cabía un alma en la Plaza de Oriente aclamando al Caudillo y ahora resulta que todos son demócratas en España, de toda la vida, y más que nadie los que han roto y rompen todos los días la Contitución votada por el pueblo y son capaces de romper el país para llevarselo a trozos.