Supresión de Mancomunidades ¿Por qué? (I)

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El secretario de Estado de Administraciones Públicas afirmaba a finales del pasado mes de junio que el Gobierno preveía suprimir las 1.432 mancomunidades existentes al completo en el marco de la Ley de Bases del Régimen Local y que la gestión de las competencias de aquellos ayuntamientos que no lo puedan hacer dentro de los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria estará a cargo de las Diputaciones provinciales.

Esta aserción del Secretario de Estado es toda una declaración de principios porque del texto del  Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no se desprende con toda claridad la supresión expresa de las mancomunidades, porque, en relación con ellas, solamente el nuevo apartado 6 al artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) impide que los municipios cuyas competencias hayan sido asumidas por la Diputaciones Provinciales, los Cabildos o Consejos insulares de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.3 no podrán integrarse en una mancomunidad ya existente, ni crear una mancomunidad nueva; y la Disposición adicional 6ª prevé en su número 1 que en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la ley, los servicios mínimos prestados por las mancomunidades serán sometidos a evaluación conforme a los criterios que fija el artículo 26. 3.

No obstante, el número 2 de la citada Disposición adicional 6ª dispone que cuando de la evaluación resulte la inadecuación de la prestación en el ámbito correspondiente, corresponderá a las Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos insulares la prestación de los referidos servicios; si la entidad local formara parte de una mancomunidad en ese momento dejará de pertenecer a ella.

Esta última norma, con independencia de que parece que contiene un error pues no parece normal que una mancomunidad forme parte de otra mancomunidad, hace pensar, después oír las manifestaciones del Secretario de Estado, que las mancomunidades van a tener crudo superar la evaluación programada si se tiene  en cuenta que, además, se llevará a cabo conforme a criterios tan indeterminados como el incumplimiento de los estándares de calidad – que habrán de fijarse por Decreto – en razón de la naturaleza del servicio, la población, o la sostenibilidad financiera.

Además el Informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local remitido al  Consejo de Ministros, según el cual el texto está inspirado en el principio “una administración, una competencia”, ya proclama que “se eliminarán” las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada, acusando al 71,30 % de no cumplir con sus obligaciones de presentar cuentas anuales, por lo que sus competencias – olvida el informe que las mancomunidades no tienen competencias propias –  pasarían a depender de las Diputaciones Provinciales que se refuerzan y que constituyen una administración más transparente ya que el 90 % sí cumple con la presentación de las cuentas anuales, tasando, por fin, en más de 700 millones de euros el ahorro que conllevará la supresión de las mancomunidades.

No pretendo contradecir los datos del citado informe, pero mi experiencia en la gestión de mancomunidades – he sido secretario-interventor de dos mancomunidades (de abastecimiento de aguas y de recogida de basuras)  en régimen de acumulación, además de que he ejercido en Ayuntamientos integrados en algunas  – no me transmite la conciencia de que esta forma de gestión de servicios implique necesariamente un sobrecoste de los mismos, en el caso que conozco más de cerca salvo los costes de personal (un auxiliar administrativo y el secretario-interventor que percibía una gratificación del 30 % de las remuneraciones correspondientes al puesto principal), dado que los cargos políticos no percibían ni un céntimo, la prestación mancomunada del servicio no solo no se encarecía, sino que permitía acometer la ejecución del servicio con unos medios que de forma individual eran impensables. Así, por ejemplo, la recogida de basuras mancomunada permitía hacerlos con un camión cuando los municipios lo venían haciendo por su cuenta con medios tan poco salubres como un carro tirado por una mula.

Parece, por otra parte, que otra de los pecados que va costar a las mancomunidades su condena al fuego eterno es el incumplimiento en un alto porcentaje de su obligación de presentar sus cuentas anuales, pero, según el Informe de fiscalización del sector público local correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, elaborado por el Tribunal de Cuentas, el cumplimiento por los municipios de esta obligación en el mejor de los casos no superaba el 75 %, sin que en dicho dato tuviera un peso específico el número de habitantes, es decir, el grado de incumplimiento se repartía aproximadamente por igual entre municipios grandes, medianos y pequeños, de lo que se infiere que el problema de esta actitud no tiene su origen simplemente n la falta de medios, sino que se produce por mor de la falta de responsabilidad de los obligados a ello.

Soy consciente de que el porcentaje de cumplimiento de los municipios respecto de las mancomunidades es mucho más alto, pero en el caso de aquellos nadie se ha planteado su desaparición ni tan siquiera un tirón de oreja a sus máximos responsables. Incluso el propio informe de del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas admite que un 10 % de las Diputaciones Provinciales, a las que califica de administración más transparente,  tampoco cumple con sus obligaciones de remisión de las cuentas. Porcentaje que referido al exiguo número de 41 Diputaciones se me antoja considerable.

No creo que las mancomunidades de municipios vayan a desaparecer solamente por su falta de rigor en el cumplimiento de las obligaciones de remisión de las cuentas o porque con su extinción vaya a suponer un ingente ahorro de dinero público, sin olvidar que debería constituir un estándar de calidad del servicio la cercanía del centro gestor al lugar de su prestación, pues en demasiadas ocasiones las Diputaciones Provinciales están excesivamente alejadas geográficamente lo que provoca falta de empatía con la realidad que deben asumir.

Me da la sensación de que esta muerte anunciada de las mancomunidades responde a otras razones.

CONTINUARÁ…

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