Mentir no debe salir gratis

La Ley Electoral, nuestra famosa y ya veterana LOREG, articula el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos del artículo 23.1 de la Constitución Española:

«Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».

Obsérvese que el precepto consagra tanto el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, libremente elegidos, como el derecho de los representantes que sean elegidos a ejercer esa representación. En consecuencia, podríamos decir que el derecho fundamental de los representantes deriva del derecho fundamental de los representados.

Viene mi reflexión de hoy a cuento de las promesas electorales, que son aquellas iniciativas que los candidatos en las diversas elecciones prometen llevar a cabo si los votantes les otorgan su confianza. Pero es sabido que tales compromisos no siempre se cumplen.

Enrique Tierno Galván llegó a decir, con fina ironía (según sus partidarios) o con claro cinismo (según sus detractores) que las promesas electorales están para no cumplirse. Y ciertamente en algunos casos parecería que la frase es tomada por un axioma por algunos electos, que se dedican a hacer exactamente lo contrario de lo que prometieron en campaña electoral.

Cierto es que la promesa electoral está sometida a diversas condiciones. En primer lugar, a que quien la hace no solo resulte elegido, sino que tenga suficiente capacidad de gobierno. Evidentemente un Alcalde que se vea obligado a pactar una coalición para llegar a serlo deberá renunciar a parte de su propuesta, en favor de la de sus coaligados. Ya no digamos del Alcalde que lo sea en minoría, que debe enfrentarse a una oposición mayoritaria con un único punto en común, el de oponerse a las iniciativas del Alcalde y su equipo.

Por otra parte, cuando en el mes de junio los nuevos equipos de gobierno se posesionan de sus cargos es bastante normal que se encuentren partidas presupuestarias que han agotado la cuantía prevista para todo el año. Ello sin contar las “diferencias” que puede arrojar la contabilidad antes y después de las elecciones, cuando empiezan a aflorar las famosas facturas en los cajones.

Pero no solo la herencia que se reciba condiciona la acción del nuevo gobernante, sino que también confluyen factores externos. No es lo mismo contar con un Ayuntamiento de idéntico color político que la Diputación y la Comunidad Autónoma, que enfrentarse a la situación opuesta. Ello sin contar con los problemas derivados de rivalidades internas dentro de una misma formación política, que hacen que las Administraciones teóricamente afines sean las más cicateras a la hora de colaborar en proyectos del municipio.

En ocasiones las mentiras son innecesarias, pues el clientelismo político hace comulgar con ruedas de molino, como demuestra que, en un acto partidista, cuando los periodistas preguntan a la gente sobre un escándalo vergonzante de representantes políticos de su partido, casi de forma unánime mencionen al partido contrario. De forma similar a los aficionados del club de fútbol Barcelona, que al ser preguntados sobre el revuelo montado por los pagos al que era número dos de los árbitros, lejos de indignarse o dar explicaciones acusan al Real Madrid, no se sabe muy bien de qué.

Ahora bien, una vez justificado que nos mientan y que en ocasiones no nos moleste, sino que estemos dispuestos a compartir el embuste, conviene poner algún límite. Por mucho que estemos dispuestos a colaborar con el engaño, nadie querría que le asegurasen que se trataba de una amanita caesarea (la reina de las setas comestibles), cuando le cocinan una amanita phaloides (la seta más mortífera para los humanos), pues ello excede con mucho de lo que puede considerarse una broma o una mentira piadosa. De igual modo, cuando un candidato hace firme promesa de adoptar ciertas medidas en asuntos que el elector considera primordiales, no es baladí que una vez elegido haga exactamente lo contrario.

Cabría pensar en pedir responsabilidad al político que una vez elegido muta significativamente su posición, pero no cabe olvidar que los representantes elegidos no están en ningún caso sometidos a mandato imperativo alguno.

Sin ánimo de buscar los tres pies al gato, pienso que tampoco sería sometimiento a un mandato imperativo que socave la soberanía de la representación el plasmar en una reforma de la norma electoral dos tipos diferentes de compromisos del candidato con el elector. De un lado se seguirían manteniendo las promesas hechas para no cumplirse, que podrían seguir adornando la retórica de los discursos y alentando a los seguidores, pero también se podría instituir un tipo de pacto firme entre electores y elegido, registrado voluntariamente por el candidato, de modo que en caso de incumplimiento injustificado de lo prometido se pudiera exigir jurisdiccionalmente la extinción del mandato del elegido.

Y una vez enunciado el primer borrador de la enmienda, renuncio a su defensa, por ser consciente que ninguna de las formaciones políticas con representación sustentaría su tramitación parlamentaria.

Pero en cualquier caso ha de quedar claro que los ciudadanos nunca nos merecemos ser engañados. Es cierto que en otros países o culturas el engaño o la mentira le puede asegurar al candidato perder las elecciones, e incluso si se descubre después de elegido le lleva a la destitución, mientras que nuestros paisanos en casos similares suelen mirar al lado de enfrente y señalar los defectos en la descripción de la verdad del adversario. Pero no es ello por el hecho de que al español le guste ser engañado. Más bien es por una cuestión de falta de compromiso moral con la verdad. Y ello es así por haberse inoculado a la sociedad esta cultura. Y ello es por el hecho de que se promete educación y cultura, pero lo que se nos viene dando desde hace décadas es pan y circo.