En 2016 las corporaciones locales tuvieron un superávit histórico de 6.847 millones de euros, y las previsiones sobre el 2017 van en el mismo camino, esto está produciendo un debate doctrinal y también de índole político. ¿Qué deben hacer a partir de ahora las Entidades Locales?

Además este superávit está produciendo año a año un  exceso de liquidez de forma  que la previsión de fondos líquidos del sector local en 2017 este en el orden de los 20.000 millones de euros, es decir tenemos en caja casi un tercio del gasto no financiero anual, comenzamos cada ejercicio a ejecutar el presupuesto con un tercio de los recursos en forma de liquidez.

El artículo 32 de la LOEPSF incluye una última disposición que busca garantizar el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera prevista para el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, en cuyo caso se destinará: en  la Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto.

La aplicación de este artículo y el cumplimiento de la regla de gasto que establece el artículo 12 de dicha Ley, está produciendo una continua reducción del endeudamiento local que ha pasado de 44.000 M de euros en 2012 a 30.563 M de euros a 30 de septiembre de 2017, todo ello teniendo en cuenta que se transformaron más de 11.500 Millones de euros de deuda comercial en deuda financiera. Como vemos esa deuda comercial ha sido claramente absorbida por los superávits persistentes en este periodo.

Por ello se comenta que las Corporaciones Locales han hecho un gran esfuerzo en la reducción del gasto desde la aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Pero si se compara la reducción del gasto público con la del resto de administraciones públicas (Estado y CCAA),  se puede afirmar, que los ayuntamientos no han reducido su gasto público durante la crisis y paradójicamente gozan de un amplio superávit.

Los gastos corrientes operativos del sector local (capítulos 1 y 2 del presupuesto de gasto) que excluye las inversiones, transferencias y gastos financieros, lo que denominamos gastos permanentes estructurales, es un 6% superior al que había en el año 2007, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).Por tanto el superávit se ha generado por la vía de los ingresos.

Los ingresos locales basados en transferencias e impuestos sobre productos son muy estables a lo largo del ciclo económico, frente a los ingresos cíclicos que tiene fundamentalmente la administración central donde entra en juego el fenómeno de los estabilizadores automáticos, en épocas de recesión disminuyen los ingresos, al contrario que las Entidades Locales. Sirva de ejemplo el comportamiento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  que entre 2007 y 2016 disparó su recaudación un 75%. En el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (coloquialmente denominado plusvalía) se recaudo  2.577 millones de euros en 2016, casi el doble que en 2007.

Existe por tanto un debate doctrinal:

a) Los Ayuntamientos deben elevar el gasto y dar más competencias a los ayuntamientos.

Las matizaciones surgen porque El Estado y las comunidades autónomas financian partidas contracíclicas (son estabilizadores automáticos porque  incrementan el gasto en épocas de recesión) que obligan a elevar el gasto público en los años de crisis, y que explican una parte del incremento de su déficit. Un buen ejemplo son las transferencias del Estado para pagar las prestaciones del desempleo, o las transferencias de las comunidades autónomas en gastos sociales. Los ayuntamientos no tienen estas partidas contracíclicas, por lo que no tienen estos gastos automáticos que sí tienen que cubrir otras Administraciones.

Se equilibraría por tanto las Administraciones públicas en cuanto a los efectos de las crisis en el conjunto del gasto, si le asignamos a las Entidades Locales nuevos gastos cíclicos

b) Los Ayuntamientos deben reducir los impuestos locales.

Un sector de la doctrina asevera que la presión fiscal local es baja comparada con los países de la UE. Otro sector alega el alto esfuerzo fiscal poniendo en colación el Índice de Frank al obtener los datos de forma per cápita.

c) Es necesario reducir el nivel de transferencias del Estado y CCAA hacía los Ayuntamientos.

Para otro sector de la doctrina no tiene sentido que los ayuntamientos cuenten con más recursos de los que necesitan para financiar sus competencias y que otras Administraciones no lleguen. De ahí que algunos expertos consideren que no son necesarias tantas transferencias del Estado a las corporaciones locales y  en el caso de las  Diputaciones Provinciales de Régimen Común más palpable este fenómeno dado que en 2016 los fondos líquidos de estas fueron de 3.975 M de euros con unas operaciones corrientes (capítulos 1 a 4)  de 3.923 M de euros. Los gastos corrientes a principio de ejercicio para estas Entidades Locales están en caja.

Una vez salgamos del procedimiento de déficit excesivo según aseveran las previsiones en la actualidad, el debate local está servido.

Se piensa por tanto que no estamos en el mejor  momento para afrontar la reforma de la financiación local.

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