La polémica se expande por los países europeos y es conocida también en España: se trata de decidir si el transporte público en las ciudades puede ser gratuito. Estaríamos ante una revolución si partimos de la idea de que estas, las revoluciones, no pueden tener hoy como punto de mira la Bastilla de París sino, más recatadamente, las costumbres y los usos humildes de las poblaciones. Ahí se encontraría el transporte público enfrentado al privado que representan nuestros coches, una enfermedad endémica de las ciudades, degradadas por el empecinamiento que ponemos en trasladarnos de un lugar a otro ocupando un espacio desproporcionado y gastando lo que no tenemos en energía.
Luxemburgo ha anunciado, es el primer país que lo hace, la introducción de esta medida en todo el territorio nacional que, como se sabe, es muy pequeño y no cuenta sino con una población que en poco supera el medio millón de habitantes. No es ejemplo válido para un país de mayor envergadura como España.
Sí son interesantes, empero, las experiencias municipales, se suele citar la de Tallín, capital de Estonia, una ciudad de tipo medio. También las que se están diseminando por Francia donde ya hay veintitrés redes de transporte (sobre unas 250) que son gratuitas. En Dunkerque la gratuidad solo se puede disfrutar en los fines de semana. Y en París, su alcaldesa ha suscitado un debate ciudadano sobre un nuevo modelo económico que incluiría la gratuidad del transporte en toda la metrópoli parisina. En Alemania, en el marco de las medidas verdes del Gobierno de coalición y de la polémica sobre los impuestos a la gasolina y el diesel, barajan esta posibilidad ciudades como Bonn, Reutlingen o Mannheim, entre otras.
En España el asunto se ha discutido en diversos foros y varios Ayuntamientos han aportado sus criterios. Nosotros contamos desde hace años con modalidades de tarifas que favorecen a determinados estratos de la sociedad como son los jóvenes, las personas disminuidas o los ancianos. Podría avanzarse en ellas distinguiendo -hoy no es difícil- los niveles de ingresos de que disfrutan unos y otros: hay – creo- muchas razones para subvencionar a un pensionista modesto pero ninguna para hacerlo a un notario jubilado (o a un catedrático, como es mi caso).
A mi juicio, llevar esta polémica al ámbito nacional es improcedente. Más la veo como un asunto propio de la vida municipal, ámbito este natural en el que debe inscribirse. Y hacerlo con prudencia, alicatándose de informes técnicos que valoren alternativas, fuentes de financiación, impacto real etc. Porque “nada es gratis” y, en los servicios públicos, lo que no paga A lo paga B o lo pagamos todos. Recuerda esta discusión la habida con la gratuidad de los peajes de los autopistas, polémica en la que algunos imprudentes la defienden sin darse cuenta de que el rescate de las concesiones alguien ha de pagarlo y lo mismo la conservación futura de las autopistas. Mercedes Fuertes en su reciente libro “Las desventuras del dinero público. Elegía al principio de riesgo y ventura” (Marcial Pons, 2018) ha desmenuzado este problema usando la técnica jurídica y la mirada buida que proporciona la Historia.
Asunto pues municipal para cuyo planteamiento procede recuperar la idea de la autonomía local, tan desprestigiada pero que es preciso reivindicar como un pilar constitucional. Si se parte, como es mi caso, de que la autonomía consiste en que las Corporaciones locales pueden intervenir en cuantos asuntos les afecten de tal forma que dispongan de un ámbito de decisión política de la entidad suficiente como para poder ofrecer, frente a los ciudadanos, unas señas de identidad que permitan a éstos reconocer el contenido de la oferta que les movió a elegir a unos determinados representantes en lugar de a otros. Lo que la Carta europea de autonomía local acierta a expresar cuando dice (art. 3.1) que «por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las Corporaciones locales de regular y gestionar… una parte importante de los asuntos públicos (de forma más expresiva, «einen wesentlichen Teil», en la traducción alemana: «a substantial share» en la inglesa).
A su amparo se inscribirían las medidas que un municipio pueda adoptar en orden a la gestión económica del servicio de transportes de viajeros. Sin descartar ninguna solución, lo indispensable es equiparse de estudios solventes, de análisis que no dejen ningún cabo suelto ni den aliento a la alegría demagógica o a la complacencia ingenuamente ecologista.
Solo convocando a juristas, economistas o urbanistas solventes, alejados de prejuicios y charlatanerías, apoyados pues en la serenidad que aportan los conocimientos profesionales es como deben decidir los corporativos apoyados en las diferenciadas opciones políticas que les han convertido en representantes de la ciudadanía.
Al abrigo y bien lejos del soplo alegre de la improvisación.
