Forma parte del debate ciudadano la denuncia que buena parte de los políticos posee un perfil competencial bastante precario y que los buenos profesionales que atesoran las competencias necesarias para ocupar puestos políticos de carácter institucional suelen renunciar a ocupar estos cargos. Antes que nada, hay que apuntar que ante esta realidad hay notables excepciones. Siempre ha existido la sensibilidad social de que las personas que ocupan puestos políticos no poseen el perfil adecuado para ello. Pero también se constata que ha sido durante los últimos años en los que estas quejas han llegado a ser estridentes. La supuesta baja calidad profesional de las personas que ocupan puestos políticos en nuestras administraciones públicas se explican por una concatenación causal que es muy difícil de resolver.
En primer lugar, es muy difícil que un buen profesional que percibe una retribución acorde a su nivel tanto en el sector público como en el privado le seduzca la posibilidad de ocupar un puesto de responsabilidad política en las instituciones. La mayoría de las personas dependen de su sueldo para aportar confort a su familia y a pesar de que tengan vocación política y de servicio público se les hace muy cuesta arriba dar este paso. Los sueldos que perciben los cargos políticos en España son, en términos generales, muy bajos (hay excepciones como la Generalidad de Cataluña, el Gobierno Vasco y algunos grandes ayuntamientos). No deja de ser sorprendente que un ministro tenga una retribución que es casi la mitad de la que percibe un subsecretario (puestos reservados a funcionarios). Pero a esta situación precaria a nivel retributivo se le ha sumado la reciente costumbre de la mayoría de los partidos políticos a retener para sus organizaciones un porcentaje del sueldo de los políticos vinculados al partido (sean afiliados o no). Esta perversa práctica rebaja todavía más los emolumentos de los cargos políticos y, además, supone una humillación simbólica hacia los mismos. Es una manera de recordar siempre que si yo te nombro discrecionalmente (o incluso arbitrariamente) tienes que compensarme. Yo lo considero personalmente inaceptable y en algún cargo político que he ocupado me he negado a pagar esta mordida, pero ahora parece que hay muy pocas excepciones.
La segunda dificultad es que las personas que ocupan un cargo político se adentran en una montaña rusa que genera un caos de horarios y una falta de capacidad para conciliar con su familia. La práctica política exige estar laborando en los horarios habituales de un trabajador estándar a los que hay que sumar una frenética actividad al final de la tarde y noche (reuniones, actos y cenas institucionales) y una vorágine de obligaciones durante los fines de semana (concentración de actos y reuniones de partido y también visitas institucionales). Es usual que ocupar un cargo político genere un elevado nivel estrés en la persona que lo ocupe ya que siente remordimiento ante su desatención de la vida familiar. Es usual que una parte importante de los cargos políticos se divorcien durante su mandato.
Por si los dos elementos anteriores fueran pocos se suma un tercer ingrediente que suele ser determinante para renunciar a ocupar un puesto político de carácter institucional. Cuando uno ocupa un cargo público pone literalmente en juego su prestigio profesional y personal. Forma parte de la rutina de los medios de comunicación ir mucho más allá de la crítica política y técnica y encarnizarse con las personas que ocupan puestos políticos de una manera totalmente abusiva. Hace unos años esta externalidad negativa podía ser controlada ya que se solían producir pactos entre los medios y la clase política de un cierto fair play. Pero durante los últimos años los medios de comunicación se han fragmentado con la aparición de los medios digitales y la competencia entre ellos es mucho más feroz que antes. El principal elemento de competitividad entre los medios reside en ser más agresivo con la clase política y denunciar hechos y situaciones no contrastadas llegando incluso al terreno personal. Las redes sociales han echado gasolina al fuego con la presencia de opiniones y denuncias falsas, frívolas, agresivas y demagógicas. Es muy pesado tener que estar desmintiendo constantemente denuncias falsas y, además, tiene poca utilidad ya que la mala imagen ya está presente en la mente social y la defensa no hace más que incrementar el impacto negativo en la ciudadanía. Un buen profesional que posea valores públicos para ocupar un puesto político solo tiene un potente pero delicado patrimonio: su prestigio profesional y personal. La posibilidad casi inevitable de que si ocupas un puesto político este prestigio va a ser mancillado, la renuncia a ocupar un puesto político suele ser la norma salvo que el reclamado no posea este prestigio y, por tanto, no tenga nada que perder.
Este último elemento es definitivo para que buena parte de las personas que les proponen ocupar un puesto político se retiren como potenciales candidatos. Las bajas retribuciones y la endemoniada agenda y responsabilidad son obstáculos que se pueden salvar, pero la potencial pérdida de prestigio por la vía del escarnio mediático y social no. Hace unos años era un honor y un prestigio que a uno le ofrecieran un importante cargo político y la mayoría lo aceptaba con entusiasmo. Ahora es usual que antes que uno acepte ocupar uno de estos puestos hay unos cuantos que previamente han declinado. Con esta dinámica es muy difícil que un país tenga cargos políticos con un elevado nivel. Y no es un problema doméstico de España sino un fenómeno de carácter global.
