¿Está en crisis el modelo autonómico?

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¿Está en crisis el modelo autonómico?

Yo no sé si es un caso de acción-reacción, pero es lo cierto que a la vez que algunos dirigentes nacionalistas extreman su discurso, instalado en planes “B”, situaciones de “no retorno” y rupturas veladas a través del ambiguo derecho a decidir, tales amenazas son contrarrestadas con opiniones favorables a una nueva centralización de algunas competencias que racionalice y abarate un sistema que dicen inasumible. Han tenido que venir las vacas flacas para que después de tres décadas en las que casi nadie cuestionaba el Estado de las autonomías –si acaso algún exceso singular-, ahora todo el mundo, con mayor o menor conocimiento de causa, denuncie la aluminosis de los cimientos de nuestro modelo territorial y la ruina de todo el edificio que soportan. Afortunadamente, con escasas excepciones, las opiniones sobre la descentralización española y su futuro, están moviéndose, hasta la fecha, dentro de límites pacíficos, aunque por las páginas de la prensa nacional ya hayan desfilado exdirigentes estatales,  responsables autonómicos pasados y presentes, ilustres constitucionalistas nada sospechosos de centralistas y hasta frailes. Los militares, a Dios gracias, se reservan la opinión, aunque la tengan.

El desencadenante de este cuestionamiento es, en efecto, la crisis económica y la sospecha de que las Comunidades Autónomas, a las que se cuelga un sambenito indiscriminado de despilfarradoras, no puedan reducir su déficit o tengan que hacerlo a costa de menguar las prestaciones o la calidad de los servicios esenciales. Y a partir de ahí se habla de deseconomías de escala en la sanidad, en la educación, en la asistencia social o en la televisión pública y, a renglón seguido, se receta una devolución de competencias al Estado que, me supongo, habría que hacer ortodoxamente, tal y como marca la Constitución y no por otras vías incalificables. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Hacienda lanza mensajes tranquilizadores en el sentido de que la mayoría de las comunidades autónomas está cumpliendo con el compromiso de controlar su déficit.

Curiosamente, hasta personas que han desempeñado la presidencia de un ente regional tiran piedras contra su viejo tejado, admitiendo que otra España pudo haber sido. Incluso hay quien añade que por qué no va a ser. Y vuelven las dudas del pasado. El café para todos frente a la solución de los problemas catalán, vasco y, posiblemente, gallego. Voces hubo en la transición, alguna muy ilustre y ya irremediablemente apagada, que abogaron por una mera descentralización administrativa para las demás regiones. Una mezcla de mancomunidades de diputaciones con alguna competencia más cedida por la Administración periférica, como ocurrió con los entes preautonómicos. A los más jóvenes que no se dediquen a estos menesteres jurídico-públicos, tal vez les sorprenda lo mucho que se dudó, en doctrina y en foros políticos, ante una alternativa o la otra.

Recordemos que las Comunidades Autónomas disponen de su propia Administración Pública aunque tienen reconocida, también y con carácter general, la potestad legislativa en sus Estatutos. Pero, como apuntamos, la norma constitucional no previó expresamente la existencia de Asambleas Legislativas en todas las Comunidades Autónomas. Muy distintamente, la única mención a los Parlamentos territoriales se encuentra en el artículo 152.1, un precepto que se remite únicamente a los Estatutos del artículo anterior, es decir a las Comunidades de autonomía plena e inmediata.  Para las Comunidades de autogobierno limitado o diferido, las del artículo 143, la Constitución nada precisó. No obstante, como fue señalado por Muñoz Machado en 1982, existe un reconocimiento implícito de la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas en preceptos como el artículo 150.3, donde se contempla la eventual necesidad de «armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas” o, aún más claramente, en el artículo 153. a), donde se confía al Tribunal Constitucional el control de las “disposiciones normativas con fuerza de ley” de dichas Comunidades. Y aún hay, si cabe, otro precepto constitucional que se presta a una interpretación más concluyente: el artículo 150.1, donde, a propósito de las leyes marco, se prevé que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, puedan “atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar (…) normas legislativas”, lo que daría a entender que todas las Comunidades podrían disponer de una Cámara con potestad para dictar normas con rango de Ley.

No obstante, más de treinta años después de formulado este interrogante, la cuestión carece de interés dado que la evolución posterior del desarrollo autonómico y el mimetismo, predecible desde los primeros compases de la descentralización,  llevaron a que, con el expreso beneplácito de las fuerzas políticas mayoritarias, se generalizaran en todos los Estatutos de Autonomía aprobados, las potestades legislativas y las consiguientes Asambleas en todas las Comunidades. Algo que sólo un amplísimo e impensable consenso podría revertir.

Decía, al comienzo de estas líneas, que la pésima situación económica, con rumores interesados de rescate en el aire, pese a la visita de la señora Merkel,  ha propiciado que no sólo sujetos de la llamada “caverna” se hayan puesto a disparar contra el Estado compuesto surgido de la Constitución de 1978. Y es cierto que pudo levantarse sin tanta parafernalia organizativa (las críticas se ceban en los consejos consultivos, sindicaturas de cuentas y defensores del pueblo autonómicos); que pudo no haber supuesto un igualitarismo emulativo para todos los territorios y que la protección de las distintas lenguas españolas, incluso su oferta educativa en todo el país, nunca debió llevar a situaciones de marginación del castellano o a polémicas como la abierta recientemente a propósito de la traducción simultánea en el Senado, defendida vigorosamente por el Presidente Zapatero.

Pero como el arrojo no es moneda corriente en los partidos cuando se tienen, a la vuelta de la esquina elecciones –por cierto, autonómicas en las Comunidades del artículo 143-, no hay quien se atreva  ponerle el cascabel al gato. Un gato que despluma a muchos loros, de esos que se dice que toman dosis inapreciables de chocolate.

Por eso, al escasear el valor para afrontar una reforma constitucional que no tiene por qué ser más centralista sino, simplemente, más racional, apostando por la cohesión y viabilidad económica de los territorios antes que por sus rasgos identitarios, respetables sin duda, el debate se traslada a unidades más pequeñas: las provincias, o al menos sus diputaciones y los municipios. Desaparición de las primeras y fusión masiva de los segundos. No es que el tema no admita un debate: en este mismo foro lo ha habido y de gran altura. Pero en el caso de los políticos, la especulación es interesada: se ataca por abajo ante la presión de una ciudadanía cansada de tanto cargo, tanta duplicidad y tan poca eficiencia, porque no hay arrestos para cuestionar la mayor. Y que nadie se engañe: aunque se pactara a nivel estatal un adelgazamiento de los escalones locales, no tardarían las Comunidades Autónomas en crear, bien cebados, otros entes sustitutorios. Mientras la clase política no asimile que los partidos no son oficinas de empleo y la organización de lo público no es su empresa particular, avanzaremos muy poco en la racionalización estructural del Estado.

5 Comentarios

  1. Salvo que tuvieramos una población con un par, como la de Túnez y Egipto, dispuesta a una transición de verdad hacia la Democracia, en vez de dejarse mandar por los administradores de la herencia franquista, permanentemente instalados en la cultura de la componenda, del pasteleo, de las medias tintas, del sí pero no y del no pero sí.

    El problema está en la población, opinaba Gerald Brenan que los españoles no tienen sentido de la equidad y que viven dentro de un sistema tribal y clientelar que les obliga a beneficiar a los allegados, en perjuicio del Estado y de los diferentes; y que 3/4 partes de la actitud revolucionaria de los españoles (cuando la hay) proviene de ahí.

  2. Hay que valorar el sentido comedido del articulo en un momento de comentarios excesivos y fuera e lugar. Por tanto mi intención es aportar un punto de vista distinto, con todo respeto al presente articulo.

    La culpa siempre es de la periferia, es más facil dar la culpa a los de fuera, que reconocer los preblemas internos. ¿Nadie se ha preguntado donde está el mayor dèficit público? ¿Alguien ha analizado la evolución del coste de la administración central, comparada con la de hace 30 años cuando no habian autonomias y soportava una mayor competencia? Las administraciones autonomicas han crecido, y quizas en más de un caso con criteris de poca eficiéncia econòmica, pero hay una administración que ha reducido en mucho sus competencias, y creo que a todas luces, no ha registrado el correspondiente adelgazamiento que deberia haberse esperado de este proceso. ¿Van a tener que pagar ahora las autonomias? ¿No seria mejor empezar predicando con el ejemplo en la administración central?

    A veces ciertas voces, dan la sensación, que la unica preocupación es mantenerse en su sillón.

  3. Hace ya más de diez años (¡Cielos!) analizando la estructura del ordenamiento jurídico del Estado autonómico, como muchos otros autores, constitucionalistas y administrativistas, algunos de ellos grandes maestros de sus respectivas disciplinas, concluía mi estudio propugnando una reforma constitucional que resolviese ciertas incoherencias en la aplicación de principios esenciales que relacionan normas estatales y autonómicas y que, de algún modo, permitiese reconocer un punto de llegada al proceso descentralizador inaugurado formalmente en 1978. Corrían otros tiempos, de gran bonanza, de actividad económica creciente y creciente incremento de los recursos públicos no siempre bien aplicados (aunque sí en la mayoría de supuestos, no lo olvidemos). Estas cosas de la organización parecen cobrar importancia sólo en épocas de escasez. Resolverlas hoy, sin embargo, es preparar el futuro. Eso no impide que el actual clima político que la permamente contienda electoral en que está sumido el país no contribuye a mejorar, no me haga albergar muchas esperanzas sobre la posibilidad de afrontar un debate constitucional sereno y constructivo, que fije unas reglas del juego estables y nos aleje de la sensación permanente de caminar hacia una definitiva, explícita o no, ruptura. No sé yo si se impondrá la racionalidad, no sé yo…

  4. Al igual que ocurriera tras la crisis del petróleo en 1973, estamos en el momento adecuado para replantearnos la forma en que vivimos y arreglamos nuestras diferencias.
    La situación financiera de Cataluña tras un gobierno entre el PSOE y sus dos socios activistas en los ratos libres es una clara muestra de adonde han llegado los desmanes. Un conciudadano catalán se me quejaba de que en Cataluña tenían que pagar por todo: por el agua (una burrada), por las autovías, etc. Y que eso era culpa de Madrid, que se lo quedaba todo. Lo cierto es que los despilfarros en despachos, policías lingüísticas, pseudoembajadas (para provocar), las subvenciones sesgadas a las iniciativas nacionalistas de cualquier tipo, las pérdidas del AVUI, etc. que tienen sus políticos no les llama la atención. Simplemente dicen que no tienen pelas para hacer todas las gilipolleces que tienen en mente.
    Pero es una punta del iceberg de los problemas de nuestra sociedad. A mí, sinceramente, ya no me representan los sindicatos como trabajador. Son unos entes que detentan esa representatividad, pero que cobran del Gobierno. Gran lección que les dieron los sindicatos alemanes la semana pasada.
    Y las Cortes Generales ¿?. Son unos 670 señores que periódicamente se sortean el sentarse en las cámaras a repartirse lo que le quitan a los españoles Pero represntar, nada

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