Los sindicatos y la Administración Pública

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El papel jugado durante las últimas décadas por los sindicatos españoles también tiene su impacto en la Administración pública. En principio se podría suponer que esta influencia debería haber sido positiva. Los dos grandes sindicatos, a los que hay que añadir los sindicatos corporativos de empleados públicos, parece que, además de su función de defensa de los derechos de los empleados públicos, tendrían que haber contribuido a una mayor calidad institucional de nuestros organismos públicos. Al fin y al cabo, la Administración pública es un magnífico instrumento de defensa del bien común y del interés general. Es una institución de naturaleza progresista que, con independencia de la ideología que la gobierne, siempre tiende a un trato igualitario y a defender los derechos de los sectores más débiles de la sociedad. Por esto siempre he sostenido que la función de los sindicatos en la Administración pública es doble: por una parte la defensa de los empleados públicos y, por otra (y para mi más importante), la defensa e incentivación de unas administraciones públicas potentes que tengan la capacidad y fortaleza de atemperar la voracidad de los mercados por la vía de la regulación y el control y de disminuir las desigualdades sociales. Unas instituciones públicas fuertes y solventes tienen una correlación positiva directa con la calidad de vida de los ciudadanos. Pero la realidad ha contestado en negativo este ingenuo axioma y los sindicatos, en la mayoría de los casos, se han convertido en su relación con la Administración pública en unas organizaciones extractivas y parasitarias. Han priorizado claramente sus intereses egoístas como organizaciones por encima de la defensa institucional del interés general e incluso de la defensa de los trabajadores. Han utilizado su posición de fuerza ante las administraciones públicas para debilitarlas, e incluso en ocasiones para extorsionarlas. La Administración pública es débil ante la lógica de conflicto de los sindicatos ya que no posee patronal, ni a nivel simbólico ni a nivel profesional, para defender sus intereses. Los dirigentes políticos ni son, ni pueden ni quieren ser patronal. Se trata de una tensión y de un conflicto asimétrico ya que se produce entre un actor sindical que está muy profesionalizado en la negociación y en la gestión del conflicto, con una gran información transversal de todas las organizaciones públicas y con gran capacidad de movilización. Y, en frente, tiene a una supuesta patronal que no se siente como tal, que rehúye el conflicto con sus compañeros y que está asustada e intenta evitar al máximo el conflicto para que no se altere la calidad de los servicios y la paz social.

Los sindicatos no han contribuido, salvo raras excepciones, a la mejora de nuestras administraciones públicas, a hacerlas más potentes y participativas (más abiertas a la sociedad), a frenar y denunciar los casos de corrupción política, a defender unos instrumentos que son de y para la ciudadanía (en su mayoría trabajadora). Tengo que reconocer que tampoco han tenido el objetivo explícito de debilitar ni de destruir a las administraciones públicas del país aunque muchos de sus objetivos y actuaciones egoístas y cortoplacistas han contribuido a debilitarlas y a fracturar los diques institucionales que podrían haber evitado buena parte de los casos de corrupción. Y esta contribución negativa pivota sobre dos ejes:

Un primer eje es que los sindicatos han percibido a la Administración pública como un actor cuya función principal es proveer de recursos y un mayor grado de confort a sus propias organizaciones. Los sindicatos reciben subvenciones públicas totalmente justificadas por el importante poder que juegan a nivel laboral y social. Pero a estas grandes subvenciones hay que añadir otras más indirectas y no tan justificadas desde la financiación de eventos diversos, reuniones, estudios, viajes difíciles de justificar, etc. Quizás el caso más evidente sea el de los liberados sindicales. Los sindicatos tienen una obsesión con los liberados sindicales no tanto para que ejerzan su función esencial de defensa de los trabajadores sino como un mecanismo de poseer, en el mejor de los casos, fuerza de trabajo para sus enormes burocracias internas y, en el peor de los casos, para mantener con criterios clientelares unos afiliados con un gran confort y calidad de vida. Hay datos que sorprenden: en España se calcula que hay 4.200 liberados sindicales en el sector privado según la CEOE. Estos liberados sindicales surgen sobre una base laboral que supera los 11 millones de trabajadores por cuenta ajena. En este sentido es muy significativo que se calcula que el número de liberados sindicales del sector público era en 2012 de 10.000. Es decir, hay una inflación totalmente infundada de liberados sindicales en el sector público que implica una forma heterodoxa de subvención injustificada de las administraciones públicas hacia los sindicatos. Hay una dinámica del “compadreo” entre las élites políticas y las élites sindicales. En algunas administraciones públicas, esta complicidad de “intercambio de cromos” ha llegado a extremos inaceptables. En determinados ayuntamientos se ha llegado a un perverso pacto entre los políticos y los sindicalistas para hacer añicos al modelo meritocrático de acceso a la función pública. El pacto es el siguiente: los puestos más relevantes de la Administración (directivos y técnicos) los seleccionan libremente los políticos entre sus clientelas ampliando los puestos de eventuales y de libre designación. A cambio, los sindicatos pueden reclutar entre sus clientelas a los puestos más bajos

En un segundo eje, los sindicatos, en términos generales, han abocado la negociación de los convenios y los derechos de los trabajadores en el sector público a una dimensión mezquina y de vuelo gallináceo. Jamás se han preocupado, salvo excepciones, por fortalecer las instituciones públicas con sistemas de selección meritocráticos, con dotarla de una dirección pública profesional que evite la discrecionalidad y el clientelismo político, por mejorar la calidad de los servicios, las condiciones profesionales de los empleados públicos, etc. Su lucha y frente de negociación tampoco han sido usualmente las mejoras retributivas sino una peculiar forma de ver una mejora de las condiciones laborales por el embudo de más días y horas de asueto para los empleados públicos. Las negociaciones se suelen poner duras y tensas, aunque siempre acaba cediendo la “no patronal” de naturaleza política, cuando se exige ampliar los días de libre disposición (en la práctica más días de vacaciones conocidas popularmente como “moscosos” y “canosos”), por una visión muy laxa de una mayor conciliación de la vida profesional con la familiar y personal que siempre se canaliza por menos horas trabajadas.

4 Comentarios

  1. Magnífico análisis de una de las mayores lacras de la Administración Pública española. Una negociación colectiva en la que la defensa del interés público pasa a segundo plano, por la dejadez política en la gestión del dinero de los contribuyentes y es sustituida por la vista gorda frente al chantaje sindical centrado en dos variables: la disminución del rendimiento con mas y mayores permisos y la defensa de los trabajadores mas tóxicos para la organización

  2. La ciudadanía tiene derecho a que la administración le facilite unos servicios comprometidos con los principios de calidad y eficacia. Para su consecucia deben adoptarse medidas que mejoren los distintos ámbitos en que tiene lugar la relación entre una y otros: mejora de las instalaciones de atención al público, mejora de la preparación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, avances en innovación y tecnologías, etc. Es decir, en todo aquello que ayude a hacer más satisfactoria la relación de la ciudadanía con la Administración pública.

  3. Con los debidos respetos, no se puede generalizar de este modo. No existen causas tan generales que justifiquen tales problemas.Los sindicatos tienen una finalidad y espíritu que presiden sus actuaciones. El nuevo paradigma de las nuevas realidades productivas, con un cambio profundo de sistema, azotados de golpe por los fenómenos globalizadores, la crisis financiera y económica, y el estigma infundado del establishment. Las reformas laborales diseñadas por las Sí patronales, los decretos de racionalización del sector público, la agencialización o externalización en las AA.PP, los EREs y ERTEs en las AA.PP, los techos de gasto, las tasas de reposición, la pérdida de representatividad unitaria y sindical, todo esto, se ha constituido como un plan preconcebido para denostar a las OO.SS.

    Evidentemente que han existido dirigentes sindicales que se han montado en la burbuja del poder y la gula del momento. Claro que los dos grandes sindicatos han fagocitado sus mecanismos de debate y crítica interna para beneficio del aparato burocrático y la institucionalización de las estructuras sindicales. Como también lo ha habido en Política o en las Patronales de este país.

    Pero existen sindicalistas honrados, la mayoría de ellos, que trabajan en los sindicatos más horas que en sus puestos públicos de trabajo, cobrando menos en algunos casos.

    Debemos hablar también del modelo sindical español. El modelo nórdico de representación sindical favorece la afiliación y la fortaleza de los sindicatos que pasan a ocuparse , no solo de los trabajadores sino de los parados, los jubilados, los estudiantes, etc, de modo que revierten en la sociedad el beneficio que la ley les otorga.
    Sin embargo, el modelo sindical español desincentiva la afiliación sindical. La afiliación debería ser obligatoria y voluntaria, obligatoria al firmar el contrato y voluntaria al elegir el sindicato al que afiliarse. Solo así se evitaría que el 15% de los trabajadores financien al resto. No puede ser que los convenios colectivos negociados por los sindicatos amparen a todos los trabajadores, afiliados o no, tampoco que los delegados de personal y comités de empresa amparen a todos los trabajadores, afiliados o no, que hayan votado en las mal llamadas elecciones sindicales o no.

    ¿Las OO.SS reciben subvenciones? Sí, pero infinitamente menos que los partidos políticos o las patronales.
    El problema de fondo no es ése. ¿Sabéis cuales son las funciones de los sindicatos? Representación de los trabajadores de manera colectiva, cobertura y asistencia legal de los trabajadores, la participación en múltiples organismos públicos, su intervención en la concertación social, la Negociación Colectiva, su participación en los grupos de trabajo con gobiernos, Congreso, Senado, Diputaciones, Asambleas de las CC.AA, etc, en las proposiciones de ley, formación de los trabajadores, etc…

    ¿Son necesarios los sindicatos?
    ¿Son estas funciones sindicales posibles con la financiación de las cuotas del 15% de la población trabajadora, exclusivamente?
    ¿No debemos ir al modelo nórdico de Dinamarca, Noruega, Suecia, etc?

    Los derechos sociales no se heredan, no son un quantum inalterado que se transfiere de padres a hijos, los derechos sociales se conquistan y se defienden. Para ello es necesario un cambio de óptica, y responsabilizarnos de que para acercarnos al nuevo paradigma ya no nos vale con seguir haciendo lo mismo.
    Saludos

  4. Ahora misnmo algunos trabajadores de lo publico entre las que me encuentro soy victima de un escarnio que los sindicatos ven y no solo no se me ofrece asistencia jurudica sino que se me intimida que me calle ante lo que me esta ocurriendo pues me estan dejando e impidieido trabajar solo falta que digan colgarme en la plaza publica el que se me impida trabajar es de algunos superiores pero ellos el sindicato cesif fpor lo que contesta es de apoyo al que lo hace o sea a la voz de su amocuando yo no hay causas para que me pase esto y no saben que buscar para echarme en cara-Gracias

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