Variante de Pajares y Entidades Locales Menores

Muy pocos españoles ignorarán que hace unos días ha entrado en funcionamiento la llamada Variante de Pajares que permite la llegada del AVE a Asturias.

Lo que es probable que desconozca la inmensa mayoría de los españoles es que tal obra, beneficiosa por tantas razones, ha supuesto un desastre medioambiental para la Montaña Leonesa.

Estamos hablando de casi cincuenta kilómetros de túneles, once viaductos, trece galerías y diez pasos superiores e inferiores. Esta descomunal obra ha afectado a cuarenta formaciones geológicas diferentes. Y ha producido unos daños no menos descomunales para una veintena de pueblos: 319 litros de agua por segundo, unos diez hectómetros cúbicos al año, una cantidad equivalente al consumo de agua durante un año de una ciudad como Oviedo.

Naturalmente las entidades locales afectadas se han movilizado, lo que ha tenido como consecuencia que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha debido reconocer los daños denunciados por las filtraciones de agua de los acuíferos a los túneles y ha establecido medidas correctoras y compensatorias que ADIF ahora está obligado a cumplir.

¿Cómo? Sellando las fracturas y fugas por las que se produce el drenaje de tales acuíferos pero también acometiendo un proyecto de restauración y corrección integral de los efectos causados sobre los manantiales y las masas de agua superficial.

Por ello la Declaración de Impacto Ambiental de esta Variante de Pajares debe modificarse y así lo reconoce la Dirección General citada ((9 de mayo de 2023) como respuesta a la petición realizada en 2017 por la Federación Leonesa de Entidades locales menores y una Asociación Cultural y Deportiva.

Además del sellado y, como parte del proyecto de restauración, deben recuperarse los hábitats y especies de interés comunitario, corregir los impactos sobre la población y bienes materiales asociados a los usos y aprovechamientos dependientes del agua, como la ganadería y pastizales; establecer medidas correctoras de los impactos derivados del drenaje de los acuíferos por los túneles, que se mantendrán a lo largo de la vida del proyecto mientras sigan siendo necesarias; en fin, se constituirá una comisión de seguimiento en la que estarán presentes las entidades locales afectadas.

Como se advertirá estamos en presencia de unas actuaciones de gran calado y, por lo que respecta a este Blog, de espectacular interés porque todo ello ha sido posible por la actividad perseverante y eficaz llevada a cabo por municipios y entidades locales menores bien asesorados jurídica y técnicamente. 

Son estas últimas, me refiero a esas entidades menores, bastante desconocidas en buena parte de España y ello por la sencilla razón de que solo existen en algunas zonas de nuestro país. A ellas se refiere el artículo 45 de la Ley Básica configurándolas como colectividades menores integradas en un municipio para la administración descentralizada de núcleos de población con intereses diferenciados. Su origen se vincula a la remota Edad Media cuando se llamaban aldeas o villas y en parte se borran a lo largo de los siglos al hilo del proceso de robustecimiento de los municipios. Por ello, la Constitución de 1812 las ignora y hay que esperar hasta las leyes municipales de la década de los setenta del siglo XIX para que se admita, dentro de un término municipal, además del pueblo que representa la capital, la existencia de otros pueblos que conservan su administración particular sobre derechos y bienes diversos como aguas, pastos o montes.

La Constitución vigente no las menciona pero la Ley Básica sí se acordó de ellas aunque remitiendo a las leyes de las Comunidades Autónomas su regulación y atribuyéndoles la administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, anteiglesias, concejos, pedanías  … Pertenecen a un municipio pero poseen determinados bienes que constituyen su patrimonio configurado como un patrimonio diferenciado del general y propio del municipio del que forman parte, lo que justifica y explica su capacidad de autonomía en su gestión.

Estas previsiones legales y, como digo, el desvelo laborioso de sus minúsculas autoridades, han salvado buena parte de la Montaña leonesa y a sus sufridos habitantes de una hecatombe ambiental que les ha tenido en vilo y acercado a la ruina económica.  Esperemos que ahora la Administración central no se olvide de sus compromisos.