Ser anónimo

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Ser anónimo

Se acaba de celebrar en Madrid el primer juicio contra Google, el megabuscador de la red, una noticia que ha pasado bastante desapercibida en los medios y que desde mi punto de vista tiene una gran importancia. Se informa que ha habido muchas reclamaciones de ciudadanos acerca del derecho al olvido presentando reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. Ésta ordenó a Google que bloqueara los datos de los ciudadanos reclamantes y  Google se negó. Ahora se ventila la cuestión en los tribunales.

Se debate pues si los ciudadanos tienen la potestad/derecho de reclamar que, transcurrido cierto tiempo, la información personal sobre ellos e irrelevante para la comunidad desaparezca de la Web. Dice por ejemplo en el siguiente artículo (periódico Clarín de Argentina) que “Google se opone a eliminar información de Internet”.  Los casos se refieren a datos procedentes de boletines oficiales y de una nota publicada por el diario El País en 1991. La AEPD y los abogados de los demandantes defienden el derecho a la privacidad, al honor, la intimidad y la imagen de los ciudadanos afectados.

Se opone el gigante Google argumentando que los responsables de los contenidos de Internet son los sitios que producen o ponen online esos contenidos, y no los buscadores. Afirman asimismo que en este juicio está en juego la libertad de expresión y que retirar de Google la información de carácter personal implicaría aplicar censura. El bloqueo de ese tipo de información haría de la Web un espacio sesgado y no transparente, dicen en Google. Asegura que borrar datos va contra la «objetividad» de Internet. La AEPD rechaza cualquier tipo de censura, pero cree que los boletines oficiales, por ejemplo, publican información personal en exceso, desproporcionada para la finalidad que se busca. Puede verse más información en cualquier periódico digital, por ejemplo en en este artículo del El País “Google asegura que borrar datos va contra la «objetividad» de Internet

Se admite que es posible, aunque costoso, eliminar información. La compañía dice que únicamente le afecta la ley de California. Las informaciones en cuestión habían aparecido publicadas en su mayoría en boletines oficiales. Internet hizo que la divulgación fuera universal. Los afectados reclamaron a Google que impidiera los enlaces y ante la negativa de la compañía, recurrieron a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Este organismo reclamó el «derecho al olvido«, es decir, el derecho de cualquier ciudadano a impedir que sus datos personales aparezcan en Internet y a que se mantengan allí eternamente, cuando algunos como los antecedentes penales prescriben con el tiempo. Google dice que la compañía está radicada en Estados Unidos, que «no utiliza filiales» para el tratamiento de datos y por tanto, no le son de aplicación las leyes locales. «Solo la ley de California«, aseguró. Es una carrera en solitario. La agencia española persigue al buscador fuera de su jurisdicción», dijo Aparicio. Para el abogado del Estado José Antonio Perales, la respuesta es clara. «En el tratamiento de los datos, Google utiliza medios situados en territorio español» al hacer uso de las cookies, una especie de galletas que reconocen al usuario y rastrean los sitios visitados para insertar publicidad. Por eso, la AEPD se declara competente para obligar a Google a que retire todos aquellos contenidos que un ciudadano considere ilícitos. Recordó que en Estados Unidos prevalece la defensa de la propiedad intelectual respecto a la protección de datos, pero en Europa la situación es distinta y echó mano de una sentencia de Reino Unido según la cual cuando se ha acreditado que un contenido es difamatorio, Google está obligado a desindexarlo y retirarlo. Internet, dijo, no puede ser un espacio donde los «insultos, amenazas o delitos» circulen impunemente.

Uno de los letrados representa a un médico que fue imputado en 1991 por un asunto profesional y exonerado poco después. Su nombre apareció en un periódico nacional y fue recogido por el buscador. Cuando se teclea su identidad aparece la imputación. Una sombra que no le ha abandonado desde entonces.

Hasta aquí los hechos. ¿Qué alcance tiene todo esto? Intentar mantener cierto grado de privacidad en la actual sociedad de la información parece que es algo casi imposible una vez que en un momento determinado alguien lanza datos propios en la red, y no sólo si se hace voluntariamente. También cuando terceras personas usan los datos de otros, caso de periódicos y boletines oficiales. Cualquier persona que haya hecho algo en su vida, es localizado a través de la red y se pueden descubrir muchas cosas sobre su biografía rastreando, no hace falta se un hacker. La tecnología de los buscadores es realmente impresionante, los datos de millones de personas andan flotando por ahí, se quedan para siempre en la telaraña, se quedan incrustados en multitud de webs. Hace muy poco queríamos saber acerca de una persona sobre la que creíamos que pesaba un embargo. Efectivamente, en pocos segundos encontramos en un boletín el anuncio de subasta. Esa persona puede que esté pasando una mala racha, pero el dato se ha quedado ahí incrustado para siempre. Es un moroso

A partir de todo esto se plantean multitud de preguntas y muy escasas respuestas. ¿Dónde queda la privacidad personal? ¿Con qué derecho muchas personas usan los datos de otras y los cuelgan en la red? Generalmente no se hace con mala fe sino como “gracia” o, en todo caso, sin meditar las consecuencias. ¿Se puede regular la circulación de datos personales por la red cuando en realidad estamos ante un fenómeno incontrolable y global? Me temo que todas las respuestas son más bien negativas. El derecho a cierta privacidad es una falacia hoy por hoy, los medios tecnológicos se usan sin discriminar cuáles pueden ser las consecuencias, es prácticamente imposible establecer normas salvo que se censuren accesos a la red como se hace en China, Egipto estos días y en general en las dictaduras.

Por lo tanto quizás deberíamos adquirir conciencia social y deberíamos actuar con criterios de responsabilidad, sí, ya sé un canto al sol. Será difícil que se logre algo por este método. Soy más bien pesimista y creo que en realidad nos deberemos acostumbrar a convivir con el sistema. La red nos identifica, el Estado, nos controla y no hay modo de escapar de este Gran Hermano orwelliano en que se ha convertido Internet. Queda el consuelo de que parece que ya hay empresas que han encontrado un nicho de negocio floreciente especializándose en borrar los rastros en la red.

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Ignacio Pérez Sarrión es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 1980 y Funcionario con Habilitación de carácter Estatal, perteneciente a las subescales de Secretaría-Intervención y Secretaría de Categoría Superior. Actualmente ejerce en el Ayuntamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza).

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