Modificar los “Modificados”

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Modificar los “Modificados”Gran revuelo existe en el mundo de la contratación pública española porque desde Bruselas se quiere introducir un cierto rigor en los “modificados de obra”.

No extraña que desde instancias neutrales se ponga la lupa sobre una práctica hispana que es perversa y nido de corruptelas sin fin. El problema no es nuevo y viene de la noche de los tiempos (por cierto este es el título de la última y magnífica novela de Antonio Muñoz Molina), yo al menos lo recuerdo desde mis primeras experiencias como Abogado en Asturias allá en los finales de los años setenta y, antes, mi compañero Jesús Leguina había dedicado un libro comprometido a este asunto. Que llega hasta la actualidad con casos ciertamente clamorosos como son el “superpuerto” de Gijón donde hay un “reformado” de más de doscientos millones de euros que la Comisión europea lógicamente ha rechazado. O “Punta langosteira”, otro gran puerto, el nuevo de La Coruña, que necesita casi cien millones más (es decir, un 27% más sobre el presupuesto de adjudicación). O “Palma Arena”, escándalo del que dan noticia a menudo los periódicos: la obra se adjudicó por 47 millones y se elevó al final a casi 80. No está mal la frivolidad. En fin, en el plan de autovías, otro ejemplo muy llamativo de bajas sobre licitación. Es claro que estas grandes obras públicas ofrecen cifras pavorosas pero las que son más pequeñas solo se diferencian en su cuantía porque el vicio anida por doquier en la contratación pública española.

En tales condiciones, ¿a quién le puede sorprender el interés de la Comisión europea en proyectar su ojo escrutador sobre asunto tan poco limpio?

En el ministerio de Fomento las bajas son las más llamativas. Una práctica que tiene efectos distorsionadores además sobre la política de competencia, que tanto cuida -como se sabe- la Unión europea, pues los empresarios extranjeros del sector no acuden a nuestro mercado al no entender estos enredos de la contratación española.

Lo que se trata de evitar -y resulta algo más que razonable- es que se destierren las bajas agresivas de manera que los proyectos licitados por las Administraciones sean más precisos, se hallen más afinados, tanto en términos de diseño como de costes finales. Es decir, se pretende sepultar un sistema que confía en el “reformado” o “modificado” para hacer rentables obras que nacen mal presupuestadas y con pérdidas.

Todo esto llevado a la ley de contratos implicaría la restricción de la posibilidad de ampliaciones del objeto del contrato, la exigencia de que no se alteren sus condiciones esenciales, es decir, que estuvieron en la base del negocio jurídico; en fin, el énfasis en la precisión del “cómo y cuándo” será pertinente la modificación, lo que obligará a tener en cuenta desde el inicio la forma en que puede quedar afectado en el valor estimado del contrato el importe de sus posibles variaciones.

Ya veremos qué queda de todo esto cuando se acomoden nuestras previsiones legales a las preocupaciones europeas y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que no desaprovecha ocasión para matizar y perfilas estas instituciones. Porque la inventiva española no conoce límites en estos achaques. 

Un buen ejemplo este que comento de cómo es desde Europa de donde nos vienen las correcciones a prácticas que nosotros, a fuerza de convivir con ellas, acabamos considerando tan naturales como el turrón de la navidad que asoma ya su coturno de luces de dispendio y regalos. 

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Francisco Sosa Wagner es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Fue Decano de la Facultad de Derecho de León (1996 - 2000). Es jurista de reconocido prestigio que ha publicado innumerables obras de referencia.

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